La tentación de vigilarse a uno mismo

Francisco Pomares

Parece que nos ha entrado una prisa repentina. Una fiebre competencial, una especie de impulso adolescente que consiste en quererlo todo: la competencia, la gestión, el control… y, si es posible, también la inspección de lo gestionado. Eso es lo que ha ocurrido con la reciente iniciativa del Parlamento de Canarias para reclamar que el Gobierno regional asuma la gestión y el control de los incentivos fiscales del REF, desplazando a la Agencia Tributaria estatal en la inspección de figuras tan delicadas como las exenciones de la RIC, la Zona Especial Canaria o la deducción por inversiones. Se trata de una de las siete propuestas planteadas en su día por el Comisionado del REF, José Ramón Barrera, para hacer más competitivo el fuero canario.

Y dicho así, puede sonar razonable. Si el REF es nuestro fuero, si es la herramienta diferencial que compensa nuestra lejanía y fragmentación, ¿por qué no gestionar íntegramente sus instrumentos fiscales desde aquí? ¿No sería un paso más en la consolidación del autogobierno? La pregunta parece lógica. La respuesta quizá resulte un poco más compleja.

La reacción de los inspectores de Hacienda del Estado ha sido inmediata y contundente: se oponen frontalmente al traspaso. Argumentan que poner en manos de la administración regional la inspección de estos incentivos pone en riesgo la unidad del Impuesto sobre Sociedades –tributo estatal sobre el que pivota buena parte del REF– y, más aún, la propia consideración europea de estas ventajas fiscales como Ayudas de Estado autorizadas.

Podría tratarse de una exageración corporativa. Al fin y al cabo, quienes protestan son precisamente los profesionales cuyo trabajo se vería afectado por el cambio. Pero conviene no despachar el asunto con una sonrisa burlona. Cuando se habla de fiscalidad, Bruselas prefiere revisar a sonreír.

La RIC, la ZEC y las deducciones canarias no existen porque sí. Existen porque la Unión Europea las considera compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce la singularidad de las regiones ultraperiféricas. Cada euro que se deja de ingresar en Canarias por estas figuras está amparado por una autorización expresa de la Comisión Europea como ayuda compatible. Como la mayor parte de las excepcionalidades que Europa asume, no se trata de un regalo a perpetuidad, sino de un equilibrio vigilado.

Los inspectores recuerdan el precedente de Madeira. En la región portuguesa, una interpretación laxa y una gestión discutida de determinados incentivos fiscales acabaron por provocar tensiones con Bruselas y obligaron a Portugal a dar muchas explicaciones y corregir el sistema, bajo la amenaza de que Europa recuperara ayudas indebidamente concedidas. Nadie quiere que Canarias aparezca en el radar comunitario por una relajación en el control.

Y aquí entramos en la cuestión de fondo: ¿es prudente que la administración que promueve, defiende y negocia políticamente el REF sea la misma que inspecciona y sanciona su eventual uso indebido?

No es una cuestión de desconfianza por los inspectores. Es una cuestión institucional. La distancia entre inspeccionado e inspector no es un capricho de las leyes: es una garantía. Porque en materia fiscal, la cercanía no siempre mejora la eficacia. A veces la erosiona. La proximidad genera presiones, tentaciones, conflictos de interés. El roce puede acabar produciendo contaminación.

La Agencia Tributaria estatal puede ser señalada por muchas cosas, pero nadie discutirá el hecho de que dispone de medios, experiencia acumulada y una estructura especializada en el control del Impuesto sobre Sociedades, que difícilmente podría replicarse de la noche a la mañana en la Consejería de Hacienda. Y lo más importante: actúa con una separación orgánica respecto a las decisiones políticas autonómicas sobre el REF.

¿Existe hoy un problema real de control que justifique el cambio? ¿Hay un déficit de inspección que esté poniendo en riesgo la credibilidad del sistema? No parece que ese sea el diagnóstico dominante. Más bien da la impresión de que la iniciativa responde a esa pulsión recurrente de ampliar el perímetro competencial, aunque no exista una urgencia objetiva. En política, ampliar competencias siempre vende. Es una forma de exhibir poder. Pero en fiscalidad, el poder sin prudencia puede salir caro.       El REF no es una bandera simbólica; es una arquitectura jurídica compleja que sostiene miles de millones de inversión y empleo en Canarias. Cualquier modificación que afecte a su encaje europeo debe ser calibrada con precisión quirúrgica. No basta con que todos los partidos se apunten a la foto de la “defensa del fuero”. La clave es lo que vea la Comisión Europea y qué garantías ofrezca el nuevo sistema.

Porque si algo caracteriza a las ayudas de Estado es que pueden retirarse. Y cuando se retiran, el problema no lo paga el político que votó el traspaso. Lo pagan las empresas que invirtieron confiando en la estabilidad del sistema. En cuestiones fiscales, la épica competencial puede salirnos cara.