Lo que huele mal

Francisco Pomares

En 2022, mientras el Gobierno de Canarias promocionaba su agenda verde, su presidente, Ángel Víctor Torres, mantenía discretos encuentros, tropiezos y reuniones con los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas -los mismos de la trama Koldo- para estudiar la instalación de una refinería en Canarias. No en Arabia Saudí, ni en Houston, ni en Rotterdam: aquí, en el paraíso de la transición ecológica, la región que ya desmantelaba la vieja refinería de Cepsa.

La idea, revelada por The Objective, confirmada por la UCO, y atropelladamente reconfirmada por el propio Torres en su rueda de prensa al referirse en un lapsus a «la refinería de Arucas», consistía en montar una instalación capaz de procesar crudo venezolano tipo Merey, demasiado pesado y con tanto azufre que no supera los estándares europeos. Los socios de Aldama -hoy imputados- admitieron haber fletado al menos once buques con ese petróleo rumbo a España, y para completar el círculo buscaron un lugar donde “tratarlo” antes de proceder a su comercialización. En la ecuación aparecía Canarias: puerto atlántico, clima amable, y un presidente complaciente que abría su despacho al tráfico de hidrocarburos del tinglado bolivariano, con la misma cortesía que siempre le define.

El proyecto no prosperó. No consta que pasara nunca de los powerpoints, las cenas privadas y el reparto de canonjías y beneficios. Pero –a pesar de las rotundas negativas- el proyecto existió, vaya que sí. Eso basta para retratar el ecosistema político en el que germinan dislates y aventuras. Sin expedientes, ni informes, ni huella de una mínima tramitación ambiental. Solo encuentros, vuelos, fotografías y un hilo de intereses comunes que conecta a la trama Koldo con el presidente del Gobierno regional, pasando por el Ministerio de Transportes y –quizá- ña secretaría de organización del PSOE nacional.

Torres ha negado cualquier conducta irregular. Su defensa es la habitual en estos tiempos: la de quien confunde el tráfico de influencias con la cortesía institucional. Dice Torres que se limitó a escuchar propuestas, como si eso bastara para excusar la frivolidad de abrir la puerta a empresarios investigados que, según la Guardia Civil, operaban con cobertura ministerial, pasaporte bolivariano y acceso a todas las oficinas del Gobierno español.

Mientras se promete convertir la antigua refinería de Santa Cruz en “ciudad verde”, el socialismo canario participaba en los tanteos para montar en Arucas una planta para el tratamiento de crudo Merey. Mientras se invertía dinero público en campañas contra el cambio climático, y para acelerar la transición ecológica se coquetea con la posibilidad de procesar el petróleo de una dictadura criminal sancionada por la Unión Europea. La hipocresía tiene aquí un aroma espeso, petroquímico.

Más allá de su apariencia anecdótica, esta historia maloliente que nunca llego a ser, nos revela algo inquietante: la facilidad con la que las instituciones pueden convertirse en plataformas para negocios turbios bajo la excusa del empleo o la inversión. Ya lo vimos con las mascarillas y los contratos de emergencia: siempre puede inventarse una razón noble para justificar lo inaceptable, y siempre aparece algún político dispuesto a hacerse el ingenuo. La cuestión es qué habría ocurrido si la trama de Aldama no se hubiera desmoronado. ¿Habría acabado el Gobierno Torres proponiendo una refinería “sostenible”, reciclada como “hub energético” o “polo de innovación industrial”? No sería la primera vez que se disfraza un solemne disparate con léxico tecnocrático, para negociar con quien no debía hacerse lo que o podía hacerse.

La investigación de la UCO habla de tráfico de influencias, de viajes en aviones privados, de presiones sobre funcionarios y de relaciones con la empresa petrolífera estatal del régimen madurista –PDVSA- a través de intermediarios parece escrito por Moncloa y financiado por Netflix. Canarias iba a ser, según aquellos planes, el laboratorio perfecto para blanquear petróleo y reputaciones. Y, sin embargo, la refinería no llegó a levantarse: tal vez porque el negocio era demasiado sucio incluso para estos tiempos tan flexibles, o quizá porque la maquinaria política que lo sostenía acabó en prisión o en capilla. Antes de arrancar. Sea como el episodio deja una certeza: cuando la política se mezcla con los hidrocarburos, siempre acaba oliendo mal.

A pesar de su lapsus en la ruede de prensa, Torres insiste -en esto también- en negar la mayor. Todo es una maniobra contra él, el informe dice que es inocente. Pero lo que lo compromete no es que la UCO revela, sino su conducta. Un presidente que recibe a comisionistas bajo investigación y que participa en gestiones opacas pierde el derecho a presentarse como víctima. Y el partido que lo ampara demuestra que la regeneración que predica solo se pide a los adversarios.