Ordinalidad
Francisco Pomares
La foto de Pedro Sánchez recibiendo en la Moncloa a Oriol Junqueras es la escenificación de un cambio de paradigma que afecta al corazón mismo de nuestro modelo territorial. Un presidente del Gobierno estrecha la mano de un dirigente condenado por sedición y malversación -indultado y luego amnistiado por el propio Sánchez, aunque aún inhabilitado- para acordar la cesión anual de 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña en materia de financiación autonómica. No es un gesto baladí, es una decisión política de gran calado, tomada al margen del resto de comunidades y con un objetivo tan transparente como reiterativo: comprar estabilidad parlamentaria a cambio de entregar más dinero público a una de las regiones más ricas del país.
El concepto clave del acuerdo es el llamado criterio de ordinalidad, una vieja aspiración del independentismo catalán. Dicho de forma sencilla, la ordinalidad pretende que las regiones que aportan más recursos al sistema no puedan quedar tras el reparto por debajo de otras en términos de renta o financiación por habitante. En la práctica, esto limita severamente la solidaridad del sistema y lo convierte en un mecanismo tan condicionado, que resulta casi decorativo.
El Gobierno insiste en que esta reforma no rompe el equilibrio territorial y que habrá “más recursos para que todas las regiones sean beneficiadas”. Es el viejo ‘café para todos’ con el que se Sánchez pretende anestesiar la crítica a una decisión abiertamente contraria al espíritu solidario de la Constitución, y al axioma socialista de ayudar más al que más lo precisa. Junqueras, con una franqueza que desvela su absoluto control de la operación, ha desmontado la ficción de que ordinalidad sea compatible con solidaridad. Has recordado que es literalmente imposible tratar por igual a todas las regiones. Y tiene razón, dice la verdad. Lo que no dice -no precisa hacerlo- es que la desigualdad resultante es el objetivo político real de un acuerdo a la desesperada. No es difícil predecir que será lo siguiente que acepte Sánchez. ¿El cupo catalán?
Mientras sus palmeros se desgañitan aplaudiendo a Sánchez, la reacción más dura al acuerdo no ha llegado desde la oposición, sino desde dentro del propio PSOE. Instalado en la absoluta soledad de su predio manchego, Emiliano Garcia-Page ha dicho lo que otros dirigentes territoriales del PSOE piensan, pero nadie se atreve a decir: este pacto modifica de facto el principio constitucional de solidaridad interterritorial y abre una brecha mayor entre regiones ricas y pobres. Supone una alteración sustancial del modelo que permitió durante décadas cohesionar un país profundamente desigual.
Para Canarias, la deriva resulta especialmente preocupante. Nuestro régimen económico y fiscal, nuestra condición ultraperiférica y los sobrecostes estructurales derivados de la insularidad han sido históricamente compensados a través de un sistema que reconocía la necesidad de corregir desigualdades. La ordinalidad va justo en la dirección contraria: consolida la ventaja de quien ya parte en mejor posición y reduce el margen para que Canarias pueda converger en renta, servicios y oportunidades con las regiones ricas. Es llamativo que esta renuncia a la solidaridad se produzca bajo un Gobierno que se define como progresista y un partido –el PSOE- que desde 1975, ha convertido en bandera el principio de redistribución. El mensaje implícito es demoledor: quien tiene votos decisivos en el Congreso cobra; quien no los tiene, puede instalarse en la desesperación. Pero eso va a importarle una higa a un Gobierno al que sólo preocupa seguir a toda costa. La igualdad deja de ser un valor y se convierte en una variable negociable, subordinada a la aritmética parlamentaria.
Sánchez ha otorgado a ERC el derecho a negociar una reforma que condena a todos los ciudadanos españoles, salvo aquellos que viven en Cataluña el País Vasco y Navarra. No ha habido debate multilateral, ni conferencia sectorial, ni intento de consenso en este acuerdo de financiación. La indignidad llega hasta el extremo de negociar con el inhabilitado Junqueras –no es siquiera diputado-, y no con el president catalán, Salvador Illa. Sánchez cierra con los indepes otra negociación bilateral, opaca y asimétrica (signifique eso lo que signifique), mientras su coro ministerial y la cuadra de cargos orgánicos, repite como un mantra que “nadie pierde”. La realidad es que cuando se altera el reparto sin criterios comunes, siempre pierden los territorios con menor capacidad de presión. Sánchez puede seguir negándolo, pero este acuerdo no fortalece a todos: fractura el modelo, legitima el egoísmo territorial y consagra una desigualdad incompatible con cualquier idea mínimamente coherente de justicia social. Que todo esto lo impulse un partido que nació para defender a los más débiles -personas y territorios- no solo es una paradoja histórica. Es una ordinaria canallada.
