Otra forma de corrupción
Francisco Pomares
Pedro Sánchez anunció ayer el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, durante su intervención en la reunión anual del Circulo de Economía de Cataluña.
La corrupción suele evocarnos imágenes bastante concretas. Un empresario entregando sobres con dinero en efectivo, comisiones ilegales, una caja fuerte lleva de joyas, un contrato amañado, un político mediando en el cobro de facturas o utilizando su posición para enriquecerse. Son conductas que pueden investigarse, juzgarse y castigarse. Constituyen delitos con nombres tipificados en el Código Penal, que ocupan las portadas y los telediarios durante semanas.
Pero existen otras formas de corrupción mucho más difíciles de perseguir, las que se presentan amparadas bajo los ropajes de la normalidad institucional. Casi nunca dan lugar a procedimientos judiciales, ni acaba necesariamente con nadie sentado en el banquillo. Sin embargo, pueden resultar igual o más dañinas para la salud pública y la justicia social que la corrupción de siempre. Me refiero a esa forma de corrupción que consistente en utilizar los recursos de todos, exclusivamente para garantizar la supervivencia política de unos pocos.
El presidente Sánchez ofreció ayer una demostración extraordinariamente transparente de esa práctica durante su intervención ante el Círculo de Economía de Cataluña. No fue a hablar a los empresarios catalanes para presentar un proyecto nacional, o a explicar una estrategia para hacer frente a los desafíos económicos del país. Sánchez no se conforma con vender a los empresarios sus decisiones políticas, sus indultos imposibles, su amnistía que jamás llegaría a ser, o esa llamada ‘agenda del reencuentro’ que consiste en satisfacer progresivamente las exigencias de quienes protagonizaron el mayor desafío al orden constitucional desde el golpe del 23-F. Sánchez no fue a hablarles de eso a los empresarios. Fue a decirles lo que querían escuchar: compareció para exhibir ante la élite empresarial barcelonesa el catálogo de ventajas que Cataluña ha obtenido y obtendrá gracias a la actual mayoría parlamentaria.
La relación es impresionante: en lo que va de legislatura -según explicó el propio Sánchez- Cataluña ha recibido 60.700 millones de euros más que durante el periodo anterior, con un incremento de más del 50 por ciento A eso se sumarán los beneficios de la reforma de la financiación autonómica, y la famosa quita de deuda regional, por valor de 83.000 millones. También la cesión del control mayoritario del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Toda una sucesión de ventajas fiscales y económicas para una de las regiones ricas del país, que se paga con el dinero que no recibirán las regiones más pobres. El mensaje fue cristalino: miren todo lo que hemos conseguido para ustedes.
La pregunta inevitable es si eso habría ocurrido si Junts y Esquerra no fueran piezas imprescindibles para mantener a Sánchez en la Moncloa. Y la respuesta es obvia: no, no habría pasado. Resulta difícil creer que semejante acumulación de concesiones responda únicamente a criterios de justicia territorial o de eficiencia económica. Sobre todo, cuando el caminar de la perrita se observa desde regiones como Canarias. Aquí seguimos reclamando soluciones para una emergencia migratoria que el Estado no afronta, seguimos esperando una financiación autonómica que tenga en cuenta nuestra condición ultraperiférica, soportamos una crisis de vivienda que amenaza con expulsar a miles de jóvenes del mercado residencial. Seguimos discutiendo infraestructuras pendientes, ayudas insuficientes y compromisos incumplidos. Pero la única diputada de obediencia canaria en el Congreso no es imprescindible para la supervivencia del Gobierno. Los Diputados de Junts y de Esquerra sí lo son.
Estar dispuesto a sostener al Gobierno ocurra lo que ocurra, se ha convertido hoy en el principal criterio de distribución de las atenciones del Estado. Sánchez asegura con inenarrable cinismo que todas estas medidas responden a la necesidad de garantizar la convivencia. Nos habla de diálogo, reconciliación y estabilidad institucional. Son palabras hermosas. Y también son mentira.
La estabilidad que se compra empobreciendo al sur -a los territorios y ciudadanos que más necesitan ser apoyados por el Estado-, no es la del país, es la del Gobierno. Sánchez gobierna sin presupuestos, ha convertido en habitual una situación excepcional, que apenas hace un par de años habría tumbado al Gobierno. Incapaz de reunir la mayoría estable necesaria para aprobar las cuentas públicas, Sánchez aparece anunciando otra vez unos presupuestos sociales, ahora para 2027.
Cuando el interés general queda subordinado a supervivencia del poder, cuando los recursos públicos se convierten en moneda de cambio para prolongar una legislatura inútil e indecente, quizá estemos ante una forma elegante de corrupción. Es la más peligrosa: atenta directamente contra la justicia y la solidaridad, y no precisa siquiera ocultarse.
