La luz es barata, el intervencionismo carísimo
Antonio Salazar
Anda el país revuelto, con justicia, por el asunto de los altos precios que la energía ha alcanzado en estos últimos meses sin que las medidas que se establecen parezcan ser de utilidad. Con ese escenario, opera con eficacia el mejor amigo del hombre que, contrariamente a lo que pensamos, no es el perro, es el chivo expiatorio como señala con acierto Carlos Rodríguez Braun. Para muchos, solo la voracidad y la avaricia empresarial justifica los altos precios, un discurso sencillo que cala entre una opinión pública que no se caracteriza precisamente por su apego a las empresas y entre algunos partidos políticos que hacen de lo público un objetivo deseable.
Sucede, con todo, que en el energético no hay un mercado que merezca tal consideración y sí un grupo de corporaciones en cuyos consejos de administración se sientan políticos y otros burócratas a los que se premia sus buenas conexiones con el poder. Las famosas puertas giratorias son una constante, particularmente en este campo. Añadamos que suelen ser empresas bien conectadas, con capacidad para pagar los mejores despachos de abogados del país y cuyos directivos asisten, en apariencia embobados, a todos los saraos que prepara el gobernante, hoy Pedro Sánchez pero ayer quién tocase, para repartirse fondos o explicar planes estratégicos.
Si pensamos en lo mucho que nos aporta la electricidad que pagamos en nuestros hogares y lo que nos facilita la vida, no puede decirse que sea un bien caro. Desde aire acondicionados a calefacciones, lavadoras, secadoras, placas, calentadores de agua, cargadores de móviles, posibilidad de utilizar aparatos diversos para el trabajo, confort u ocio, todo es fruto de una energía fiable, sin cortes, fluida y disponible 24 horas. Es cierto que conforme más dependemos de ella, más serán los sectores que entiendan que debe tener la condición de servicio público esencial y, por tanto, motivo para la injerencia permanente de políticos de toda jaez. Pero si algo explica lo que ha ocurrido es, precisamente, el grado de intervención política que sufrimos en el sector con la consiguiente traslación a los precios que pagamos. E, insistamos una vez más, es un bien cuyo precio apenas supone el 35% sobre el total a abonar con cada recibo. Todo lo demás son costes añadidos por razones que solo ellos, es decir, empresas y políticos, entienden e, incluso, son capaces de explicar sin sonrojo. Son los políticos los que han decidido apostar por energías renovables, impedir el desarrollo nuclear, premiar los costes de transición a la competencia, pagar déficits del pasado, primar el carbón o castigar el CO2 que emitimos al generar la energía. Todo ello va al recibo, incluso y aunque nos parezca justificado, deberemos convenir que la luz es barata, la convierte en un bien impagable es la política.
