Sábado, 09 May 2026
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Francisco Pomares

Francisco Pomares

 

Una referencia incluida en un informe del Congreso de Estados Unidos —no una resolución formal, pero sí un documento político relevante— sobre la conveniencia de que España y Marruecos dialoguen acerca del “estatus futuro” de Ceuta y Melilla, ha sido despachada con ligereza por el Gobierno de España. Como si se tratara sólo de una excentricidad más del patrón de Washington, una frase impertinente, pero irrelevante.

 

Pero conviene no engañarse: en diplomacia, las palabras nunca son inocentes. Y mucho menos cuando aparecen en documentos oficiales de un país que sigue marcando la temperatura geopolítica global. Que un comité del Congreso estadounidense describa Ceuta y Melilla como ciudades “bajo administración española” situadas “en territorio marroquí” no es un lapsus. Es más bien una señal. Y en política internacional, las señales suelen anticipar movimientos.

 

El contexto en el que se produce esta señal no es tranquilizador. Estados Unidos lleva años reforzando su alianza estratégica con Marruecos, especialmente desde el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental durante la Administración Trump. Rabat ha sabido jugar sus cartas con inteligencia: estabilidad interna, cooperación en materia migratoria, papel creciente en seguridad regional. Y, sobre todo, una política exterior coherente, sostenida en el tiempo, basada en una idea compartida por todo su espectro político: la construcción del llamado “Gran Marruecos”. Esa idea no es una consigna marginal: el ‘Gran Marriecos’ es el elemento estructural definidor del nacionalismo marroquí. Y en ese concepto, Ceuta y Melilla ocupan un lugar central.

 

Por el contrario, España lleva años instalada en una política exterior errática, sometida a bandazos y condicionada por más que obvias necesidades internas de gobernabilidad. El giro sobre el Sáhara, decidido y anunciado por Sánchez sin debate parlamentario ni consenso político, es ejemplo de ese aventurerismo diplomático que confunde la táctica con la estrategia. Se cedió en una cuestión de principios -el derecho de autodeterminación- con la esperanza de estabilizar la relación con Marruecos. Pero las relaciones internacionales no funcionan así. Las concesiones unilaterales rara vez se traducen en estabilidad duradera. Lo que producen en muchos casos, es todo lo contrario: percepción de debilidad. Y la debilidad, en geopolítica, se explota.

 

El movimiento de Washington debe leerse en ese marco. No como una decisión definitiva, pero sí como un indicio de hacia dónde puede evolucionar la posición de EEUU si el contexto lo permite: ¿Estamos ante una respuesta de la Administración Trump por el gasto militar, la OTAN o la posición española sobre China o Israel? Si así fuera, España debería empezar a preocuparse, porque lo que hoy es una mención marginal en un informe, mañana puede convertirse en una línea política integrada en los intereses estratégicos de Estados Unidos y Marruecos.

 

No se trata de alarmismo, sino de cautela: Ceuta y Melilla no son un asunto periférico. Son la frontera sur de España y de Europa. Y también son algo más: la frontera que separa a Canarias de cualquier tentación expansionista en el norte de África. Mientras esas ciudades sigan siendo plazas de soberanía española, el equilibrio geopolítico en la región se mantiene. Si ese equilibrio se resquebraja, las consecuencias no se limitarían al Estrecho, afectarían directamente a Canarias.

 

Este archipiélago no es solo un destino turístico. Es un territorio estratégico en el Atlántico, con una posición clave en las rutas marítimas y en la proyección hacia África occidental. Cualquier alteración del statu quo en el norte de África tendría un impacto inmediato en su estabilidad política, económica y social. Pensar que esto es una exageración es no entender cómo funcionan las dinámicas de poder en la región.

 

Marruecos es un país profundamente nacionalista, con una visión de Estado compartida por todos sus partidos legales. Su política exterior responde a una lógica de largo plazo, en la que las reivindicaciones territoriales forman parte de una narrativa nacional cohesionada, en la que no hay improvisación, ni contradicciones internas. Lo que existe es una estrategia compartida. Es cierto que el riesgo no parece inmediato. Nadie ha planteado –aún- un conflicto a corto plazo. Pero sí existe la posibilidad de que se vayan acumulando movimientos, declaraciones y posicionamientos internacionales que erosionen la posición española. Y cuando eso ocurra, revertir la situación será difícil.

 

Por eso resulta suicida la ligereza con la que se aborda esta cuestión en el debate político nacional. Reducirlo todo a un intercambio de reproches internos, a una batalla de titulares o a una lectura en clave doméstica es irresponsable. España necesita una política exterior coherente, previsible y respaldada por un amplio consenso. Necesita claridad en sus posiciones y firmeza en la defensa de sus intereses. Y necesita, sobre todo, acabar con las bromas y los experimentos en política exterior.

 


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