“No voy a contestar”
Francisco Pomares
“No voy a contestar”. La frase fue repetida tantas veces durante la comparecencia de Manuel Aarón Fajardo ante la comisión de investigación del Senado, que acabó convirtiéndose en la única información relevante de toda su intervención. El hijo del senador conejero Fajardo Palarea no quiso contestar absolutamente a nada. Ni siquiera aclaró su relación con Zapatero, ni explicó su función en el entorno del expresidente. No respondió a ninguna pregunta: ni sobre Plus Ultra, ni sobre sus gestiones en Venezuela, ni sobre los mensajes que lo sitúan como pieza clave en la red de contactos investigada por el juez Calama. Manuel Aarón no negó nada. No confirmó nada. Simplemente prefirió callar.
Está en su derecho, desde luego. Como lo estuvo Víctor de Aldama cuando compareció ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre el caso mascarillas y optó por no decir ni pío. Los diputados socialistas lo pudieron entonces a caer de un burro. Entonces les pareció pertinente hacerlo.
Es cierto que el derecho a no declarar contra uno mismo forma parte de las garantías esenciales en cualquier democracia digna de ser reconocida. Pero existe una diferencia crucial entre acogerse al derecho al silencio y pretender que ampararse en ese silencio no tenga consecuencias políticas o morales. Por supuesto que las tiene: el silencio protege frente a los tribunales, pero no protege necesariamente frente a la sospecha.
Resulta llamativo que los mismos que durante años han exigido transparencia absoluta a gobiernos, empresarios, jueces, periodistas y adversarios políticos descubran ahora las virtudes del mutismo. Forma parte de una estrategia que empieza a convertirse en constante alrededor del expresidente Zapatero.
Cuando Calama le preguntó por el origen de las joyas encontradas en su despacho, tampoco ofreció Zapatero explicación alguna. Ahora, mientras avanza la investigación sobre Plus Ultra y sus actividades en Venezuela, su principal línea de defensa conocida no consiste en desmontar las acusaciones o explicar los hechos que se investigan. Consiste en cuestionar la validez de las pruebas que dieron origen a la causa.
También en eso está Zapatero en su derecho. Un abogado competente no renunciaría jamás a excluir del procedimiento una prueba obtenida de forma irregular. Las garantías procesales existen precisamente para eso. Pero aquí lo que llama la atención no es la pertinente utilización del mecanismo que permita buscar la nulidad. Lo sorprendente es que la izquierda asuma con normalidad –no ocurrió así con el silencio de Aldama en Teobaldo Power- que la discusión pública a la que quiere aferrarse el faro moral de la progresía, pretenda centrarse en impedir que las conversaciones en los chats de los mandamases de Plus Ultra sean tenidas en cuenta por el tribunal, más que en intentar explicar qué fue lo que ocurrió realmente.
Políticamente, la estrategia del silencio transmite la percepción de que Zapatero necesita ocultar lo que paso. El ciudadano corriente espera que quien se proclama inocente pelee por demostrarlo. Espera explicaciones, argumentos, documentos o aclaraciones. Y lo que ha encontrado hasta ahora -mientras se le pide un acto de fe en la reencarnación de Bambi- es una sucesión de silencios, recursos procesales y rechazo a responder por parte de los presuntos implicados.
Como paradoja, resulta difícil de ignorar. Cuando Aldama guardó silencio, los mismos que hoy acompañan a Zapatero y su delegado en Caracas, lo interpretaron como un indicio de que el corruptor tenía mucho que ocultar. Los que hoy se enfrentan a la sospecha hacen exactamente lo mismo, pero nos piden que su negativa a hablar sea considerado una demostración de prudencia jurídica. La vara de medir mide de forma desigual según quién ocupe el banquillo.
Pero el silencio acaba siendo contagioso. Calla el bussinesman Fajardo. Calla Zapatero. Y calla también un presidente del Gobierno que sigue reclamando una confianza cada vez más difícil de conceder. Sánchez sigue decidido a respaldar públicamente a su antecesor y presentarlo como víctima de una persecución política y judicial. Pero lo que no ha hecho es responder a ninguna de las preguntas que inquietan a la opinión pública: no ha explicado por qué una persona de la que se espera ejemplaridad se refugia en el silencio, no ha explicado por qué su entorno más próximo evita responder cualquier pregunta, ni por qué su defensa se centra en expulsar pruebas del procedimiento.
Quizá responda hoy en el Congreso. O no, y siga hablándonos del calor y la fogalera que hace. Y en eso tiene toda la razón: es como si la legislatura estuviera ya completamente achicharrada.
