Maniobra de despiste
Francisco Pomares
El PSOE canario ha montado una tormenta en torno a la filtración del borrador de conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga las compras de material sanitario durante la pandemia. Chano Franquis y Nira Fierro han reaccionado como obedientes y disciplinados ‘guardias de corps’ de Ángel Víctor Torres, intentando centrar la atención en una supuesta conspiración de partidos y medios de la derecha contra el ex presidente canario. Desde el PSOE se ha calificado como “documento secreto” el borrador del dictamen –en realidad es más bien un texto de trabajo que será probablemente revalidado por la comisión de investigación punto por punto-, y consideran que su filtración obedece a una “maniobra de descrédito”, y “persecución política”. Es la primera vez que se organiza semejante escandalera por el adelanto de un documento parlamentario en trámite de aprobación. Esas filtraciones ocurren con frecuencia, porque todos los grupos parlamentarios reciben los borradores. Cualquier partido pudo pasar el texto, incluso el PSOE, para poder montar el pollo. La filtración ha adelantado su publicación, como suele ocurrir con muchos documentos parlamentarios o judiciales, pero ese texto, hoy borrador, será en pocos días un documento oficial, y lo que realmente importa no es que se adelantara, sino lo que dice y dirá el texto final, si no cambia la aritmética de la Comisión: que el socialista Torres, presidente del Gobierno de las Flores y hoy ministro de Política Territorial, y sus dos consejeros de Sanidad, son políticamente responsables de las compras realizadas al calor de la emergencia, incluidas las que provocaron la pérdida de cuatro millones de euros. Esa conclusión no se evapora porque se haya conocido antes de su aprobación. Pero el PSOE prefiere hablar de filtraciones y evitar el debate de fondo. Que tiene que ver con lo que ocurrió. La realidad es muy tozuda: durante meses la comisión escuchó a 46 comparecientes en 26 sesiones, y el resultado es el relato documentado de contratos por más de cien millones, adjudicados en buena parte a empresas de personas muy cercanas al poder y sin experiencia previa en material sanitario, como la representada en las negociaciones con Torres por el mismísimo Koldo García, entonces asesor del ministro Ábalos y agente de Víctor Aldama. Algunos de esas compras se hicieron sin autorización del Consejo de Gobierno, y algunos pagos se aceleraron a instancia de Torres, tras ser presionado por Koldo.
Eso sería ya suficiente para sospechar, pero es que las investigaciones en marcha no se limitan a la emprendida por el Parlamento, que no ha entrado en valorar posibles responsabilidades penales del presidente Torres. Sí lo hará el informe de la UCO de la Guardia Civil, que está a punto de concluir su investigación sobre las compras del Servicio Canario de Salud. La Fiscalía Europea también ha abierto diligencias, tras confirmarse que se utilizaron fondos comunitarios para financiar parte de esas operaciones, algo que se negó desde el Gobierno de manera insistente. El PSOE disimula sobre la existencia de esos dos procedimientos, como si toda esta historia fuera cosa de la actual mayoría parlamentaria en Canarias, pero ambos son cruciales: no se trata solo de dirimir la obvia responsabilidad política del Gobierno Torres, sino de posibles delitos, quizá bajo jurisdicción europea. Además, las grabaciones intervenidas por la UCO desmienten la versión oficial. En ellas, Torres se compromete con Koldo García a agilizar pagos y le asegura que “dormirá más tranquilo” cuando estén hechos. También figura la intervención de Antonio Olivera, entonces jefe de gabinete, en el mismo sentido. Eso revienta la falacia de que la gestión de las compras quedó exclusivamente en manos de funcionarios, como sostiene el PSOE.
Desde el entorno de Torres se insiste en que su Gobierno trabajó día y noche para proteger a la población. Pero lo que aquí se discute es si -amparándose en la urgencia- se adoptaran decisiones que permitieron abusos y estafas, además de favorecer descaradamente que personas vinculadas al poder socialista –Koldo, Aldama, Ábalos, Cerdán, pero también RR7 y otros empresarios- se enriquecieran con la tragedia. Esa es la cuestión, lo de la responsabilidad política es un asunto bastante menor. Y la especie de una operación para inculpar a Torres una impresentable cortina de humo. No hay nada de eso. Hay tres investigaciones abiertas, y la resolución del Parlamento ha sido todo lo meliflua que suelen ser siempre. El dictamen final confirmará en breve lo que el borrador ya adelanta: que el presidente de entonces y sus consejeros son responsables de una gestión que costó millones a los canarios. La maniobra de desviar la atención hacia una supuesta conspiración solo busca restar credibilidad a esas conclusiones antes de que vean la luz. Pero los hechos son claros y las investigaciones judiciales continúan. Aclararán si el Gobierno de Torres, durante la mayor crisis sanitaria de nuestra historia, adjudicó contratos millonarios sin control suficiente, permitió intermediaciones dudosas y trató de eludir responsabilidades cuando la verdad empezó a salir a la superficie. Ese, y no otro, es el problema que Torres y su partido no quieren afrontar.
