Más estado significa más corrupción

Antonio Salazar

La corrupción suele abordarse en España como un problema moral. Se habla de políticos deshonestos, de ambición personal o de degradación ética. Todo eso influye, por supuesto. Pero quizá la pregunta importante no sea por qué existen personas corruptas -algo que ha acompañado siempre a cualquier sociedad humana-, sino por qué determinados sistemas multiplican las oportunidades para que la corrupción florezca.

Ahí resulta especialmente útil la escuela de la Public Choice, sorprendentemente poco estudiada en España pese a su enorme influencia internacional. Autores como James M. Buchanan, Gordon Tullock o Gary Becker introdujeron una idea incómoda para buena parte del pensamiento político europeo: los actores públicos también responden a incentivos.

El político busca votos y permanencia en el poder. El burócrata tiende a ampliar competencias y presupuesto. Los grupos de presión intentan obtener ventajas regulatorias. Las empresas buscan contratos, subvenciones o protección normativa. Exactamente igual que en el mercado, donde las empresas maximizan beneficios, las personas reaccionan a estímulos y buscan maximizar resultados, así sean votos, competencias o lucro. La diferencia es que, en política, se gestiona dinero ajeno y se ejerce poder coercitivo, el mercado es voluntario.

Eso cambia por completo la forma de entender la corrupción. Ya no aparece solo como una anomalía provocada por “manzanas podridas”, sino como una consecuencia bastante previsible cuando el poder político concentra cada vez más capacidad económica y regulatoria.

España ofrece un terreno especialmente fértil para observar este fenómeno. Décadas de crecimiento administrativo han generado una compleja red de organismos, empresas públicas, consorcios, observatorios, fundaciones, subvenciones y estructuras paralelas cuya utilidad real muchas veces resulta difícil de evaluar. Cuanto mayor es esa red, mayor es también el espacio susceptible de captura política o clientelar.

El problema no afecta únicamente a los casos de corrupción judicialmente condenados. Existe además una corrupción más difusa y estructural: medios dependientes de publicidad institucional, asociaciones convertidas en receptoras permanentes de ayudas públicas, empresas cuya rentabilidad depende más de su relación con la administración que de su capacidad competitiva, o sectores enteros pendientes del BOE para sobrevivir.

La etapa de José Luis Rodríguez Zapatero simbolizó bien esa tendencia a considerar que cualquier problema social debía encontrar respuesta en una ampliación constante del aparato público. Pero sería ingenuo reducir el fenómeno a un solo gobierno o partido. La lógica expansiva del estado atraviesa desde hace décadas buena parte de la política española.

La Public Choice ayuda precisamente a comprender que el problema no reside únicamente en quién ocupa el poder, sino en cuánto poder económico y regulatorio se concentra en él. Porque cuanto mayor es el perímetro del estado, mayor es también el incentivo para capturarlo.

Y cuando demasiadas actividades dependen de decisiones políticas, la corrupción deja de ser una excepción escandalosa para convertirse en una tentación permanente del sistema.