Mercosur: el miedo organizado
Francisco Pomares
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se ha convertido en España en una excusa perfecta para volver a escuchar un viejo repertorio: el campo como víctima indefensa, Bruselas como amenaza lejana y el comercio internacional como sinónimo de ruina. Se ha hablado de “destrucción” de la agricultura, de competencia desleal sin freno y de abandono institucional. Un horizonte de terror, hasta que uno abandona el eslogan, entra en el texto del acuerdo, y el relato se desmorona.
Mercosur no es una improvisación. Es el resultado de más de veinte años de negociación y el mayor acuerdo interregional firmado nunca por la Unión Europea. Supone abrir un mercado de más de 700 millones de consumidores, reducir en más de un 90 por ciento los aranceles y ofrecer a Europa –y a España– una vía de diversificación comercial en un mundo cada vez más proteccionista y mangoneado por Trump. Y, sin embargo, en el debate público apenas se habla de lo que España gana, mientras se exagera hasta el paroxismo lo que supuestamente pierde.
Los datos son claros. En España, uno de cada siete empleos depende del comercio exterior. El acuerdo con Mercosur permitirá que las exportaciones españolas crezcan en torno a un 37por ciento, con un impacto positivo en el PIB y la creación de 22.000 empleos. Se eliminan aranceles que hoy llegan hasta el 55 por ciento en productos agroalimentarios y se protege legalmente el mayor activo del campo español: sus 59 denominaciones de origen, blindadas frente a imitaciones en América del Sur. Pero nada de eso suele aparecer en los comunicados apocalípticos.
El núcleo del malestar es sin duda el peligro que el acuerdo supone para la agricultura, pero incluso ahí el discurso dominante resulta difícil de sostener: Mercosur no abre las puertas de par en par a las importaciones agrícolas del Cono Sur. Los productos sensibles –vacuno, aves, porcino, azúcar, arroz– están sujetos a contingentes estrictamente limitados, que representan entre el 0,1 y el 1,5 por ciento del consumo o producción europea. Además, esos cupos se introducen de forma gradual durante varios años. No hay avalanchas, ni inundaciones de producto barato: en muchos casos se trata solo de ordenar flujos comerciales que ya existen.
A esto se añade un elemento que suele ignorarse de manera interesada: el reglamento de Salvaguardas aprobado por la Unión Europea no es una declaración de intenciones, sino un mecanismo jurídico vinculante: si las importaciones aumentaran más de un 5 por ciento o los precios cayeran ese 5 por ciento respecto a la media reciente, la Comisión puede reactivar aranceles en un plazo máximo de 21 días. Automáticamente. Sin discrecionalidad política. Quien dice que el campo queda indefenso, o no ha leído el texto o prefiere no hacerlo.
Tampoco es cierto que Mercosur permita la entrada de productos sin controles: el acuerdo refuerza el principio de reciprocidad. Los alimentos importados deberán cumplir estándares sanitarios, ambientales, laborales y de bienestar animal equiparables a los europeos. Y se suma el reglamento contra la deforestación, que exige trazabilidad y excluye los productos ligados a prácticas ilegales. La idea de una competencia salvaje y sin reglas pertenece más a la propaganda que a la realidad jurídica.
El caso de Canarias es todavía más revelador del exceso retórico. Nuestro plátano, emblema del miedo recurrente, no corre ningún riesgo real: Brasil es un actor marginal en el mercado europeo, produce básicamente para consumo interno y apenas representa el 0,05 por ciento de las importaciones comunitarias. En cuanto al pollo, habría que recordar que la mayor parte del que ya se consume en Canarias procede de Brasil desde hace años, sin que ello haya provocado ni colapsos de precios ni quiebras masivas. Mercosur no introduce un producto nuevo; regula uno que ya está en el mercado.
Aquí se precisa más honestidad intelectual. El modelo que ahora muchos agricultores dicen defender –protección, ayudas, salvaguardias y compensaciones– es exactamente el que ha permitido sostener durante décadas a la agricultura canaria y europea gracias a la Política Agraria Común. Una política financiada por contribuyentes de países centroeuropeos que podrían haberse negado perfectamente a sostenerla. Pedir protección eterna y, al mismo tiempo, rechazar cualquier acuerdo comercial es una contradicción difícil de explicar.
El campo español –y el canario- tienen problemas reales. Y graves: costes energéticos, burocracia, distribución desigual del valor, presión fiscal, relevo generacional. Pero culpar a Mercosur de todos ellos es pura coartada, no la solución. El acuerdo ofrece instrumentos para adaptarse, fondos de crisis, salvaguardias y tiempo. Lo que no ofrece –ni puede hacerlo- es la congelación del mundo. Mercosur no es el enemigo de los agricultores españoles o canarios. El verdadero riesgo es convertir el miedo en política económica, renunciar a crecer, a vender más y a competir mejor, mientras otros países firman acuerdos y ocupan los mercados que nosotros decidimos abandonar. Abrirse no es destruirse. Querer vivir eternamente de espaldas al comercio, sí puede serlo.
