La política a tiros
Francisco Pomares
El tercer intento de asesinato contra Donald Trump ya no provoca el mismo estupor de los dos primeros. Lo que provoca es una abochornante sensación de normalidad: un hombre armado irrumpe en el control de un acto público, se produce un tiroteo, y en cuestión de minutos el asunto se convierte en otra noticia más a olvidar pasado mañana.
Estados Unidos ha cruzado una línea peligrosa: la violencia política ya no es una anomalía, forma parte del contexto. No se trata de un hecho aislado, ni de la acción de perturbados. Se trata de algo que se repite, que se acumula, que va construyendo una secuencia perversa en la que la política se ejerce bajo la sombra constante de la amenaza. El salto cualitativo se produjo hace poco: el año pasado marcó sin duda un punto de inflexión. Lo de Charlie Kirk en septiembre del 2025 no fue una amenaza, ni un intento frustrado, fue un asesinato consumado en un campus universitario y a plena luz del día. Un activista político, evangelista, ultraconservador y defensor declarado del trumpismo, fue abatido a tiros mientras participaba en un acto público. No fue el único: ese mismo año, una congresista demócrata cayó también víctima de la violencia en un acto político, confirmando que la violencia no distingue a sus víctimas entre derechas o izquierdas.
Cuatro años antes, el asalto al Capitolio no fue solo una algarada ni una explosión puntual de ira. Fue la demostración de que una parte del país estaba dispuesta a sustituir las urnas por la fuerza cuando el resultado no le convenía. Auspiciado por Trump, que ganaría ampliamente las siguientes elecciones, el asalto supone el momento en que la violencia dejó de ser un hecho marginal, contestado por la mayoría política y ciudadana, para asomarse al centro mismo del sistema. Trump ha indultado a los que se sublevaron, incluso a los que mataron a un policía. Desde entonces, todo parece ir en la misma dirección. Amenazas a miembros de la Administración, intentos de secuestro, agresiones a familiares de líderes políticos, ataques armados en actos públicos. Es una escalada que ya no sorprende porque se ha vuelto previsible.
La cuestión no es ya que Estados Unidos sea un país violento y armado hasta los dientes. Siempre lo ha sido. Su historia está atravesada por conflictos, por la posesión y uso aceptado de las armas de fuego, por episodios traumáticos que forman parte de su propia construcción nacional. Lo nuevo no es la violencia política, Estados Unidos ha matado a cuatro de sus presidentes: Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy, y a importantes líderes nacionales como Robert Kennedy, Martin Luther King o Malcom X. Por no hablar de las decenas de capos gansteriles ejecutados en las guerras mafiosas. Sólo el siglo pasado se intentó sin éxito asesinar a otros cinco presidentes, en una secuencia de violencia que marcó a varias generaciones. Y lo que inquieta hoy es la sensación de que algo parecido podría estar regresando, incorporándose al lenguaje político cotidiano.
Un país tan armado como EEUU, donde la posesión de armas se protege como un derecho sagrado, no necesita demasiado para convertir la tensión política en episodios violentos. Basta con añadir un discurso cada vez más agresivo, una polarización extrema y la deslegitimación sistemática del adversario, hasta lograr que el resultado sea el que estamos viendo: una democracia en la que el rival político deja de ser un competidor para convertirse en un enemigo. Y cuando el adversario es enemigo, la violencia deja de ser inaceptable. Se convierte en una opción, no necesariamente legítima, pero sí comprensible para quienes han dejado de creer en las reglas del juego.
Ese es hoy el verdadero problema en Estados Unidos. No que alguien dispare contra otro. Sino que cada vez resulte más generalizado el que eso no produzca rechazo y sorpresa.
La violencia política no surge de la nada. No aparece de forma espontánea. Se construye poco a poco, a través del lenguaje, de la confrontación permanente, de la idea de que el contrario no solo está equivocado, sino que es ilegítimo. Y cuando esa idea se instala, el paso siguiente -el de la acción- deja de ser un salto al vacío para convertirse en una consecuencia lógica. Lo nuevo es que, frente a cada nuevo episodio de violencia, la reacción no es de unidad nacional, sino de división. No hay duelo compartido, sino disputa sobre el relato. No hay condena unánime, sino cruce de acusaciones. Cada atentado se convierte en un argumento. Cada víctima, en una pieza menos a la que odiar.
Estados Unidos inventó la democracia contemporánea. Supo construir un sistema basado en equilibrios, en contrapesos, en la aceptación de reglas comunes incluso en medio del desacuerdo. Hoy, ese sistema sigue existiendo, pero cada vez parece más erosionado por una dinámica que lo tensiona hasta el límite. No se trata de una ruptura súbita, sino de un desgaste continuo. Una deriva lenta hacia un escenario en el que la violencia deja de ser la excepción para convertirse en una posibilidad permanente, fruto de la polarización, la deslegitimación del sistema y el desprecio social a quienes buscan entenderse.
¿Podría ocurrirnos aquí? Desde luego que sí. Por suerte, aquí no tenemos armas.
