Non Plus Ultra
Francisco Pomares
Desde hace ya casi un año, cuando el Gobierno Sánchez recibió la advertencia europea de que hay líneas que no se deben pasar, y la independencia de la Justicia es una de ellas, la tensión entre el Gobierno y las instancias judiciales no ha hecho sino crecer. Tiene uno la impresión de que este Gobierno no lleva demasiado bien eso de la separación de poderes, no acepta con deportividad que los jueces paralicen decisiones suyas, o declaren improcedentes –a veces ya sin consecuencia práctica alguna- decisiones que el ejecutivo ha ido adoptando en relación con la lucha contra la pandemia. La sentencia del Constitucional, considerando ilegal actuaciones del Ejecutivo amparadas bajo la declaración del Estado de Alarma, llegó a provocar respuestas atrabiliarias del Gobierno y los partidos que lo apoyan, rechazando la sentencia por considerarla inédita, o acusando al Constitucional de politización, ¡valiente descubrimiento! Porque esa percepción –la de politización creciente de los tribunales-, la comparten ya la mayoría de los españoles.
Pero no parece que cambiar a los jueces que la izquierda califica de conservadores por jueces que la izquierda califica de progresistas vaya a acabar con la politización de la Justicia. Probablemente lo que ocurre es que quienes denuncien esa politización sean entonces los del bando de la derecha. La tensión entre progubernamentales y antigubernamentales contagia ya a los propios jueces, produciéndose situaciones tan chuscas como los exabruptos del juez Conde-Pumpido contra sus pares del Constitucional, a los que calificó de legos, aunque luego les pidió disculpas con mucho arrepentimiento.
Tanto roce ambiental parece fruto de las medidas que el Gobierno ha ido adoptando en distintos asuntos –la necesidad de demostrar que se enfrentan a la enfermedad, el indulto a los presos independentistas, el préstamo a la compañía Plus Ultra, forzando a veces lo que parece razonable, y pasándose los informes de los órganos consultivos por el mismo refajo. Pero también lo es de un creciente cabreo en los estamentos judiciales por el desparpajo con el que desde el Gobierno se adoptan esas decisiones. Quien crea que los jueces son independientes porque la independencia es un atributo de la carrera, como lo son la toga y las puñetas, están bastante equivocados. Los jueces son seres humanos que interpretan la legalidad de acuerdo con sus conocimientos, pero también en base a criterios doctrinales y convicciones ideológicas. Por eso, instancias como la Comisión Europea son partidarias de que los órganos de dirección del Poder Judicial sean elegidos de forma parcialmente corporativa. No porque el corporativismo sea intrínsecamente bueno (más bien es lo contrario), sino porque aun siendo perverso (el corporativismo) es mejor que dejar a los políticos establecer cerradas e irreconciliables mayorías políticas en los tribunales. Si en Europa lo que se estila es que el 50 por ciento de los órganos judiciales sean elegidos por jueces y el otro 50 por las Cámaras legislativas, es porque se ha constatado que un cierto equilibrio profesional hace más bien que daño.
Ahora, con la juez Collazos ordenando al SEPI no abonar los 34 millones aún pendientes de pagar a la aeronáutica Plus Ultra, básicamente por no encontrar justificación a esa operación de crédito, los partidos del Gobierno han tirado de todos los recursos de que disponen para desacreditar la decisión, entre otros, desatar una campaña contra la ‘oposición’ judicial. «La única que existe», dicen.
Si eso fuera cierto, que los jueces son hoy los únicos capaces de oponerse a los excesos de quienes nos gobiernan, y frenar alguna de sus decisiones, el papel de la justicia sería fundamental para preservar la libertad y evitar la tentación totalitaria que siempre acompaña a quienes gobiernan. Porque es importante que alguien recuerde al que manda que no se debe cruzar más allá: Non Plus Ultra.
