La sentencia
Por Francisco Pomares
Publicado en El Día
El Supremo hará pública hoy la sentencia del procés, en la que se dictará justicia sobre la docena de políticos y líderes sociales que, hace justo dos años, promovieron la declaración unilateral de independencia de Cataluña. La sentencia, de la que ya se conocen por filtraciones a los medios algunos extremos, es el primer pronunciamiento jurídico sobre los acontecimientos que -desde hace alrededor de ocho años- han provocado la ruptura de la sociedad civil de Cataluña y la mayor crisis política e institucional vivida en España desde la aprobación de la Constitución del 78. Con ella concluirá en primera instancia uno de los juicios más complejos afrontados por el sistema judicial español. Es por ello que se da tanta importancia al hecho -ya filtrado en la prensa- de que los siete magistrados que suscriben el texto, lo hacen por unanimidad y sin presentación de votos particulares, suscribiendo además una parte importante de las consideraciones de la Abogacía del Estado, partidaria de considerar que el delito cometido por los encausados es el de sedición y no el de rebelión, como solicitaba la Fiscalía.
La rebelión se interpreta como un levantamiento público y violento contra el Estado, para destruirlo o destruir parte de sus estructuras. Es cierto que el Supremo asume que se produjeron como mínimo dos jornadas con clara presencia de la violencia durante los días críticos del procés: el 20 de septiembre, cuando se produjo la concentración ante la Consejería de Economía, y la jornada clave del 1 de octubre, plagada de altercados y broncas dentro y fuera de los colegios electorales. Pero el Supremo cree que para que se produzca la tipificación de rebelión, la violencia ha de formar parte del plan independentista, y considera con la Abogacía del Estado que los acusados no planificaron los actos violentos que se produjeron. Sí estima el Supremo perfectamente probado que nueve de los doce procesados cometieron un delito de sedición, por haberse levantado "publica y tumultuariamente" para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes. El Supremo considera que aún a pesar de no haber participado los políticos procesados directamente en los tumultos, los promovieron, al promover las concentraciones que produjeron esos disturbios , a sabiendas de que podían causar daños e incidentes. Además, seis exconsejeros, entre ellos el vicepresidente Junqueras, también van a ser condenados por malversación de caudales públicos, al acreditarse que usaron recursos de sus departamentos para convocar y celebrar el referéndum. Sobre los consejeros Vila, Mundó y Borras, en libertad provisional, no recaerán penas de prisión, sino de inhabilitación, y el resto, probablemente se situarán en condenas entre los ocho y los doce años, en función de su grado de participación en los hechos. Puigdemónt y los otros seis fugados no han sido juzgados por el Supremo, pero tras la sentencia se reactivará la euroorden de detención.
La sentencia provocará probablemente nuevos desordenes y protestas en Cataluña, y también recursos ante el Constitucional y la Justicia Europea. Y podría tener una influencia importante -quien sabe si decisiva- en las elecciones del 10 de noviembre.
