La utilidad de la verdad

Francisco Pomares

Se repite como un dogma que las comisiones parlamentarias de investigación no sirven para nada. Que son simples escenarios de confrontación política, teatrillos donde cada partido representa el papel que ya traía escrito y cuyo resultado final responde únicamente a la aritmética parlamentaria. Es una afirmación que no siempre resulta cierta. La comisión parlamentaria que investigó la compra de material sanitario en la pandemia, acaba de demostrar precisamente lo contrario.

La votación ayer miércoles del dictamen de la comisión provocó una chusca reacción de los partidos que apoyaban al Gobierno de Las Flores. PSOE, Nueva Canarias y los gomeros de Curbelo, abandonaron el salón después de defender su voto particular al dictamen y antes de que intervinieran los grupos que defendían las conclusiones de la comisión. No queda claro si pretendían protestar o impedir el quórum necesario para la votación. El resultado fue que el quórum se alcanzó por los pelos y el dictamen terminó aprobado por unanimidad. La imagen resulta difícil de olvidar, porque desertar del debate nunca ha sido una forma especialmente convincente de demostrar que uno tiene razón. Como ocurre cuando uno opta por no explicarse en un juicio, lo que se transmite es la impresión de que no hay argumentos.

En fin, que las conclusiones del dictamen son difícilmente rechazables, y son graves. No declaran la culpabilidad de nadie, no pueden hacerlo, no es esa la función de una comisión parlamentaria. Para eso están los tribunales. Una comisión de investigación sirve para

determinar quién tomó las decisiones, quién dio las órdenes, quién conocía los hechos y quién debe responder políticamente por ellos, con independencia de que eso lleve o no después a una condena penal.

La responsabilidad penal requiere pruebas inapelables para destruir la presunción de inocencia. La responsabilidad política, sin embargo, se produce cuando un gobernante adopta decisiones incompatibles con la buena administración de los recursos públicos, o incumple el deber de transparencia que exige el ejercicio del poder. Y que eso ocurrió es exactamente lo que el dictamen sostiene.

Después de meses de comparecencias y análisis de una enorme documentación, la comisión concluye que las decisiones no fueron técnicas, que existió una intervención política directa en contrataciones que comprometieron decenas de millones de euros públicos; que se ignoraron advertencias formuladas por funcionarios; que hubo proveedores vinculados al PSOE –las empresas representadas por Koldo- que recibieron un trato privilegiado; y que después se quiso trasladar la responsabilidad a los funcionarios que ejecutaban las órdenes recibidas. El aspecto más inquietante del dictamen es la explicación de cómo durante la pandemia se desplazó el funcionamiento de los órganos administrativos ordinarios, para sustituirlos por una estructura informal de decisión de la que no existían actas, composición oficial ni control jurídico claramente definido. El caso está aún abierto, y si los tribunales admiten que eso fue realmente lo ocurrido, estaríamos ante algo mucho más preocupante que una contratación irregular: estaríamos hablando de un modelo de gobierno deliberadamente opaco, organizado coincidiendo con la necesidad de movilizar por la vía de urgencia ingentes cantidades de dinero público.

Ni así se explican los cuatro millones de euros abonados por adelantado a RR7, una empresa sin experiencia en el sector, a la que se pagó sin recibir una sola mascarilla un dinero que continúa sin devolverse y cuya recuperación es ya imposible. Peor aún: cuando existían razones suficientes para resolver definitivamente el contrato e intentar rescatar esos fondos, el propio Gobierno decidió -contra el criterio de sus técnicos- reactivarlo y conceder una segunda oportunidad al proveedor. La Fiscalía Anticorrupción llegó a calificar esa actuación como “grotesca”, nos recuerda el dictamen.

Pero lo que más duele son sin duda los reveladores mensajes del entonces presidente Torres interesándose personalmente por la agilización de los pagos a las empresas de la trama corrupta, contándole a Koldo sus esfuerzos y desvelos, o las comunicaciones que sitúan a Antonio Olivera, el hombre de confianza de Torres, negociando directamente con el “ejemplo para la militancia” cada aspecto concreto de las contrataciones. El Gobierno de Las Flores elaboró todo un relato de lo ocurrido basada en la lógica del absurdo.

Y en una de sus más brillantes intervenciones parlamentarias, la diputada Espino explico lo evidente: no se sostiene creer que las empresas de la trama corrupta actuaran en Canarias de una forma diferente a como lo hicieron en el resto del país. ¿Aquí no se produjeron comisiones y mordidas? ¿Nadie sacó partido?

Las compras en Canarias y Baleares siguen en los tribunales. Acabará por saberse todo.