La gran estafa de la quita
Francisco Pomares
Ángel Víctor Torres presentó ayer como un éxito para Canarias lo que no es más que un fraude político: la quita de la deuda de Cataluña. Un acuerdo vendido como solución a la financiación cuando es -en realidad- el precio pagado para garantizar la investidura de Sánchez y la paz con Esquerra durante la legislatura. Nada hay de equidad en un acuerdo que no responde a criterios económicos ni a la necesidad de corregir desequilibrios, sino a la urgencia de apoyar la investidura de un candidato presidencial en minoría.
La medida es una estafa por partida doble. Primero, porque se plantea de forma exclusiva para hacer presentable al resto de las regiones el acuerdo con ERC, no para resolver los problemas estructurales de la financiación autonómica. Segundo, porque —como ya han advertido actores de todo tipo y pelaje— precede inevitablemente a otras futuras concesiones: de este perdón parcial de deuda –un 20 por ciento a Cataluña, menos al resto- pasaremos al concierto catalán, es decir, a un sistema a medida que perpetúe privilegios de una de las regiones más ricas del país, a costa del resto.
El resultado es perverso: el conjunto de los españoles no catalanes acabaremos pagando los manirrotos excesos financieros de Cataluña, convertidos en deuda pública general, mientras se ofrece a los catalanes un trato de excepción, que se consolidará en el concierto, segunda fase de esta tremebunda estafa: Cataluña cobrará y administrará sus propios impuestos, al margen de la caja común, mientras el resto de los españoles pagamos sus deudas viejas. No es la primera vez que se juega con la deuda pública para resolver un problema político. Pero sí es la primera en que se hace de manera tan descarada, tan explícita, tan vinculada a la supervivencia de un Gobierno. Lo que debería ser un debate técnico sobre financiación autonómica se ha convertido en un cambalache de favores, en un trueque vergonzoso que solo genera desconfianza y sensación de injusticia. Porque también es la primera en la que se quiebra de una forma tan evidente el principio de igualdad con prebendas, protecciones y blindajes para una región rica, a la que las regiones -y los ciudadanos- más pobres pagan la fiesta.
El argumento del Gobierno es que la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica debe aliviarse porque las comunidades no son culpables de la crisis de 2008 ni de la pandemia. Cierto. Pero también lo es que Cataluña fue la primera en disparar su déficit, la que más utilizó el FLA, y la que menos esfuerzo ha hecho en los últimos años por sanear sus cuentas.
El Gobierno habla de solidaridad, de normalizar la situación en Cataluña. Pero la verdadera solidaridad es la que no privilegia a nadie, la que garantiza un trato justo y equilibrado. Aquí no hay solidaridad: lo que hay en origen es un chantaje político aceptado sin disimulo. El Gobierno está muy lejos de normalizar la relación entre Cataluña y España. Lo único que se normaliza aquí es este tipo de acuerdos fraudulentos, con decisiones que presentan como inevitable lo que es un simple atropello. El Gobierno nos repite una y otra vez que España necesita estabilidad y que para lograrla hay que ceder. Y es esa lógica la que convierte al Estado en rehén de quienes quieren deshacerlo.
La negociación de esta quita no tiene nada que ver con la cohesión territorial, ni con el funcionamiento del Estado autonómico, ni con el futuro de la financiación. Tiene que ver con los votos de Esquerra en el Congreso. Este es el resultado de un pacto político para permitir que Sánchez pudiera ser presidente. No es el resultado de un acuerdo económico. Y como tal, es un fraude a la igualdad entre españoles.
La quita de la deuda catalana no resuelve nada. Solo agrava la fractura entre españoles. Y anticipa lo peor: cuando llegue el momento de discutir el concierto catalán, el terreno estará preparado. Lo que se abre es el camino a un modelo asimétrico y desequilibrado, contrario al espíritu constitucional y a la idea de un Estado común.
El precio lo pagaremos todos. Lo pagará cada ciudadano que con sus impuestos sostendrá privilegios ajenos. Lo pagará la credibilidad de las instituciones, especialmente del ministerio de Hacienda, garante de la unidad del Estado fiscal. Y lo pagará la democracia, cada vez más debilitada por un poder dispuesto a entregar lo que sea con tal de resistir.
Estamos ante una estafa política que el Gobierno pretende envolver en papel de celofán, en ese discurso ridículo sobre normalización en una región donde el presidente cede el espacio público de todos –ña delegación de la Generalitat en Bruselas- como lugar de encuentro y reconocimiento para el prófugo que dos días antes de las elecciones de 2023 se juraba llevar a prisión.
En esta quita no hay justicia ni responsabilidad: solo hay supervivencia política. Y esa es, precisamente, la mayor de las estafas. Que encima Canarias pueda recibir 1.700 millones menos de lo que le corresponde, no es tampoco asunto menor. Pero ya habrá tiempo de hablar de eso.
