La liquidación

Francisco Pomares

Lanzarote y La Graciosa amanecieron otra vez el martes con dieciocho pueblos sin una gota de agua en la red. Haría, San Bartolomé, Güime, El Islote, Tomaren, Las Nieves, Tao, Pedro Barba… y así hasta completar el mapa de la sed en casi toda la isla. Canal Gestión, la concesionaria del servicio, colgó en su web un parte casi rutinario: “cortes en seis de los siete municipios”. Para muchos vecinos eso ya ni es noticia: la “emergencia hídrica” que el Cabildo mantiene prorrogada desde hace meses se ha convertido en una forma de vida. En pleno Atlántico, la isla que inventó la desalación sufre sed.

Y, sin embargo, lo más comentado en cenáculos y despachos no es el agua que no llega, sino la batalla subterránea por el negocio que el agua supone. Detrás de los grifos secos se esconde una guerra contractual que acaba de girar de forma dramática. El Consorcio del Agua de Lanzarote ha elaborado un informe de liquidación que dinamita las aspiraciones de la empresa concesionaria: Canal de Isabel II, matriz madrileña de Canal Gestión, puede salir de Lanzarote sin cobrar un solo euro.

El documento, fechado el 27 de agosto, es demoledor: recuerda que el contrato de 2013 se resolvió por incumplimiento culpable de la concesionaria. Traducción: no solo se acaba la relación, sino que el Cabildo no tiene que devolver ni el canon fijo de 50 millones ni los cánones variables. Solo se reconocerán, tras descontar amortizaciones y beneficios industriales, las inversiones mínimas obligatorias —15,7 millones— y nada de las “mejoras” voluntarias que la empresa prometió por valor de 38,7 millones y nunca acabó de ejecutar. La garantía de ocho millones queda automáticamente incautada y la compañía deberá indemnizar los daños que el Consorcio demuestre para reducir las pérdidas de red. En lenguaje menos técnico: Canal Lanzarote no tiene derecho a “un duro”. De hecho, podría acabar pagando.

El golpe llega en el peor momento para la empresa. Canal de Isabel II es una sociedad pública de la Comunidad de Madrid que hace años decidió “expandirse” en Canarias con la vista puesta en los beneficios de la desalación. Pero su aventura conejera ha sido un agujero negro: pérdidas millonarias (de agua y de dinero), conflictos laborales, cortes, permanente desabastecimiento y una imagen pública en la isla en caída libre. Desde hace tiempo es conocido que la compañía quiere marcharse. Ha tanteado a grupos locales y operadores nacionales para vender su filial, pero siempre jugando a mantener la gestión hasta arrancar una buena compensación del Cabildo, que permita paliar sus pérdidas multimillonarias de estos años.

Ahora ese margen de negociación se esfuma. Con este informe en las manos, el Cabildo no solo se blinda jurídicamente; cambia el equilibrio de fuerzas. Ya no hay prisa por pactar. Si la empresa decide quedarse, lo hará con la espada de Damocles de tener que afrontar una indemnización a la isla por los daños causados. Si se va, la administración insular puede licitar de nuevo el servicio, o municipalizarlo, sin pagar indemnización alguna. La posición de fuerza de Canal Gestión en la negociación con el Cabildo se desinfla como una tubería mal sellada.

Mientras los abogados discuten, los vecinos siguen llenando bidones y comprando garrafas. La emergencia hídrica no es una abstracción: cerca del 60 por ciento del agua potable de Lanzarote –un agua en cuya producción se emplea electricidad generada con combustibles contaminantes y que cuesta una fortuna-, se pierde en la red. Y eso según datos de la propia empresa. Las fugas, la falta de inversión real y la desidia de años explican por qué los grifos han dejado de gotear en Haría o Yaiza. El contrato de 2013, que debía modernizar el sistema y reducir las pérdidas al 30 por ciento, es hoy un catálogo de incumplimientos. Doce años después, la isla paga el precio de todas esas negligencias.

Lo que sucede en Lanzarote es una lección para quienes piensan que la gestión del agua es solo un asunto técnico. Aquí se mezclan política, derecho administrativo, economía y, sobre todo, la cotidiana desatención a miles de personas. Canal de Isabel II llegó con promesas de eficiencia y capital público detrás. Hoy, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid recortando gastos y sin ganas de aventuras atlánticas, su apuesta canaria parece un capricho muy caro. Ya no se habla de expandir el negocio, sino de parar las pérdidas.

Para Lanzarote, la noticia importante no es esta vez la sed de 18 pueblos sin agua, sino que el Cabildo puede hacer lo que parecía imposible: recuperar el servicio sin pagar un rescate. Si el informe del Consorcio se traduce en decisiones firmes, Lanzarote podría librarse por fin de una concesión fallida y sentar un precedente en la gestión pública del agua en Canarias. Pero la victoria jurídica tardará en llenar los depósitos vacíos de Haría y calmar la sed de La Graciosa. La batalla legal ha sido sin duda necesaria. Ahora toca conseguir que el agua vuelva a llegar regularmente a las casas. Eso es aún más urgente y necesario.