Más empleo público, peores servicios

Francisco Pomares

Los Gobiernos y sindicatos suelen negar que en Canarias exista un crecimiento desaforado del empleo público. La coartada siempre es la misma: nuestras competencias en Sanidad y Educación, la necesidad de reforzar servicios básicos, la demanda social tras la pandemia. Hoy los datos ya no permiten seguir negando lo que es evidente: la plantilla autonómica es un 22,5 por ciento mayor que antes del covid, pasando de unos 62.000 empleados en 2019 a más de 75.000 en 2025. Y si contamos todo el entramado de empresas públicas, fundaciones, consorcios y contratados de refuerzo, la cifra asciende a 94.400 personas. Una cantidad que coloca a Canarias entre las comunidades donde más rápido crece el empleo vinculado a la administración.

Ese aumento tiene traducción directa en el presupuesto: este año el Gobierno regional destinará 4.691 millones de euros a pagar nóminas, lo que representa el 38 por ciento del gasto público. Solo en Sanidad, las retribuciones han subido en 150 millones. Si además añadimos los empleados de cabildos y ayuntamientos (42.871) y los de la Administración del Estado en las Islas (26.702), el total de asalariados públicos en Canarias roza ya los 173.615 trabajadores. En otras palabras: casi uno de cada cinco ocupados en el Archipiélago cobra una nómina pública. La pagamos todos.

La pregunta, claro, es si con semejante despliegue de medios y personal los ciudadanos perciben mejores servicios. La respuesta no es alentadora. Puede entenderse el refuerzo en Sanidad, un sector golpeado por la pandemia, con plantillas históricamente deficitarias, envejecimiento constante de la población y nuevas demandas asistenciales. Pero resulta mucho más difícil justificar el crecimiento en Educación, donde la caída demográfica debería haber frenado la contratación. Menos alumnos, más profesores: la ecuación se sostiene únicamente por criterios políticos y sindicales, no por necesidades objetivas.

El problema no es sólo que haya demasiado empleado públicos –y lo hay, sin duda- , el problema es que los servicios no mejoran.  El ciudadano percibe largas listas de espera, burocracia paralizante, colapso en lo social y una Educación incapaz de revertir las tasas de fracaso escolar. Es decir: más gasto, pero resultados muy mediocres. Y con un añadido preocupante: en la administración canaria el abstencionismo y la baja productividad son males estructurales. Y rara vez se afrontan.

El crecimiento del sector público también tiene un coste económico evidente: cada euro destinado a mantener plantillas es un euro que se detrae de la inversión productiva. En una economía como la canaria, donde el tejido privado es frágil y dependiente del turismo, la expansión sin freno de la administración supone tensionar las cuentas públicas y reducir el margen para impulsar sectores alternativos. Dicho de otra manera: es del bolsillo de la gente de donde sale todo. Conviene recordarlo.

La estadística nacional confirma la tendencia: desde 2019 el empleo público en la administración regional ha crecido hasta rozar los dos millones de trabajadores en el país. Eso supone el 62 por ciento del total del sector público. La diferencia es que en otras regiones el incremento ha sido moderado, mientras en Canarias corremos cada vez más y más rápido. Tarde o temprano, eso tendrá consecuencias. Y no serán buenas.

Hoy ni siquiera conocemos el alcance real del fenómeno. Los datos oficiales del Ministerio o de la EPA ofrecen una foto incompleta, parcial. El peso de la contratación en empresas municipales, organismos consorciados o entidades instrumentales no está claro. Pero todo apunta a que la cifra final de empleados públicos es incluso mayor de lo que hoy creemos saber. El sistema autonómico, más cabildos y ayuntamientos, ha creado un entramado donde el control y la transparencia son muy escasos.

Si uno intenta hacer un pronóstico, la conclusión no es optimista. Rozamos ya la quinta parte de la población activa trabajando para la administración, en una sociedad donde los servicios públicos no gozan precisamente de buena reputación. El riesgo es evidente: consolidar un modelo cada vez más caro y menos eficaz, sostenido por la inercia del gasto y por la incapacidad política de decir basta y ponerle el cascabel al gato. Es cierto que el empleo público ha servido de salvavidas durante la pandemia y en tiempos de crisis. Pero lo que pudo ser coyuntural se ha convertido en tendencia fija. Y eso nos obliga a preguntarnos si el sistema es sostenible: una administración que crece más rápido que la economía que la sostiene está destinada al colapso, o al menos a la frustración de sus ciudadanos.  No se trata de señalar a nadie, sino de exigir que el trabajo público nos rinda mejores servicios. Controlar la eficacia de las políticas, medir el rendimiento, afrontar el problema del absentismo, evaluar resultados. Y, sobre todo, recordar que cada plaza, cada contratación, cada subida de nómina, se paga con el esfuerzo de quienes generan riqueza en el sector privado. Canarias ha engordado su administración como nunca. El reto es hacer que lo que tenemos funcione.