La política del decreto

Francisco Pomares

Presentada estos días como un éxito de la negociación entre Canarias y el Gobierno central, la noticia es que Canarias votará la financiación autonómica a cambio de que el Consejo de Ministros desbloquee recursos para el plan de empleo, la lucha contra la pobreza y el sector agrario. El presidente Clavijo puede exhibir ese acuerdo como un cumplimiento parcial de Agenda Canaria, base del acuerdo que permitió la investidura de Sánchez. Pero conviene no perder de vista la fotografía completa. Porque en lo que habría que pensar no es en que el Estado haya aprobado esas partidas, sino que haya necesitado casi dos años para hacerlo y además deba recurrir a decretos puntuales para liberar unos fondos que deberían ser parte de los Presupuestos Generales del Estado.

La anomalía es asumir que un país puede funcionar indefinidamente mediante prórrogas presupuestarias, decretos de urgencia y acuerdos aislados negociados caso por caso. La política deja entonces de ser planificación para convertirse en administración de la excepción. Y eso tiene consecuencias muy concretas para territorios como Canarias.

Clavijo recordaba estos días que aún quedan pendientes compromisos relevantes: la financiación adicional del Posei, el descuento del 60 por ciento en el IRPF para los residentes de La Palma, nuevas transferencias para la reconstrucción de la isla y otras medidas comprometidas con el Archipiélago. En conjunto, el Estado ha prometido desbloquear cerca de 400 millones de euros antes de final de año.

Teniendo en cuenta como reparte fondos el Gobierno Sánchez cuando tiene que hacerlo, la cifra no impresiona. Pero la experiencia de estos años invita a la prudencia. Si la aprobación de un primer paquete relativamente modesto ha necesitado tres años de negociaciones, retrasos y sucesivos decretos, resulta difícil imaginar que el resto pueda ejecutarse con normalidad antes de que acabe este ejercicio, como nos dice Clavijo es la intención del Gobierno central. Los anuncios son rápidos. La maquinaria administrativa no tanto. Y cuando no existen presupuestos, cada acuerdo exige un procedimiento específico, nuevas autorizaciones y nuevos tiempos políticos. No es una opinión, es lo que está ocurriendo.

El propio Clavijo lo resumía con bastante claridad al advertir de los “quebrantos importantes” que provoca a Canarias la ausencia de Presupuestos. Las entregas a cuenta llegan tarde, las inversiones dependen de decretos y los compromisos requieren negociación permanente.

Lo excepcional se ha convertido en sistema, y esa situación nos parece normal. Llevamos tanto tiempo instalados en la política de la improvisación que nadie se sorprende ya de que el Gobierno gobierne sin presupuestos durante años o de que comunidades autónomas enteras dependan de decretos para recibir recursos que deberían estar garantizados desde el primer día del ejercicio.

El Gobierno de Canarias, fruto de un pacto entre Coalición y el PP, necesita mantener una relación razonablemente fluida con el Ejecutivo socialista para sacar la Agenda Canaria. Es una posición comprensible desde la defensa de los intereses del Archipiélago, que obliga a veces a realizar piruetas menos comprensibles.

Una bien llamativa llegará con el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, del PP, no asistirá a la reunión. Durante esos días estará oficialmente de permiso -¿Habrá pedido unos días por Asuntos Propios?- y será sustituida por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, de Coalición

El Partido Popular mantiene una oposición frontal a la financiación autonómica que plantea el Gobierno de Sánchez. Coalición necesita seguir negociando con ese mismo Gobierno para intentar cobrar una Agenda Canaria que todavía está lejos de completarse. Y la solución encontrada consiste, aparentemente, en evitar que la responsable popular de Hacienda tenga que verse obligada a votar una propuesta indeseable para el PP. La política española es hoy un sofisticado ejercicio de equilibrios, y relatos contrapuestos, en la que no ocurre casi nada de lo que debería ocurrir: ni el Gobierno logra gobernar, ni el presidente asume que desatascar esta situación implicaría reconocer que montó un gobierno sin apoyos solidos y debería irse y dejar paso a unas elecciones.

Mientras tanto, Canarias sigue esperando. Esperando los fondos prometidos y el Posei pendiente. Esperando las ayudas para La Palma y que Europa incorpore medidas específicas para la pesca. Esperando, en definitiva, que los compromisos firmados dejen de depender de la buena voluntad del siguiente Consejo de Ministros. Porque gobernar mediante decretos quizá permita salir del paso. Lo que no permite es ofrecer seguridad, y Canarias –un archipiélago en la periferia lejana- necesita precisamente eso: certidumbres. No anuncios, ni titulares, ni fotografías después de cada Consejo de Ministros.

Necesita presupuestos. Y un Estado que funcione como tal, no como una orquesta de pueblo, obligada a improvisar cada pocas semanas la música que toca, porque quien dirige la orquesta no dispone de partitura.