Manual de indignación
Francisco Pomares
La difusión de una conversación privada del fallecido obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha desatado una indignación tan airada como, a mi juicio, poco matizada. Quizá porque en este asunto convendría distinguir, entre planos distintos que se han mezclado con cierta precipitación.
En la grabación hay, claramente, cuestiones diferentes. La primera tiene que ver con el reconocimiento del obispo a prácticas de la Iglesia en el pasado: el ocultamiento de abusos contra menores dentro de la Iglesia por parte de jerarquías anteriores. Lo que el obispo reconoce en esa conversación privada con un hombre que denunció abusos siendo niño no es, en esencia, distinto de lo que llevamos años escuchando -y condenando- en el debate público. La Iglesia, durante décadas, gestionó estos casos desde el silencio, el traslado de los curas pederastas y la ocultación. Es un hecho documentado, investigado y asumido hace pocos años por la propia jerarquía eclesiástica.
¿Dónde está, entonces, la novedad escandalosa? ¿En que un obispo reconozca en privado esas prácticas? ¿O en que no las reconociera en público con la misma claridad? Sin duda, lo que resulta criticable del comportamiento del obispo Bernardo es lo segundo. Pero convertir lo primero en motivo de indignación resulta, cuanto menos, discutible. La conversación grabada por la víctima en su entrevista con el obispo, y difundida ahora, no implica una admisión de conducta propia reprobable. Lo que hay es un reconocimiento -tardío, desde luego, pero reconocimiento al fin- de una práctica estructural que todos sabemos que existió, que está documentada, y que la Iglesia generalizó durante décadas en todas partes. Exigir ahora una suerte de pureza retrospectiva, escandalizarnos por la constatación de lo que fue durante décadas una realidad conocida, nos coloca en una posición tramposa: la de juzgar el pasado con los estándares del presente, sin asumir antes que ese mismo pasado fue tolerado y encubierto socialmente durante demasiado tiempo. Es el mismo impulso que lleva a derribar estatuas para tranquilizar conciencias, como si el problema fuera la memoria y no lo que hicimos -o dejamos de hacer- en su momento. Es cierto que el pasado es un país extranjero, pero este pasado de abusos y ocultaciones está demasiado cerca como para endosar toda la responsabilidad a unos pocos culpables, obviando con hipocresía la red de complicidades y silencios que acompañó los abusos contra miles de niños y jóvenes durante tantos años.
Otra cosa distinta es el segundo plano de la polémica. Ahí sí hay materia muy delicada. El obispo sostuvo públicamente, en declaraciones al periódico La Opinión, que había sufrido provocaciones por parte de jóvenes de 14 años. Sin duda, las provocaciones existen en todos los ámbitos de la vida, pero en el contexto de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, esa idea resulta profundamente problemática: introduce, aunque sea de forma indirecta, un elemento de justificación. Y eso no es admisible. La cuestión nunca ha sido si existe o no provocación -un argumento, por cierto, recurrente en otros ámbitos como la violencia de género-, sino cómo responde quien ostenta la responsabilidad y el poder. Y en el caso de un sacerdote, de un maestro, de un padre o un tutor, esa responsabilidad es absoluta.
No se puede trasladar ni una mínima parte de la carga al menor. No se puede sugerir que existe un contexto que explique conductas que son, en esencia, abusos de poder. Porque eso es lo que han sido, en la inmensa mayoría de los casos documentados: abusos cometidos desde una posición de autoridad, confianza y superioridad moral. Que pueda existir algún caso aislado de conducta provocadora por parte de un menor no altera en nada la realidad de fondo. Introducir el matiz de la provocación, en este contexto, confunde. Peor aún, puede interpretarse como una forma de diluir responsabilidades.
Y luego hay un tercer elemento, el judicial, que supone una paradoja evidente: llevar ahora este asunto a los tribunales es una idiotez: no se puede juzgar a alguien fallecido. No se puede investigar con garantías a quien no puede defenderse, ni aspirar a una condena que, por definición, es imposible. Entonces, ¿qué se busca exactamente? ¿Justicia y reparación, o escándalo y relato? El riesgo es convertir la denuncia y persecución de los abusos sexuales en un ejercicio de agitación simbólica, más orientado a la exposición pública que a la solución de los problemas.
Plantear dudas sobre la impostación del escándalo no debe interpretarse como una minimización de la gravedad de la pederastia en la Iglesia. Más bien se trata de todo lo contrario: de abordar los abusos a menores cometidos por sacerdotes, y ocultados por la Iglesia, con rigor, sin simplificaciones y sin caer en esa indignación automática y fácil que tantas veces sustituye hoy el análisis de los hechos.
Porque si todo es escándalo, nada lo es. Y si no distinguimos entre reconocer un problema estructural del pasado y justificar conductas inaceptables hoy, corremos el riesgo de perder de vista lo esencial. Y lo esencial siguen siendo las víctimas. No las grabaciones. Ni la indignación. Ni el ruido.
