Los centros de nuestra vergüenza
Francisco Pomares
La investigación judicial contra Quorum Social 77, la mayor gestora de menores migrantes en Canarias, no sorprende. Las prácticas denunciadas que hoy nos escandalizan —golpes, aislamientos, castigos físicos, “equipos de intervención” dignos de un campo de concentración— fueron denunciados ante la Administración desde 2021, sin que el Gobierno se tomara la molestia de intervenir. Nadie actuó, no al menos con la contundencia que exigían las denuncias y las purgas reiteradas de trabajadores desafectos. No se clausuró ni un solo centro, no se rescindieron contratos al personal abusón ni se sancionó a la ONG responsable. Hasta que un juzgado especializado en violencia contra la infancia, hizo lo que la administración no supo o no quiso hacer: investigar qué diablos ocurría con chicos sometidos a su tutela.
Que el caso arranque en 2021 no exime al actual gobierno de su responsabilidad. Dos años después de hacerse cargo de los centros, con miles de menores hacinados y un sistema colapsado, la excusa oficial sigue siendo la saturación. El colapso de los centros se ha convertido en la justificación para mirar a otro lado ante comportamientos posiblemente delictivos. Pero la masificación que sufren los centros –suficientemente conocida y denunciada continuamente por el propio Gobierno- no justifica que un grupo de luchadores y boxeadoras reduzca a golpes a los niños; la sobrecarga no explica que se encierre a menores durante días en espacios de castigo; la emergencia no borra la obligación del Gobierno de proteger a los chicos de los desmanes sufridos a manos de sus cuidadores.
Y no es la primera vez que ocurre. La gestión de menores migrantes con Noemí Santana al frente de la Consejería de Derechos Sociales fue un desastre documentado: adjudicaciones exprés sin controles, denuncias ignoradas, inspecciones anunciadas que servían para maquillar no para corregir. Pero tampoco se revisó lo esencial con el relevo político… Apenas un cambio de discurso, y mucho tiempo dedicado a negociaciones políticas, pero el problema del maltrato ha seguido enquistado y, en algunos aspectos, ha ido a peor: la precariedad estructural ha convertido en rutina los abusos y en costumbre la inacción ante las quejas.
El argumento de que la administración “no puede estar en todo” es inaceptable: esto no es lo mismo que un bache en una carretera, un retraso en una licitación o un error en la tramitación de un expediente: hablamos de menores de edad bajo tutela pública, solos, sin familia, sin nadie que los proteja del mal y el daño. La tutela de Canarias no puede ser retórica. Es una obligación moral, ética y legal. Dejar que una organización acumule contratos, mientras se suceden testimonios de malos tratos, encierros y humillaciones es, como mínimo, una irresponsabilidad. Las cifras hablan: Quorum ha recibido 22 millones de euros en adjudicaciones desde 2019 y controla un tercio de las plazas para menores migrantes en el Archipiélago. Y este Gobierno de ahora -que conocía las denuncias de antes-, reforzó su dependencia de esa ONG.
Uno puede entender que la administración sea laxa en otros aspectos, pero cuando se trata de ejercer la tutela sobre niños desamparados, de los que nadie parece querer ocuparse, hay que ser más proactivo. Y aquí sólo se puso las pilas un juez: con cierre de centros, detenciones, e imputaciones. Aunque con tres años de retraso.
El escándalo del caso Quorum retrata un sistema que protege más a los proveedores de servicios que a los destinatarios de esos servicios, un sistema que se ampara en el abandono de otras administraciones para justificar el suyo propio, mientras se acostumbra a la violencia de baja intensidad –una bofetada, unos insultos- hasta que los medios decidan ocuparse. El verdadero drama es que aceptemos como normal que la infancia migrante —la más vulnerable de todas— sobreviva en un limbo entre el abandono y el maltrato.
Se pueden señalar responsabilidades del pasado, pero este presente tampoco sale limpio: no basta con clausurar dos centros y prometer revisar protocolos. Lo urgente es asegurar que ningún niño bajo tutela vuelva a tener miedo de quienes se ocupan de cuidarlo. Lo que debería avergonzarnos no es que media docena de desalmados se haya comportado como si gestionaran un correccional. La vergüenza es que el Gobierno lo supiera y no hiciera nada.
