La rentabilidad de sobreactuar
Antonio Salazar
Hay un fenómeno que pasa casi siempre desapercibido, quizá porque ya lo hemos normalizado: la creciente obsesión de las administraciones por decretar alertas, prealertas y emergencias ante cualquier anuncio de tormenta. Lo que nació como un mecanismo sensato de gestión del riesgo se ha transformado en un ritual burocrático que paraliza la vida económica y social, sin que siempre resulte acreditada su necesidad: cierre de colegios aunque apenas haya viento, suspensión preventiva de actividades, oficinas públicas que bajan la persiana y una cascada de titulares alarmistas ante fenómenos que AEMET suele describir como “precipitaciones moderadas”. El resultado es una parálisis antes incluso de mirar por la ventana. El daño que causa a la planificación familiar y social nunca es siquiera considerado.
Lo preocupante es que esta tendencia solo puede intensificarse. Tras la DANA de Valencia y el vodevil protagonizado por Carlos Mazón y sus secuaces, el principio de precaución se ha convertido en un incentivo perverso: ningún político quiere arriesgarse a que, si la lluvia arrecia, alguien le acuse de no haber decretado la parálisis total. En la lógica actual, es siempre más rentable sobreactuar que gobernar con criterio. Si luego la tormenta no llega, se celebra la “prudencia”; si llega, se presume de “previsión”. Ya se sabe: el gobierno, como la banca, siempre gana.
Ser crítico con lo que se hace no significa que nuestra impagable, sobre todo
impagable, clase política no tenga función alguna. Lo que les es exigible a los responsables públicos es que, lejos de esconderse detrás de las alarmas, ejecuten el trabajo estructural que reduce los riesgos. Escuchar y dejar actuar a los técnicos, de forma que los criterios meteorológicos, hidráulicos y de protección civil vayan por delante de esa permanente y bobalicona idea de quedar bien ante los medios. Deben tener las infraestructuras niqueladas, de forma que no se conviertan en trampas mortales: limpiar los barrancos y cauces, y revisar las canalizaciones y los sistemas de drenaje. Esto se hace aunque no dé votos: son nuestras vidas las que están en juego.
Tenemos el conocimiento y los medios económicos —presupuestos en permanente expansión que no se ejecutan en su totalidad— para disponer de infraestructuras hídricas y de laminación que permitan absorber picos de lluvia sin colapsar las ciudades, más si de verdad lo que viene es un cambio en el clima que hará más frecuentes este tipo de tormentas. Hay que tener actualizados los mapas de riesgo y mejorar los protocolos, porque no puede ser que la primera idea sea siempre un cierre general. Informar sin generar alarma, confiando en que la ciudadanía sabrá tomar decisiones razonables. La verdadera tormenta no está en el cielo, sino en esta cultura política que prefiere apagar “por si acaso” antes que asumir la responsabilidad de gobernarlo de verdad.
