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Los disparates del sistema electoral

Por Francisco J. Chavanel

 

 

Esta vez hay más ruido. Al término de cada elección en las Islas las tripas se remueven, el sentido común se desvanece, la frontera entre el disparate y lo coherente se disipa para formar parte de un todo muy difícil de entender.

 

El sistema electoral con el que nos han dotado los padres de la patria desde los años 80, “mejorado” por José Carlos Mauricio a mitad de los 90, subiendo los topes hasta el 30% insular y el 6% regional, deja casi siempre en la calle a unos 150.000 votantes. Sobre todo lleva ocurriendo desde que se inició el nuevo siglo, exactamente desde que el nacionalismo quebró y se fundó Nueva Canarias. En 2007, 50.000 votos de NC se quedaron fuera del Parlamento; en 2011 nadie discutió nada porque el grupo de Román Rodríguez consiguió entrar gracias a la aportación del PIL.

 

Ahora la situación es pura enfermedad antidemocrática.  55.000 votos de Ciudadanos no se reflejan en parlamentario alguno por no alcanzar –por cuatro centésimas- el 6% regional, y sin embargo, la Asociación Socialista de Casimiro Curbelo se aposenta con 3 representantes, con el 0,5% de los votos totales, pero siendo la lista más votada en La Gomera, condición indispensable para ser pasar el examen. Este ataque a la razón más elemental no queda aquí: el grupo insularista de Bravo de Laguna, con 32.000 votos, no entra en el reino de los cielos, y 70.000 votantes de distintos signos se desvanecen en el éter del limbo por no apostar a caballos ganadores.

 

Vistas así las cosas es casi un milagro contemplar cómo en el Parlamento canario hay seis fuerzas políticas distintas, resultante del deterioro sufrido por los componentes del tripartidismo, alguno, como en el caso del PP, con ribetes esquizoides, pues es imposible hacerlo peor contando con un ministerio en Madrid, con un PSOE roto por los agravios internos, y con CC en pie de guerra por la sucesión de Paulino a Clavijo.

 

El propio Paulino Rivero nos recuerda en este minuto lo que él no hizo durante los ocho años que estuvo como presidente de CC, y los otros ocho años como presidente de la comunidad autónoma: “Es el momento de cambiar la ley electoral; como mínimo hay que cambiar los topes”. Ya… ¿Hubiera dicho lo mismo si al quitar los topes Clavijo perdería al menos un parlamentario? ¿Puede ocultar su deseo febril de que le echen de menos aquellos que están dispuestos a pasar página?

 

En este funeral de hipocresías no se salva nadie. Ni Partido Popular ni socialistas hicieron muy poco mientras fueron comparsas de los nacionalistas para eliminar la ley más posiblemente antidemocrática del planeta: la que consagra que un ser humano puede valer ocho, diez, veinte veces menos que otro. Alguna tímida voz elevaron cuando estaban en la Oposición y poco más. ¿Para qué lo iban a hacer si la ley consagraba casi con total seguridad que esas tres fuerzas políticas estarían hasta la eternidad repartiéndose el bacalao en Canarias?

 

El colmo del despropósito ocurrió en 2006 con Adán Martín de presidente. Zapatero le dijo que podía redactar un estatuto de autonomía de máximos que él lo refrendaría en Madrid, cosa que hizo con la inmensa mayoría de las regiones españolas. Sólo puso una condición: cambiar la ley electoral. Martín se negó. Prefirió conservar el pesebre para los suyos que hacer justicia y, además, lograr una financiación y unas competencias que nos equilibraban con el resto de España. Ahí Canarias perdió una batalla que nos cuesta 800 millones de euros todos los años. Ceguera. 

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