Otro cero: no hay luz para tanta gente

Francisco Pomares

La Palma volvió a quedarse ayer sin electricidad. Otra isla entera a oscuras y otra mañana pendiente de que los técnicos consiguieran levantar un sistema que debería estar preparado para resistir una avería sin venirse abajo. El suministro acabó recuperándose, como siempre, y además esta vez se hizo rápido. Lo que cuesta más es recuperar la confianza en unas infraestructuras cuya fragilidad conocemos. Después de una docena de grandes ceros en los últimos años, resulta ridículo seguir hablando de episodios excepcionales. Una tormenta puede provocar una avería. Un equipo puede fallar. Lo inasumible es la facilidad con la que una incidencia termina arrastrando todo el sistema. También la reiteración de esos colapsos y la lentitud con la que llegan las medidas para evitarlos. Canarias tiene unas condiciones particulares, conocidas desde mucho antes de que se inventara la expresión transición energética. La insularidad obliga a disponer de mayores garantías y capacidad de respuesta. Porque estamos aislados, deberíamos estar mejor preparados.

Canarias cuenta con cinco sistemas eléctricos independientes. En la Península, una incidencia puede compensarse con generación y conexiones situadas a cientos de kilómetros. Aquí cada sistema necesita capacidad para sostenerse, contener las averías y evitar que el fallo de una instalación deje sin servicio a toda la población. Decir eso no constituye un descubrimiento. Tampoco lo es el envejecimiento de los equipos, ni los problemas de las redes o la necesidad de renovar la generación. Hay informes, advertencias, expedientes y una declaración de emergencia energética para Canarias desde octubre de 2023, seguida de medidas extraordinarias de generación en las islas con mayores riesgos de cobertura. La emergencia lleva ya tiempo suficiente como para exigir resultados y fechas de ejecución, porque una emergencia debería acelerar decisiones, despejar obstáculos y movilizar recursos. Si acaba convertida en una descripción permanente de la situación, pierde su utilidad y se transforma en otra inútil etiqueta administrativa para facilitar a los políticos contratar con quien les viene en gana.

Mientras tanto, se nos pide a los ciudadanos que electrifiquemos nuestras vidas. Que cambiemos de coche, instalemos un punto de recarga, sustituyamos equipos y adaptemos sus consumos a las exigencias de una economía que debe abandonar los combustibles fósiles. Todo eso necesita electricidad y, sobre todo, capacidad para llevarla hasta donde se utiliza. El coche eléctrico incorpora una demanda que hay que atender. La transición tiene una dimensión material: centrales, cables, transformadores, subestaciones, almacenamiento y personal capaz de mantenerlo todo funcionando. Las quejas por las demoras en nuevas conexiones, ampliaciones de potencia y trámites de suministro deberían estar en el centro de esa discusión. No hace falta atribuir cada retraso al coche eléctrico para advertir el problema. Si atender una necesidad doméstica se convierte en un recorrido interminable, cabe preguntarse cómo vamos a responder al crecimiento de los consumos que las administraciones promueven.

La generación sigue dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles, pero el problema inmediato es que el conjunto necesita una renovación que no puede continuar aplazándose. Incorporar renovables exige preparar las redes y disponer de respaldo y almacenamiento. Renovar los equipos convencionales también forma parte de la seguridad del suministro mientras sigan siendo necesarios. Todo debe coordinarse. La transición energética requiere una planificación que encaje las piezas y garantice que el ciudadano pueda seguir encendiendo la luz durante el proceso. En Canarias, además, la electricidad sostiene servicios cuya interrupción multiplica las consecuencias del apagón. Sin ella se paran desaladoras, se dificulta el bombeo de agua, fallan comunicaciones y se altera la actividad de comercios, empresas y hogares. Hospitales y servicios esenciales recurren a sus equipos de emergencia. Pero el perjuicio continúa después de que vuelva la corriente. La seguridad eléctrica tiene aquí una relación directa con del abastecimiento de agua. Un cero afecta a bastante más que la luz.

Nos sucede algo similar a lo que ocurre con la red ferroviaria: sufrimos de una forma descuidada de administrar infraestructuras. Las consecuencias humanas son distintas, afortunadamente, pero se repite la inquietud por el mantenimiento, la renovación pendiente y la incapacidad de anticiparse a problemas advertidos. Se acumulan compromisos sobre sistemas que deben funcionar mientras se hacen viejos. Cuando fallan, aparecen explicaciones técnicas y promesas de actuación. Después se recupera el servicio y la discusión se olvida hasta la siguiente avería.

El Gobierno regional debe exigir y explicar; el Estado, resolver; la compañía, cumplir sus obligaciones. Los ciudadanos necesitamos saber qué instalaciones van a renovarse, quién lo hará y cuándo estarán listas. Después de tantos ceros, la diligencia ya no se disimula por la rapidez en ofrecer una rueda de prensa. Recuperar la luz resuelve el apagón hoy. Evitar el de mañana exige hacer lo que lleva años pendiente.