Ocurre siempre

Francisco Pomares

Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno del lunes, gesticula mientras explica el impacto de la financiación autonómica en Canarias

Una cosa es hablar de “mejoras para todos” en el nuevo sistema de financiación regional, y otra muy distinta comprobar quién gana, quién empata… y quién pierde. Y en este reparto, si alguna vez lo aprueba el Congreso (es poco probable), Canarias va a salir muy mal parada.

La consejera Asián acudirá hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un mensaje difícil de cuestionar: Canarias es la única comunidad autónoma infrafinanciada que no mejora su posición relativa con el nuevo modelo. Mientras otras regiones con problemas estructurales de financiación avanzan hacia la media, Canarias retrocede y se queda en el último puesto del ranking, descontando Navarra y País Vasco, que juegan en otra liga muy distinta.

No hablamos de una diferencia técnica que podría mejorarse, ni de un ajuste discutible entre expertos. Hablamos de que, según los cálculos de la consejera de Hacienda, Canarias pasa de estar financiada en torno al 94 o 95 por ciento de la media estatal, a bajar hasta el 90,4 por ciento. Perdemos la friolera de cinco puntos y nos alejamos del resto de comunidades financiadas por debajo de sus necesidades. A la cola.

Se trata de un retroceso de tal envergadura, que nos devuelve, prácticamente, al escenario previo al sistema de 2009, todavía vigente desde 2014 por pura inercia política. La clave de tal desajuste está en el criterio estrella del nuevo modelo: la llamada población ajustada. Sobre el papel, debería corregir desigualdades. En la práctica, castiga a Canarias. El criterio relativo al coste de la insularidad, lejos de reforzarse -como reclama el Archipiélago hace años-, pierde peso. Pasa de computar de un 0,6 a un 0,5 por ciento. Y se incorporan factores, como los “costes fijos”, cuya concreción es aún bastante opaca, pero que previsiblemente benefician a comunidades extensas y despobladas.

El resultado es demoledor, catastrófico para las islas. Si se repartieran los cerca de 20.000 millones adicionales del sistema de una forma proporcional, Canarias debería recibir alrededor del cinco por ciento del total del aumento, porque Canarias representa alrededor del cinco por ciento de la población española. Sin embargo, apenas se nos reconocen 611 millones: una cifra que no llega ni al tres por ciento. Traducido a términos comprensibles: mientras la media estatal ronda los 450 euros por habitante, Canarias se queda en 270 euros. Faltan 180 euros por canario. Casi mil millones que desaparecen en el nuevo reparto. Y el ministro Torres tiene la desfachatez de pretender vendernos que se trata de un sistema estupendo para Canarias.

A esto se suman dos agravios silenciosos. El primero, que Canarias no se beneficia del traspaso del IVA minorista a las comunidades autónomas porque –sencillamente- no tenemos IVA. Es un rasgo estructural de nuestro REF que, otra vez más, se trasforma en una desventaja cuando se diseñan sistemas pensados para la Península. El segundo, el reparto del fondo climático, del que dos tercios se reservan para las comunidades mediterráneas, dejando a Canarias relegada a compartir el tercio restante con el resto del Estado. Todo esto se produce, además, con unas formas políticamente tóxicas: la arquitectura del modelo se negocia con un partido político concreto –Esquerra Republicana-  y luego se presenta como una propuesta general al conjunto de las regiones. Y se introduce  sin disimulo, el criterio de ordinalidad, creado artificialmente para garantizar que Cataluña no pierda posiciones relativas y salga muy beneficiada del nuevo sistema.

Aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. No estamos ante un modelo pensado para corregir desigualdades territoriales, sino ante un pago político cuidadosamente calibrado para asegurar los apoyos parlamentarios que Sánchez necesita para seguir vegetando en la Presidencia del Gobierno. Para lograrlo, ha diseñado un sistema de financiación que se vende como solidario, pero que en realidad redistribuye recursos en función del poder político de cada territorio.

Canarias vuelve a comprobar una lección que debería tener ya interiorizada: tener sus singularidades reconocidas en la Constitución no es suficiente. Lo que decide los resultados no son los argumentos técnicos, sino la aritmética del Congreso. Y allí las prioridades del Gobierno pasan por contentar a quienes pueden poner en riesgo la legislatura, no a quienes la sostienen sin exigir grandes contrapartidas.

El nuevo sistema no castiga a Canarias por falta de fundamentos jurídicos ni por ausencia de consenso interno. La castiga por su irrelevancia negociadora en Madrid. Mientras otros convierten cada voto en una palanca de poder, Canarias sigue confiando en el diálogo sereno y la buena voluntad, en la esperanza de que alguien tenga en cuenta sus circunstancias reales. Pero la financiación regional no es un ejercicio académico: es poder en estado puro. Cuando hay que repartir, Canarias se queda atrás para que otros cobran más. Ocurre sin ruptura institucional y sin ruido. Pero ocurre siempre.