Más Estado, menos sociedad, menos libertad

Antonio Salazar

En apenas unas semanas, el Gobierno ha decidido abrir tres frentes contra la actividad privada: vivienda, formación profesional y ahora sanidad. No se trata de episodios aislados, sino de una pauta reconocible. Allí donde existe colaboración, iniciativa empresarial o margen para la gestión no estrictamente administrativa, se activa el reflejo de la restricción.

Primero fue la vivienda. Con nuevos controles, amenazas regulatorias y una narrativa que convierte al propietario en sospechoso habitual, el Ejecutivo ha optado por estrechar la oferta en lugar de ampliarla. El resultado es conocido: menos incentivos para construir, menos vivienda en alquiler y más inseguridad jurídica en un mercado ya tensionado, y un punto de partida errado, dado que el propio presidente, dizque doctor en Economía, dice que el mercado (¿qué mercado, si solo hay intervención?) no funciona.

Después llegó la formación profesional. En lugar de reforzar la cooperación con empresas que acogen alumnos, forman trabajadores y ajustan los programas a la demanda real del mercado laboral, se anuncian nuevas restricciones con una visión más centralizada del sistema. Se habla mucho de empleabilidad, pero se desconfía de quienes crean empleo.

Y ahora la sanidad. El anteproyecto que limita los conciertos hospitalarios y estrecha la colaboración público-privada se presenta como una defensa de lo público. En realidad, es una restricción preventiva frente a cualquier fórmula que no sea la gestión directa. No se evalúa si un modelo concreto reduce listas de espera, mejora resultados clínicos o contiene costes. Se parte de la premisa de que lo privado es, por definición, sospechoso.

Sin embargo, el sistema sanitario español es diverso por historia y por necesidad. Existen hospitales de gestión directa, fundaciones sin ánimo de lucro integradas en la red pública, conciertos parciales que alivian demoras y modelos concesionales que han funcionado con resultados dispares. Esa pluralidad no es una anomalía: es una herramienta para aprender qué funciona mejor.

Limitar de forma general esa diversidad equivale a empobrecer el sistema. Cuando se cierran vías de colaboración no se fortalece automáticamente la red pública; se reduce el margen para comparar, corregir y mejorar. En estructuras complejas, la competencia organizativa es una forma de obtener información. Sin ella, las decisiones se vuelven más rígidas y más dependientes del criterio político.

Lo preocupante no es solo la norma concreta, sino la tendencia. El mensaje implícito es claro: no les gusta la iniciativa privada, y no solo porque se hayan dedicado a incrementar las plantillas públicas en más de medio millón de funcionarios; también legislan para que cada vez haya menos actividad privada, sin reparar en que no es adversaria del interés general.

Convertir cada colaboración en una sospecha ideológica puede resultar rentable de cara a su parroquia, pero no está claro que lo sea para los ciudadanos que esperan una vivienda accesible, una formación útil o una intervención quirúrgica a tiempo.