Más madera
Francisco Pomares
La escena es una de las más conocidas de la historia del cine: cuando la locomotora se queda sin carbón, los hermanos Marx -al grito de “más madera”- arrancan puertas y ventanas y la propia estructura de los vagones para alimentarla. Es también una metáfora política: que los hay dispuestos a quemar las instituciones, solo para avanzar un poco más.
Vayamos por partes: la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y obligarla a comparecer periódicamente ante el juzgado resulta difícilmente comprensible después de más de dos años de instrucción sin que el magistrado considerara necesario adoptar medida cautelar alguna. Durante todo ese tiempo no se mencionó el riesgo de fuga, y no parece existir tampoco ahora. Menos aun cuando la instrucción ya ha concluido y las pruebas han sido incorporadas al procedimiento. Más sorprendente aún resulta el peregrino argumento utilizado para justificar la medida: que los agentes encargados de la seguridad de Begoña pudieran colaborar en su huida. Es una insinuación grave formulada por un juez en un auto sin aportar un solo indicio que la respalde. Una acusación contra funcionarios públicos cuya profesionalidad se pone en duda porque resulta conveniente para apuntalar una resolución judicial.
Es una extralimitación difícil de justificar. La independencia judicial no significa inmunidad frente al error ni autorización para actuar de manera arbitraria. Los jueces están protegidos frente a las presiones políticas precisamente porque deben actuar sometidos a la ley y a los principios de imparcialidad que garantizan la confianza de los ciudadanos en el sistema. Cuando un juez se pone creativo y proyecta dudas más que razonables sobre su objetividad, el Poder Judicial no puede permanecer indiferente.
Pero también conviene separar el grano de la paja: una decisión cautelar discutible no convierte en inocente a la persona investigada. Un desmán judicial no borra los hechos que han dado origen a una causa penal. Y el núcleo del caso Begoña sigue ahí. Lo que se discutirá en el juicio no es si la esposa del presidente tenía o no derecho a desarrollar actividades profesionales o académicas. Lo que debe determinarse es si utilizó la posición privilegiada derivada de su relación con el presidente del Gobierno para construir una red de influencia propia, obtener apoyos empresariales públicos y privados o emplear recursos públicos para favorecer sus proyectos particulares.
Averiguar si la mujer del presidente mantuvo relaciones con empresas reguladas o contratistas del Estado, firmó cartas de recomendación, utilizó personal público en actividades privadas y buscó la participación de compañías interesadas en mantener buenas relaciones con el Gobierno… ése es el corazón de la causa. Y es una cuestión lo bastante seria como para merecer una respuesta judicial rigurosa, alejada tanto de la condena anticipada como de la absolución preventiva. Por desgracia. Hace años que este asunto dejó de ser exclusivamente judicial. De hecho, la crisis entre el Gobierno y el poder judicial comenzó precisamente con la imputación de Begoña. Fue entonces cuando Sánchez decidió transformar una investigación penal en un conflicto político de alcance nacional. Su ‘carta a la ciudadanía’ dio inicio a una estrategia dirigida a presentar cualquier actuación judicial como una agresión contra él y su familia y, por extensión, contra el proyecto político que representa.
Los excesos del último auto de Peinado ofrecen ahora un combustible inesperado para sostener esa estrategia, aunque el juez que ha firmado la resolución, ni siquiera participará en el juicio. Se jubila dentro de pocas semanas. Pero sus errores desempeñarán sin duda un papel político mucho más relevante que sus aciertos.
El sanchismo necesita movilizar a una izquierda castigada por una sucesión de escándalos que ha erosionado gravemente su discurso moral. El ‘caso Zapatero’ ha golpeado uno de sus principales referentes históricos y las causas por corrupción vinculadas al entorno del PSOE continúan acumulándose. El desgaste es evidente. En ese contexto, el juicio a Begoña representa una oportunidad extraordinaria para sustituir el debate sobre los hechos por un debate sobre la persecución.
La operación que se prepara es un plebiscito emocional, al que Peinado ha prestado el combustible: no discutir si existió tráfico de influencias, aprovechamiento de posición institucional o utilización de recursos públicos, sino votar por Sánchez o contra Sánchez. Elegir entre democracia o conspiración judicial, entre proteger a una familia acosada o colaborar con el derribo del Gobierno.
Quemar los vagones permite avanzar un tiempo, sin duda. Pero cuando el tren llega por fin a su destino, ya no lleva nada que merezca la pena detrás.
