Omnibus (made in Canarias)

Francisco Pomares

Un decreto ómnibus es un real decreto-ley que agrupa en un solo paquete jurídico -y por tanto una sola votación- diversas medidas que pueden ser de ámbitos muy distintos —por ejemplo, pensiones, transporte, fiscalidad, vivienda— sin que guarden entre sí una relación temática directa. Se trata de una técnica legislativa utilizada frecuentemente por gobiernos con apoyos parlamentarios volátiles, que permite aprobar muchas medidas de forma inmediata, tras su publicación en el BOE, sin pasar por la tramitación parlamentaria habitual como proyectos de ley. Suele emplearse cuando hay necesidad de actuar rápido o cuando el consenso político es difícil de lograr.

Su uso es bastante polémico: tras entrar en vigor, el decreto requiere de aprobación parlamentaria, y eso suele comportar falta de transparencia, confusión en los objetivos y voluntad de forzar a la oposición a elegir entre votar medidas con las que se está de acuerdo, o no votar otras con las que no se está de acuerdo. Además, desde un punto de vista técnico, es frecuente que produzcan legislación deficiente, de mala calidad, al tramitarse con carácter de urgencia medidas que requerirían más reposo y decantación en el trámite legislativo.

Pedro Sánchez ha hecho uso reiterado del decreto ómnibus, con desigual fortuna: a finales de diciembre de 2024, presentó un real decreto-ley ómnibus, con decenas de medidas sociales y económicas, relativas a sectores como pensiones, transporte, vivienda o ayudas frente a la Dana, al mismo tiempo que la subida del salario mínimo, forzando así al PP a elegir entre votar en contra de las ayudas a la Dana o hacerlo a favor del salario mínimo.

El decreto fue rechazado a finales de enero por el Congreso, con el voto d co con el voto del PP, Vox y Junts, y supuso otra humillante derrota para el Gobierno, una nueva demostración de su debilidad parlamentaria.

Entre las medidas que fueron rechazadas, estaban las relativas a las ayudas a La Palma, que Sanchez incorporó hábilmente al ómnibus para garantizarse el voto de Coalición.

Con esos antecedentes no es de extrañar que en la reunión de Lanzarote del lunes pasado, Clavijo le propusiera a Sanchez que presente al Congreso un decreto ómnibus específico con todos los asuntos pendientes que afectan a Canarias, y también se comprometió a buscar los apoyos parlamentarios para que ese decreto resulte aprobado.

Es gratificante la confianza del presidente canario de contar sin problemas con los apoyos para sacar ese decreto ómnibus de contenido canario. Clavijo pretende repetir la operación que cerró con Junts para el decreto de reforma de la ley de Extranjería. La certeza de Clavijo de que contará con apoyos para sacar el decreto es fruto de su percepción de estar situado al margen de la crispación y la polarización que hoy embarga la vida política del país.

En la conversación con Sánchez, Clavijo incluso ofreció la posibilidad de que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias redacten el decreto. Sánchez no aceptó esa oferta ni se comprometió con Clavijo a llevar el decreto ómnibus al Congreso. Se limitó a decir que lo estudiaría.

Eso si, mandó inmediatamente a Ángel Víctor Torres a explicar a los medios lo que se había acordado en la reunión con Clavijo (es decir: nada), y Torres explicó solícitamente que Sánchez estudiará lo del decreto y que todo lo que plantea el Gobierno de Canarias se arreglará de una forma o de otra.

Lo que no dijo es cuando.

Si yo fuera Clavijo esperaría sentado.