La sala de espera
Francisco Pomares
El éxito de la gran regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno no depende únicamente de que sea justa o injusta, sino de que estén bien planteada desde el punto de vista legal y de gestión. España necesita incorporar a cientos de miles de trabajadores a su economía, por razones humanitarias y también de interés demográfico, y además, esa es la salida razonable para el millón largo que lleva demasiado tiempo viviendo en la clandestinidad administrativa. Es cierto que habrá quien piense diferente, y que este es uno de esos asuntos en los que cabe perfectamente el debate. Lo que es difícil de justificar es que un proceso de esta magnitud, que afecta a más del dos por ciento de las personas que viven en España, pueda depender de una decisión judicial.
Ese riesgo es hoy más real que ayer: la Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que no plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión y que no suspenda cautelarmente el procedimiento. Lo pide después de que el Supremo haya manifestado serias dudas sobre la adecuación de la regularización al Derecho comunitario, abriendo un trámite de alegaciones que, sin prejuzgar la decisión final, demuestra que el asunto sigue sin resolver. Esto no es otra controversia jurídica, no hablamos de un expediente administrativo ni de un conflicto competencial. Hablamos del millón largo de personas que han depositado en este procedimiento la esperanza de abandonar definitivamente la ilegalidad en la que viven. Es esa dimensión humana, la que hace incomprensible la ligereza con la que el Gobierno ha abordado esta regularización, como si fuera otro cualquiera de sus relatos. Cuando una decisión afecta a tal número de personas, el Ejecutivo debe blindarla jurídicamente antes de anunciarla, y construir el mayor consenso posible y dialogar con las instituciones europeas. Anticiparse a los conflictos, reducir al mínimo la incertidumbre. Eso es exactamente lo contrario de lo que el Gobierno ha hecho.
El número de solicitudes –más del doble de las anunciadas- revela hasta qué punto se calculó mal. No se previó que la cifra de beneficiarios supera ampliamente el millón. Una suspensión cautelar de la medida dejará congeladas las expectativas de cientos de miles de familias que ya han comenzado a reorganizar su vida confiando en una resolución favorable. Son personas que trabajan o buscan empleo, que alquilan una vivienda, que escolarizan a sus hijos, que intentan dejar atrás una existencia marcada por la provisionalidad. No se trata de estadísticas, sino de vidas. Y el Gobierno sigue actuando como si bastara con aprobar el decreto. Pero gobernar no es anunciar medidas, consiste, sobre todo, en asegurarse de que esas medidas sobrevivan al Parlamento, resistan el examen de los tribunales y, cuando corresponda, sean compatibles con el Derecho europeo. No trasladar la incertidumbre a quienes menos capacidad tienen para afrontarla.
A los errores detectados por el Supremo se suma un contexto político europeo muy poco favorable. España llega a esta discusión tras una larga sucesión de desencuentros con Bruselas. El distanciamiento respecto al nuevo Pacto de Migración y Asilo, las tensiones abiertas en el ámbito de la política de Seguridad comunitaria, y una estrategia exterior cada vez más orientada a marcar perfil propio, a “ir por libre” en asuntos delicados como el de China, han reducido al mínimo el margen del Ejecutivo para buscar complicidades. Eso no significa que el Tribunal europeo de Justicia resuelva este estropicio atendiendo a simpatías o antipatías políticas. Pero en la Unión también existe el capital político. Los gobiernos que cultivan alianzas suelen encontrar más ayuda cuando necesitan defender posiciones complejas. Quienes convierten las negociaciones en pulsos descubren que la confianza se gasta. Y muy rápido.
Sánchez usa los hechos consumados, es su forma de gobernar. Anuncia primero, negocia después y, cuando aparecen los problemas, confía en que el tiempo o la necesidad impongan los acuerdos que previamente no quiso construir. Ese método le sirve para sobrevivir en política doméstica, pero resulta ineficaz cuando entra en juego el entramado institucional del continente, donde los procedimientos importan tanto como los objetivos.
Es muy probable que España necesite integrar legalmente a una parte importante de la inmigración, que ya sostiene sectores enteros de su economía. Pero ese no es hoy el debate: la cuestión es si se puede gestionar un proceso como este, improvisando sobre la marcha y aceptando que sea un tribunal quien de termine su viabilidad. Si el procedimiento queda paralizado –y ojalá no ocurra-, quienes pagarán las consecuencias no serán los ministros que redactaron el decreto y lo defendieron en ruedas de prensa. Serán esas familias que creyeron que el Estado les ofrecía por fin una puerta de entrada a la legalidad y ahora ven que, en realidad, lo que hay delante es solo otra sala de espera.
