Las guerras del agua

Por Francisco Pomares

La reciente decisión de rescindir el contrato con Canal Gestión –filial de Canal de Isabel II, la empresa que controla la gestión del agua en la región de Madrid-, no se produce por un desacuerdo administrativo del Cabildo y los responsables de mantener el sistema de distribución de agua potable en Lanzarote. Se trata más bien de la demostración de que el modelo no funciona para atender a los ciudadanos, literalmente ‘hace aguas’ por todos lados. Más de la mitad del agua que se produce en Lanzarote se pierde antes de llegar a los hogares para ser consumida. Exactamente, eso ocurre con un 65 por ciento del agua que circula por tuberías obsoletas. En una tierra sin acuíferos explotables, y que depende casi por completo de la desalación, esas cifras no son solo escandalosas: son insostenibles. Desalar produce salmueras que se vierten al mar de nuevo, y perjudican el equilibrio que precisa la vida marina. Además, el proceso de potabilización por desalación consume cantidades ingentes de energía y supone emisiones enormes de CO2.

Desde hace ya años, barrios de Lanzarote –a veces municipios enteros- despiertan con cortes en el suministro. La capacidad de producción ha caído en diez mil metros cúbicos por día, y el manifiesto desinterés por la detección de fugas es ya escandalosa. Para Canal Lanzarote la pérdida de agua no representa necesariamente un drama: a ellos no les preocupa demasiado el agua que se pierde. Están acostumbrados a trabajar con la filosofía de su propietario nacional –Canal de Isabel II–, con cinco millones de consumidores seguros y agua barata, generando beneficios suculentos. Aplican en Lanzarote lo que hacen en Madrid, pero aquí no funciona. El daño ecológico que provocan las fugas se queda para los canarios, y a gran parte ni les llega el agua porque se pierde en tuberías que nadie repara.

Dicen que Canal Lanzarote ha perdido ya tanto dinero que está deseando cerrar un acuerdo para irse de la isla , donde la empresa pública de Ayuso se ha dejado ya hasta la camisa, pero aquí se juega con contratos millonarios y gente dispuesta a todo. Una de las empresas interesadas en quedarse con el servicio, ha pedido la ejecución forzosa de una sentencia que declaraba nulo el contrato entre Canal y el Consorcio, para ganar tiempo ante la posibilidad de que Canal cerrara un acuerdo de venta con la competencia. El abogado de esa empresa, Gabriel Arauz, fue secretario de Canaragua hasta 2021, y su administrador único, Antonio López, ha sido el segundo de Pipo González, presidente en las islas de la filial de Aguas de Barcelona. Todo hace pensar que alguien ha montado una operación de falsa bandera para pujar después por el servicio. De momento, lo que han logrado ha sido bloquear durante otros muchos meses cualquier solución al desastre de Lanzarote.

Pero lo que ocurre en Lanzarote no es una excepción. Forma parte de un problema estructural que afecta a todo el Archipiélago. En Canarias, la media de agua que se pierde en las redes de distribución se acerca a la mitad de la que se produce. Miles de litros de agua desalada o extraída de acuíferos en trance de agotarse se desvanecen por el camino. Pero en las islas se sigue apostando con fe ciega por la desalación como solución prioritaria, sin plantearse que tiene un altísimo coste económico, energético y ambiental.

La desalación de agua en Canarias supera los 200 hectómetros cúbicos al año. Y no sería viable sin un sistema de subvenciones públicas que mantiene artificialmente el precio para los consumidores, especialmente en el sector agrícola. Gracias a las ayudas estatales y europeas —bajo el paraguas del REA o el Posei—, el agua sigue fluyendo, para evaporarse en las redes. Ese modelo tiene un límite: ni el Estado ni Europa pueden sostener eternamente con fondos públicos un sistema ineficiente, contaminante y manirroto. Por mucho que el mar esté cerca, el agua no es gratis. Desalarla cuesta dinero, energía y emisiones. Y mantener redes obsoletas que tiran por el desagüe más de la mitad de lo que se produce es una irresponsabilidad. Sobre todo cuando ya existen herramientas para la monitorización electrónica de las fugas del agua, fáciles de instalar, y muy baratas en términos de ahorro presupuestario. La mayoría desconoce que hoy hay mecanismos para detectar y reducir las pérdidas de agua.

​El caso de Lanzarote debería servir de advertencia, y no solo de escándalo. Si no se invierte seriamente en control de pérdidas, si no se impiden con rigor las guerras empresariales y se reequilibra la responsabilidad entre lo público y lo privado, el asunto se repetirá en otras islas. Ya está ocurriendo, de hecho. Por eso, más allá de la fórmula jurídica, lo que hace falta es voluntad política, supervisión técnica y una hoja de ruta para avanzar en la mejora de los sistemas que garantice al menos lo más básico: que el agua no se pierda antes de llegar al grifo.