La soledad de Margarita Robles
Francisco Pomares
Marruecos no se limitó a permitir que decenas de miles de personas se lanzaran contra la frontera española. Ahora quiere sentar en el banquillo a quienes tuvieron que contener la avalancha que Rabat no detuvo. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, un organismo oficial cuyo presidente es designado por el rey, acusa a las fuerzas de seguridad españolas de maltrato y agresiones a los que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Y el Gobierno de España enmudece.
El informe se apoya en testimonios de personas devueltas, habla de agresiones cometidas “fuera del alcance de las cámaras”, extiende una sospecha general sobre policías y guardias civiles que afrontaron una situación violenta y caótica, y atribuye a las autoridades de la Ceuta ‘ocupada’ negar agua y alimentos a los que entraron.
Las denuncias deben investigarse: España es un Estado de derecho y sus fuerzas de seguridad está sometida al control de los jueces, del Parlamento, de los órganos internos de supervisión y, en última instancia, de los tribunales europeos. No recibimos lecciones de un régimen que no ha explicado porqué se concentraron decenas de miles de personas en los alrededores de Ceuta sin que la Gendarmeria lo advirtiera. Investigar no significa aceptar como ciertas acusaciones sin pruebas. Una contusión no identifica al causante, ni aclara cuándo o cómo se produjo. Durante aquellas horas hubo carreras, caídas, pedradas, peleas, cruces a nado, aplastamientos y enfrentamientos a ambos lados de la frontera. El informe marroquí admite que ése fue el escenario, pero sus conclusiones apuntan contra España, en una operación ya ensayada en 2022, cuando el mismo organismo endosó a la Policía española la responsabilidad por las muertes ocurridas durante el asalto a la valla de Melilla.
No hay que sorprenderse porque Marruecos acuse a España. Lleva años utilizando la inmigración, la reivindicación de Ceuta y Melilla y la presión diplomática para afianzar su política exterior. Lo escandaloso es que el Gobierno español deje solos a sus policías y guardias civiles frente a las acusaciones. Ni el presidente, ni el ministro del Interior, ni el de Exteriores han exigido pruebas, rechazado las imputaciones genéricas o recordado que fue nuestra policía quien auxilió a miles de personas mientras trataba de impedir el colapso de la ciudad. El silencio no es prudencia. Es demostración de debilidad. Y ante acusaciones formuladas por un organismo extranjero contra agentes españoles, es complicidad.
Solo Margarita Robles ha hablado claramente desde el primer día. La ministra de Defensa exigió a Marruecos que investigara “hasta el final” lo ocurrido y fue la primera en recordar lo más importante que se ha escuchado en relación a esta crisis: que no se puede manipular a miles de menores y empujarlos a la muerte. También señaló que quien organizó, indujo o toleró la avalancha, tendrá que asumir su responsabilidad. Esta semana, en Ceuta, mientras los demás miembros del Gobierno callan o juegan al despiste, inventándole escándalos a Felipe VI, fue la única del Gobierno que dijo lo que había que decir: que “Ceuta y Melilla no se tocan”, que una agresión contra ellas “es una agresión contra España”. La concentración de decenas de miles de personas ante una frontera, seguida de una inhibición inexplicable de las fuerzas marroquíes, no puede despacharse como un movimiento espontáneo provocado por las redes. Y menos aún si un ministro marroquí reclama la soberanía sobre Ceuta y Melilla y amenaza con no aceptar las devoluciones.
La pregunta es inevitable: ¿ha decidido el Gobierno dejar sola a Margarita Robles? ¿Son sus palabras la posición de España o apenas la opinión particular de una ministra? Porque mientras Defensa habla de una agresión contra la integridad territorial, Interior resta importancia a las reclamaciones marroquíes, Exteriores protege cuidadosamente la ficción del ‘socio fiable’ y el presidente evita cualquier reproche a Mohamed VI.
En Canarias deberíamos estar atentos: Ceuta y Melilla son la primera línea frente a un Marruecos que combina reivindicaciones territoriales, inmigración, relaciones económicas y hechos consumados. Mientras Rabat se ocupa de las dos ciudades españolas del norte de África, Canarias permanece en segunda línea. Si España se deja intimidar en Ceuta o Melilla, la presión saltará el Atlántico.
Defender Ceuta y Melilla es también defender Canarias. La ministra Robles lo tiene claro. Falta saber si habla por el Gobierno o Sánchez ha decidido abandonarla en la trinchera. Lo acabaremos sabiendo. Y pronto.
