Lawfare y fontanería
Francisco Pomares
Los nueve años de inhabilitación de David Azagra y los 18 de Gallardo, los despachan el PSOE y sus entregados socios con una serie de sorprendentes declaraciones para explicar la sentencia. Por ejemplo, que –a pesar de la condena- no existe un problema judicial del hermanísimo y compinches, sino una conspiración contra Sánchez. No hay indicios suficientes, pues. Hay lawfare: ocurre porque no hay jueces independientes, ni policías judiciales que investigaron lo ocurrido, sino magistrados politizados y agentes al servicio de oscuros intereses de los adversarios del Gobierno. Que David lograra un empleo bien pagado, preparado ad hoc para él y con el que se le premió por ser hermano del presidente –hechos probados- no tiene mayor importancia. Todo es lawfare. Y quien lo dude, que pregunte al ministro Puente.
Sin duda, se trata de una teoría muy cómoda y conveniente. Aunque presenta un fallo: resulta inverosímil, cuando es obvio que el PSOE dio órdenes de interferir en la actuación de esos jueces y esos investigadores, para evitar que el hermano fuera condenado. Durante meses nos han repetido que la instrucción dirigida por la magistrada Beatriz Biedma es el resultado de una estrategia de persecución política, ala que ahora se suman los tres jueces que pronunciaron la sentencia. Todo obedece –nos dicen- a la intención de golpear al presidente del Gobierno, usando a David. El argumento del lawfare sirve para descalificar de antemano cualquier actuación judicial, sustituyendo el necesario debate sobre los hechos por otro sobre las intenciones. Pero, por desgracia para los partidarios del lawfare, las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire, ofrecen un relato distinto: la investigación demuestra que trató de manipular la causa de David usando al juez José Luis Sáenz de Tejada –condenado por prevaricación- que intentó sin éxito personarse en el caso y recusar a la jueza Biedma. Además, las pesquisas de la Guardia Civil le atribuyen a Leire buscar información para perjudicar a la jueza y a los responsables de la investigación. Esta misma semana, el empresario Joaquín Parra ha declarado al juez Pedraz que Leire le había citado en lo que describió como “un piso franco del PSOE”, para pedirle material comprometedor contra la magistrada. Según Parra, Leire pretendía destruir la reputación de Biedma: “Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar”, le dijo Leire.
Y luego está la otra parte del plan para enmierdar la causa, que no se dirigía a la juez, sino a la UCO. La investigación de la Audiencia demuestra que la dirección de la Guardia Civil abrió investigaciones internas y presionó a los agentes responsables de los procedimientos perjudiciales para el Gobierno y el PSOE. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esas actuaciones suponen un mecanismo de intimidación a los investigadores, lo que llevó al juez Pedraz a imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, a los que acusa de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Parece difícil encajar todo eso con el relato del lawfare.
Porque si realmente se estaba ante una investigación fabricada, si la jueza Biedma actuaba por motivos políticos y la UCO participaba de una conspiración… ¿por qué habría sido necesario desacreditar a la magistrada o neutralizar a los investigadores? La lógica apunta precisamente en dirección contraria. Quien está convencido de la inconsistencia de una causa, espera a que ésta se desmorone en sede judicial. Si despliegas estrategias para erosionar a jueces y policías, es que consideras peligrosa la investigación.
Lo que hace insostenible el relato del lawfare en el caso de David Azagra no es que se critique a la jueza. Todos los poderes son criticables en democracia. El problema aparece cuando esa crítica coincide con actuaciones destinadas condicionar la Justicia. Resulta complicado sostener simultáneamente que una causa carece absolutamente de fundamento y, al mismo tiempo, que era necesario movilizar a intermediarios, buscar información comprometedora contra la instructora, o abrir expedientes a los investigadores. Ambas tesis conviven bastante mal juntas.
Por eso, el ‘caso Leire’ está adquiriendo una dimensión que trasciende a sus propios protagonistas. Ya no se discute únicamente qué ocurrió con la oferta laboral del hermanísimo. Ahora se investiga también –en la Audiencia- el origen y alcance de una estructura destinada a influir en procedimientos judiciales que afectan al poder y su entorno. Y si esa hipótesis termina acreditándose, el debate dejará de ser el lawfare. El verdadero escándalo será el intento de convertir la fontanería de Leire y su grupo en una operación defensa política frente a investigaciones judiciales legítimas.
