Otro día aciago
Francisco Pomares
Pedro Sánchez no tiene exactamente lo que podríamos llamar un proyecto de país, lo que tiene es una serie de prioridades muy claras: la primera es mantenerse en el poder como sea, y para que eso ocurra necesita contar con todos los votos que avalaron esta legislatura. Los de Esquerra, por ejemplo, renovaron el miércoles de dolores su fidelidad parlamentaria al sanchismo, a cambio de un pago en diferido que podría acabar rompiendo el sistema de financiación autonómica tal como lo conocemos: Cataluña se aparta del sistemas general, deja de aportar a la caja común, y es premiada por una financiación “singular” que se resume en tres palabras que en Moncloa ya no incomoda pronunciar —soberanía-fiscal-catalana—, pero también en una cifra demoledora: 25.000 millones de euros que la Generalitat gestionará en solitario a partir del año que viene.
Lo que se negocia, y probablemente se acordará hoy mismo en la comisión bilateral Estado-Generalitat, no es una mejora parcial ni un ajuste técnico: es la salida de Cataluña del régimen común de financiación, con una recaudación propia del IRPF, un cupo a la vasca aún sin concretar y una ampliación de la Agencia Tributaria Catalana para sustituir a los funcionarios estatales. Es decir: el mismo modelo que se le negó históricamente a Andalucía, Galicia o Valencia, ahora se otorga como premio político a Esquerra para sostener una legislatura corroída por la corrupción y la debilidad parlamentaria.
La coartada de Moncloa es -como ya ocurrió con el indulto económico de 17.000 millones a la deuda catalana-, que lo que se concede hoy a Cataluña será extensible al resto. SE trata de una burda mentira. Una piadosa falsedad, un placebo discursivo que no engaña a nadie. De lo que se trata, lo que está en juego no es el café para todos de los últimos años de la Transición, cuando se decidió el modelo que hoy sostiene el Estado autonómico, sino de ofrecer champán a unos pocos, mientras la mayoría se tiene que conformar con gaseosa. Ni se negocia con todas las regiones ni se garantiza la igualdad: se pacta en privado, con un único objetivo —sobrevivir— y con una única lógica: pagar con dinero público los votos que el poder precisa para mantenerse.
Debería revolver las tripas a algunos de los que hoy se llenarán la boca de palabras de aprobación a una decisión que supone la consumación de la ruptura del principio de que los que tiene más deben pagar más.
Porque mientras el Gobierno de España se sienta a desmantelar el modelo de financiación en el Palau de la Generalitat, la propuesta canaria para ajustar la regla de gasto a su economía duerme en un cajón sin respuesta. Cataluña exige y obtiene en menos de un año, sin acuerdo del Consejo Fiscal y Financiero, un sistema fiscal propio, mientras Canarias lleva años pidiendo —sin éxito— algo tan elemental como que no se nos penalice por evitar el gasto superfluo, y que se nos permita reinvertir en servicios públicos lo que somos capaces de ahorrar. Pero aquí estamos esperando sin respuesta, como en el chiste del gorila: ni una llamada, ni una reunión, ni un gesto. Solo silencio. Y el desprecio que se reserva a quienes no tienen votos decisivos que ofrecer.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, lo ha dicho con claridad: “el Gobierno de España no responde”. No lo hace, pero la realidad es aún más cruda: Canarias cumple con todas las reglas, y se la castiga. Cataluña incumple y chantajea, pero recibe como premio un modelo fiscal hecho a medida. Esa es la traducción práctica que el sanchismo hace del concepto de igualdad entre españoles. Estamos ante una reforma encubierta de la financiación –establecida por ley orgánica- para legalizar un concierto económico a la carta, tramitada como proposición de ley por el PSOE y ERC en agosto, sin debate territorial ni negociación multilateral. Se está perpetrando, con nocturnidad técnica y alevosía jurídica, una ruptura del modelo constitucional de financiación, sin contar con el resto de los territorios. Y se hace mientras se exige solidaridad, unidad y lealtad a las regiones que llevan décadas cumpliendo sin recibir nada a cambio.
En el caso de Canarias, el contraste es insoportable. Durante la etapa de Rajoy, con dos escaños decisivos, se lograron avances históricos: el 75 por ciento de descuento en transporte, la exclusión de los fondos del REF del sistema de financiación, el impulso al POSEI agrícola. Hoy, con el PSOE sostenido por partidos que niegan la Constitución, Canarias no recibe ni la cortesía de una respuesta institucional. Sánchez ha optado claramente por la geometría variable del poder: cede a los que le amenazan y desprecia a los que lo apoyan sin condiciones. Y en ese reparto desigual, los ciudadanos de Canarias pagamos dos veces: una, como contribuyentes; la otra, como víctimas de este despreciable sistema que deja a los más ricos decidir los impuestos que deben pagar.
El “modelo singular” no es un acuerdo fioscal: es el síntoma de la corrupción y el deterioro, de la conversión de la política en trueque, de la renuncia al principio de igualdad como base del Estado. El problema no es Cataluña, nadie es culpable por pedir más. El problema es este Gobierno cautivo, obligado a rendirse a una minoría antiespañola e insolidaria, ensoberbecida por el poder de sus siete votos ante un político que sólo aspira a seguir.
