Lo que no se dijo

Por Francisco Pomares
Un día después del debate entre Sánchez y Feijóo, resulta bastante inútil añadir otra interpretación sobre el resultado. La propaganda de ambos partidos ya se ha ocupado de repartir medallas por lo que se dijo y como se dijo. Me parece más interesante detenerse en lo que no se dijo. Y no es que faltaran asuntos: se habló de vivienda, economía, inmigración, corrupción, servicios públicos, emigración y política exterior. Prácticamente todo el repertorio de nuestras preocupaciones nacionales. Pero una cosa es mencionar los problemas y otra bastante distinta explicar cómo se resuelven. Una cosa es presentar propuestas, que las hubo, y otra someterlas a una discusión sobre su viabilidad, costes y consecuencias.
La política española vive instalada en una confrontación sobre el pasado. Sánchez tiene que responder por sus decisiones, sus pactos, sus incumplimientos y los escándalos que han acompañado a su Gobierno. Es una obligación elemental de quien lleva años ejerciendo el poder. Feijóo, por su parte, tendría que explicar qué hará tras sustituirlo. Y eso exige algo más que señalar errores del adversario. No se trata de igualar responsabilidades: quien gobierna debe rendir cuentas de su gestión. Pero quien aspira a gobernar debe acreditar que dispone de alternativas. Nuestro debate público se ha acostumbrado a confundir la descalificación del contrario con la explicación de un proyecto político.
Pensemos en la vivienda. Se ha convertido en uno de los principales problemas de España, los jóvenes encuentran dificultades enormes para emanciparse y el acceso a una casa absorbe una parte creciente de los ingresos familiares. Pero seguimos sin una discusión solvente sobre cómo aumentar la oferta, movilizar suelo, reducir los plazos urbanísticos, estimular la construcción o conciliar los derechos de propietarios e inquilinos. Sobran promesas de construir viviendas: son fáciles de hacer. Lo complicado es explicar dónde, cuándo, con qué dinero y superando qué obstáculos administrativos.
Algo parecido ocurre con la educación. Resulta suicida que un país que se juega su futuro en la formación de sus ciudadanos dedique tan poco espacio a discutir sobre la calidad de la enseñanza, la autoridad del profesorado, el abandono escolar, la universidad o la formación profesional. Durante décadas hemos convertido la educación en campo de batalla, mientras aplazamos un acuerdo razonable sobre lo que nuestros hijos necesitan aprender.
Tampoco se abordó a fondo el envejecimiento de la población y sus consecuencias: vivimos cada vez más años, pero hablamos poco de cómo financiar las pensiones, sostener la sanidad, atender la dependencia o garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de unos servicios públicos comparables a los actuales.
Y está la inmigración. Una cuestión particularmente sensible para Canarias, pero que afecta al conjunto del país y de Europa. Entre quienes la presentan fundamentalmente como una amenaza y quienes insisten en sus beneficios económicos y demográficos, queda pendiente una conversación imprescindible: cómo ordenar los flujos migratorios, combatir las mafias, garantizar una acogida digna, exigir el cumplimiento de las leyes y construir políticas eficaces de integración. Sin convertir a los inmigrantes en culpables, pero evitando fingir que la capacidad de acogida de una sociedad es ilimitada.
Además: apenas discutimos sobre cómo hacer que España sea un país más productivo, capaz de generar riqueza suficiente para financiar todas las promesas que nuestros políticos formulan con tanta generosidad. Hablamos de repartir, proteger, subvencionar y garantizar, pero bastante menos de producir, innovar, competir y mejorar la eficiencia de nuestras administraciones. El dinero público no aparece espontáneamente en los presupuestos: es fruto del esfuerzo de millones de ciudadanos y empresas.
No pretendo que un debate televisivo de hora y media pueda afrontar todos los problemas. Sería absurdo. Pero sí debería permitirnos conocer las prioridades de quien aspira a dirigir el país y, sobre todo, las decisiones difíciles que está dispuesto a adoptar. Gobernar no consiste en prometer, sino en elegir, renunciar, marcar prioridades y explicar a los ciudadanos que ni todo es posible, ni -mucho menos- posible al mismo tiempo. El drama de nuestra política, es que nos han convertido las elecciones en una discusión sobre quién merece gobernar y se ha relegado a un segundo plano la pregunta clave: para qué se quiere gobernar. Los candidatos hablan de sus adversarios porque resulta más sencillo denunciar errores que explicar las limitaciones de las propuestas propias.
El jueves por la noche se nos ofreció un espectáculo en el que escuchamos muchas acusaciones, algunas explicaciones y un buen número de promesas. Como espectáculo no estuvo mal. Pero faltó lo esencial: una conversación adulta sobre el país que queremos construir y el precio que estamos dispuestos a pagar por conseguirlo. Esa ausencia, más que cualquiera de las frases hirientes o calculadas que escuchamos, es lo que debería preocuparnos.