La última milonga

Por Francisco Pomares 

Un apagón es un accidente, y hay que mantener la cabeza fría. Si no hubieran muerto cinco personas por causas relacionadas con el apagón, podríamos incluso estar satisfechos de que un cero energético absoluto —en todo el territorio nacional, en Portugal y en el sur de Francia— se resolviera en menos de 24 horas. Los desastres permiten averiguar también nuestra capacidad de respuesta, y la respuesta —con ayuda francesa y marroquí— fue rápida, lo que demuestra que —aunque a veces nos empeñemos en creer lo contrario— España es un país que responde razonablemente bien ante las crisis. Eso no debería impedir señalar lo que se hizo rematadamente mal, que es lo que siempre se hace mal: lo que nos divide, nos enfrenta y provoca conflictos innecesarios.

Se apagó el país, pero las inquinas que lo sostienen siguieron encendidas. El Gobierno decidió activar su máquina de hacer humo: España sufrió un colapso eléctrico sin precedentes, un blackout total, y en lugar de intentar explicar lo que ocurrió y cómo se gestionó, o asumir la existencia de errores, Moncloa optó por señalar acusatoriamente al de al lado: “el oligopolio”, “las nucleares”, “el modelo heredado del franquismo”… Cuánta sandez se dice.

En este país, la culpa siempre es de otro. Pero lo cierto es que Red Eléctrica —propiedad directa del Estado en un 20%— es hoy una empresa bajo control público desde hace décadas, en la que al presidente lo nombra el Gobierno. La actual presidenta fue ministra de Zapatero, y lo más increíble es que la propia Red Eléctrica viene advirtiendo del riesgo de que nos quedemos a oscuras desde hace al menos cinco años. La última vez, en febrero, en su informe anual.

Con su estilo entre populista y folclórico, Sumar ha salido en tromba a respaldar a Sánchez, pidiendo una comisión de investigación parlamentaria y el control público total de la red. Sin preguntarse siquiera por qué, en estos años de cogobierno con el PSOE, no han exigido que se atendieran los informes internos que, desde 2020, advertían del riesgo creciente de apagones por la entrada masiva de energía procedente de renovables. Si hoy la red eléctrica es más frágil, no es por el oligopolio y las nucleares que torturan jipis en sus sótanos, sino por no haber hecho los deberes.

Es curiosa la caricatura sanchista que confronta renovables con eléctricas: ¿pero de quién son hoy las renovables? Son de las eléctricas, colega. No pertenecen al Sindicato de Amantes de la Preservación de la Tierra. Hace años que las eléctricas decidieron controlar la producción de energía renovable, que les proporciona más beneficios que la generación en centrales térmicas. Las granjas fotovoltaicas que sostenían el 75% de la electricidad que entraba en la red cuando cayó el sistema el lunes al mediodía no son propiedad de una comuna pacifista. Son de los mismos dueños que las centrales nucleares, térmicas e hidroeléctricas.

Hace tiempo que las eléctricas descubrieron que había que apostar por las renovables, y lo han hecho a modo y conciencia. Porque ocurre que con las renovables ganan mucho más. Y está bien que así sea. Gracias a eso, la energía es hoy menos contaminante que hace pocos años.

Pero Sánchez y Sumar quieren imponernos un relato que enfrente a las perversas empresas del oligopolio energético con las pobrecitas renovables. Es una ridícula milonga: las empresas son las mismas, y la caída de red se produjo porque la electricidad que fluye hacia la red, generada por renovables, no es tan fiable ni segura como la producida en centrales. Cuando no hay sol o no hay viento, no puede mantenerse su incorporación a un sistema que solo funciona bien cuando la electricidad que entra y la que sale se equilibran. Lograr ese equilibrio con energía renovable es más difícil: es algo perfectamente sabido.

Y no faltaron avisos: estudios técnicos de Red Eléctrica, elaborados desde 2020, advertían que España estaba asumiendo una transición energética más acelerada que otros países europeos sin reforzar sus interconexiones, sin mejorar su capacidad de almacenamiento y sin una planificación seria de respaldo. ¿Qué hizo la empresa pública? Básicamente mirar para otro lado y sonreír en las presentaciones de resultados. Beatriz Corredor, la presidenta enchufada a dedo por Sánchez —con más méritos en el aparato del PSOE que en la ingeniería de sistemas eléctricos— negó en febrero, públicamente, que existiera riesgo de apagón. Dos meses después, el sistema colapsó en toda España. Y no, no fue por un ciberataque o una tormenta solar. Fue una desconexión masiva de generación renovable en la zona suroeste. Fotovoltaicas que cayeron una tras otra, dejando a oscuras el sistema. El Gobierno sabía que el sistema opera al límite. Pero la consigna era seguir vendiendo el relato triunfal de la transición verde. Así nos mienten…