La sospecha
Francisco Pomares
Me cuesta creer en la sinceridad de la polémica provocada por las instrucciones de la Consejería de Educación sobre el uso de instalaciones escolares por personas y colectivos ajenos a los centros. Y no es tanto por lo que dicen las instrucciones, sino por lo que algunos quieren leer en ellas.
Una treintena de colectivos y cerca de un millar de personas han denunciado que la medida abre la puerta a la censura ideológica, que es a una especie de pin parental encubierto, que conduce a la prohibición de actividades relacionadas con la igualdad, la diversidad o los derechos humanos. Se trata de una acusación más peregrina que grave, ysobre la que merecería la pena detenerse un momento y formular una pregunta bastante sencilla: ¿se habría producido la misma reacción si exactamente el mismo texto hubiera sido aprobado por el anterior Gobierno regional? Estoy convencido de que no.
Las instrucciones establecen que los centros no deberían autorizar actividades promovidas por personas y organizaciones caracterizadas por una opción ideológica que no sea neutral y que no respete los derechos fundamentales y las libertades públicas. Puede discutirse si la redacción es mejorable, pero lo que resulta difícil desde la lógica y el sentido común es concluir automáticamente que su finalidad consiste precisamente en hacer lo contrario de lo que dice defender, que lo que se pretende es censurar actividades feministas, debates sobre diversidad sexual o derechos humanos. Porque la interpretación razonable resulta más sencilla, y estás en el texto: se intenta evitar que los colegios públicos se conviertan en espacios de proselitismo político o partidario. Algo que debería resultar razonable a cualquier demócrata, independientemente de su posición ideológica.
La decisión sobre el uso de las instalaciones sigue correspondiendo a los centros. No se ha establecido ninguna lista negra, ni se ha presentado un catálogo de prohibiciones. No se ha señalado ninguna organización, ni impuesto vetos previos. Aúnasí, la reacción de los detractores ha consistido en dar por hecho que la verdadera intención de la norma es perseguir las ideas que no comparte, y –de paso– que las autoridades escolares van permitir que eso suceda.
En fin… Vivimos en una época en la que la sospecha ha sustituido al más mínimo análisis. Ya no discutimos lo que una norma dice, sino lo que imaginamos que podría querer decir, aunque no lo diga. No juzgamos las medidas por su contenido, sino por las intenciones que suponemos a quien las propone. El criterio para enfrentarse a algo ha dejado de ser la razón, para convertirse en la identidad del autor.
Si esta medida destinada a impedir un uso partidista de los espacios educativos hubiera sido aprobada por un gobierno de izquierdas, muchos de quienes hoy denuncian censura,habrían interpretado que se persigue lalegítima protección de las aulas frente a organizaciones ultraconservadoras, grupos extremistas o campañas ideológicas de vitoquiles ajenos al ámbito educativo. Habrían supuesto buena fe, y concedido el beneficio de la duda.
Pero cuando quien gobierna pertenece alotro bando, entonces desaparece automáticamente cualquier presunción de buena intención y todo pasa se interpreta como conspiración y amenaza a la libertad, un primer paso hacia formas más o menos encubiertas de autoritarismo.
Se trata de una lógica extraordinariamente peligrosa, que nos lleva a un escenario en elque resulta imposible cualquier acuerdo básico sobre reglas comunes. Si partimos de la idea de que quien piensa diferente sólo busca imponerse, censurar o perseguir, el diálogo se vuelve completamente inútil. Todo queda reducido a una confrontación permanente entre buenos y malos, entre los nuestros y los otros.Se trata de una dinámica denunciada recientemente por los nuestros (y por los otros), cuando todos nos referimos a la imparable polarización de la vida pública española. Y es necesario insistir en el problema, porque es un problema real, lo que ocurre es que la polarización no consiste únicamente en los insultos y el tono bronco. Consiste también en atribuir intenciones perversas, dañinas o criminales, a cualquier formulación realizada por quienes no comparten nuestras ideas.
La educación es un lugar para enseñar y aprender, no para adoctrinar. Precisamente por eso parece correcto que exista cautela respecto del uso de sus instalaciones para promover actividades ajenas. Esa cautela debe aplicarse frente a todos, no sólo a quienes piensan distinto. No me preocupa el futuro de una instrucción administrativa, me alarma que gran parte de nuestra sociedad haya perdido la capacidad de distinguir entre una norma que puede ser cuestionable, y una amenaza existencial. Que hayamos llegado al punto de considerar sospechosa cualquier propuesta, por no partir de nuestra propia tribu.
