Los “justicieros”, en su salsa
Por Antonio Coll
El auto del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arrecife,donde se abre un periodo para que se formule acusación contra el presidente del Cabildo y Consorcio Insular del Agua, Pedro San Ginés, por la cuestión de la incautación de la desaladora de Montaña Roja-Club Lanzarote SA, ha entretenido a los diferentes “justicieros”, que conforman el “brazo armado” del llamado Sanedrín Verde. Nada nuevo de esta gente, cuyas actuaciones persecutorias contra algunos políticos y un empresario lanzaroteño, es bien conocida porque sus objetivos no tienen ningún código ético ni defienden el interés general de la isla. Por eso, ya una gran parte de la opinión pública de Lanzarote ya no percibe seriamente sus acciones oxidadas, descabelladas, resentidas, arbitrarias y hostiles... Se creen poseedores de “verdades absolutas” sin moldes de racionalidad. Presumen de intelectualidad pero que no deja de ser tóxica. Piden la dimisión de Pedro San Ginés tras un mero auto judicial que investiga si el proceso administrativo llevado a cabo por la presidencia cabildícia para la incautación de la desaladora de la citada empresa privada reúne todas las competencias, en forma y fondo, a pesar de estar avalados por los informes técnicos y jurídicos de la primera institución de la isla. En principio, el presidente del Cabildo ha recurrido el acto del Juzgado Nº 2, al considerar “indefensión”, ya que el titular de primera instancia, según San Ginés, “no ha atendido un requerimiento de la Audiencia Provincial para que acepte nueve pruebas presentadas para mi defensa”. También San Ginés insiste que “ha quedado demostrada la ilegalidad de la venta de agua por parte de la desaladora de Montaña Roja” que suministra el agua a más de 5.000 familias del municipio de Yaiza, cuando las competencias exclusivas para el suministro del agua, las posee el Consejo Insular de Aguas. Sea como fuere, porque este tema ya está ampliado en diferentes noticias, yo solo quiero exponer que cuando se usa la “desinformación” como arma para falsear la realidad significa una estrategia errónea porque siempre, al final se impondrá la racionalidad y la verdad de los hechos. Es posible que en la forma de actuación de incautación se haya cometido una supuesta irregularidad administrativa, pero nunca prevaricación. Se puede juzgar la forma pero el fondo, que es el que debe de prevalecer, indica que la actividad de distribución de agua por parte de Club Lanzarote es ilícita y así lo ratifica también el Gobierno de Canarias, el Diputado del Común y los administradores concursales de Inalsa. La respuesta es simple porque es sólida, no “líquida”.
El problema de Lanzarote es que los mismos “justicieros” de siempre quieren continuar con la “perpetua inestabilidad” que, en un periodo muy largo vivió la isla y cuyos efectos solo provocó parálisis en múltiples proyectos y creó incertidumbre sobre todo en empresas públicas estratégicas de la isla como los Centros Turísticos, Inalsa y Zonzamas, entre otras. La llegada de Pedro San Ginés a la presidencia del Cabildo ha sido clave, porque ha habido un cambio drástico de mentalidad en la gestión pública, con respuestas firmes y contundentes. Respuestas pragmáticas para solucionar graves problemas que políticos incapaces y administraciones públicas descontroladas dibujaron un panorama complejo y peligroso para el devenir de Lanzarote.
Por lo demás, dejemos que la independencia judicial actúe conforme a las leyes y resuelva los problemas suscitados en el tema de la incautación de la desaladora de Club Lanzarote, SA. No obstante, esto es un hecho meramente de trámite jurídico-administrativo y no tiene ninguna trascendencia significativa para la sociedad lanzaroteña ni para pedir dimisiones de nadie.
