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Los problemas crecen, pero no por arte de magia

Antonio Salazar

 

Vivimos atrapados en una contradicción aparentemente irresoluble. De un lado, tras años de explicación sobre las grande ventajas de las energías renovables -una unión de empresarios muy concernidos vía subvención y políticos ignorantes de las consecuencias- todos queremos consumos energéticos procedentes de fuentes no contaminantes. De otro, no pagar la factura que corresponderá a esa decisión. No cabe argumentar que las energías limpias son gratuitas porque no es cierto por más que el sol o el viento puedan no tener costes. Pero hacer llegar esa energía hasta nuestros hogares claro que los tiene, más si el desarrollo ha sido tardío o insuficiente, de tal suerte que necesitemos tecnologías que respalden los momentos en que con las renovables no podemos cubrir la demanda.

 

Parte de esa contradicción insalvable está en que no queremos modificar nuestros hábitos, ni sacrificar buena parte de los cachivaches que nos facilitan la vida.

 

Los políticos son los responsables de la confusión. Hace años que se comportan como niños irresponsables que lloran cuando no alcanzan lo que desean, imponiendo vía boletines oficiales sus caprichos convencidos de que el buen encaje renovable apenas presenta fisuras. Los empresarios avispados, aquellos que hace tiempo saben que es mucho más sencillo llevarse bien con los que mandan que competir, jalean esas actuaciones, fichando muchas veces a políticos con habilidades sobradas en el sutil arte de la componenda para sus consejos de administración. Aunque es especialmente llamativa esta colusión entre política y empresas grandes, no es patrimonio exclusivo, son muchas las que han resultado premiadas en esa lotería anticompetitiva de las subvenciones.

 

Sucede que se ha llegado a tal punto que se ha vuelto insostenible. Para compensar los errores en el diseño del sistema, el primero y de larga data fue ir eliminando la muy renovable energía nuclear, se han ido compensando los costes extras en el recibo de cada uno de los usuarios. Hace unos años, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, proclamó que el déficit de tarifa se había resuelto, que se pagaría vía deuda pública una parte y en la tarifa la otra, ignorando que los llamados a pagar el hachazo eran los mismos, los atrabiliarios consumidores y pagadores de impuestos. Nos han llenado el recibo de costes impropios, tanto como que dos tercios del total son impuestos y costes regulatorios, desde los incentivos a las energías renovables, la cogeneración, los residuos, las redes de transporte y distribución, el déficit, la compensaciones a las producciones extrapeninsulares -sí, producir en Canarias cuesta mil millones más-, al carbón y a las nucleares. Solo un tercio del total del precio corresponde al coste de producción y las redes de comercialización. Recurrimos a la política para que resolviese un problema y, en consecuencia, tenemos hoy uno mucho mayor. Nada que deba sorprendernos.

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