Pagar dos veces

Francisco Pomares

Hay una forma elegante y eficaz de discriminar a alguien sin que parezca que lo haces, sin que resulte obvio, y esa forma es tratarlo exactamente igual que a los demás… cuando sabes perfectamente que hacer eso no sirve, que lo que hace falta es aplicar medidas especiales, singulares, ad hoc.

Y eso exactamente es lo que nos ha vuelto a ocurrir esta vez (de nuevo) con las medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán.

El Gobierno Sánchez anunció sus medidas para frenar los efectos económicos de la crisis bélica -rebajas fiscales, ayudas, alivios varios- y, como siempre, lo hizo pensando en una España que no incluye a Canarias. Porque aquí no hay IVA. Aquí hay IGIC. Y eso, que forma parte de nuestro encaje económico constitucional y europeo, vuelve a convertirse en un problema… pero no para el Estado, que se lava las manos, sino para nosotros.

Porque si el Gobierno nos trata como a iguales, Canarias tiene que poner 14,5 millones de euros de su propio presupuesto, solo para aplicar en las Islas unas medidas que el Estado ha diseñado en teoría para todos los españoles. ¿Para todos? No. Lo ha hecho sin contar con Canarias ni pensar en Canarias. Y nos ha dejado fuera.

Que el Gobierno regional tenga que gastarse 14,5 millones no es para aumentar la partida  con un complemento voluntario, no se trata de eso. Ni de una decisión regional para mojarse más con las ayudas. Para nada: se trata de una obligación práctica. Si el Gobierno de Clavijo no se rasca el bolsillo, los canarios quedaríamos fuera de lo más importante del paquete de ayudas.

Mientras en el resto de España el Estado baja impuestos y asume el coste de esa decisión, en Canarias el Estado anuncia medidas… pero es la Comunidad Autónoma la que tiene que financiarlas para que tengan efecto real. Es decir, el Estado se atribuye la decisión, pero Canarias paga.

En ninguna otra región española sucede ni de lejos nada parecido.  Ninguna tiene que poner su propio dinero para que las medidas estatales le afecten, ninguna ha tenido que diseñar una réplica fiscal propia para no quedarse fuera del sistema, ninguna tiene que duplicar el papel del Estado dentro de su propio territorio.

Solo Canarias. Y no es la primera vez: ocurre cada vez que se activa ese reflejo tan profundamente arraigado en la política mesetaria de legislar en clave peninsular y corregir después, si hay tiempo, ganas, y alguien protesta lo suficiente. A Canarias se la escucha  en esa segunda fase, cuando decla escucha, cosa que no siempre ocurre.

Pedro Sánchez, tan respetuoso con las peticiones de vascos y catalanes, ha convertido nuestro REF en una rareza folklórica. Y no lo es: no es una concesión graciable, sino un sistema reconocido, consolidado y protegido, precisamente para compensar nuestra condición de región ultraperiférica, fragmentada, alejada. Aunque en la práctica, ese reconocimiento se evapora en cuanto llegan las decisiones rápidas, los decretos urgentes o las respuestas improvisadas a una crisis.

Cuando ocurre, casi siempre toca acudir a nuestro propio presupuesto. Porque esa es la clave de fondo: los canarios pagamos dos veces. Pagamos como contribuyentes del Estado, como cualquier otro ciudadano español, y pagamos después como ciudadanos de una región que tiene que suplir con sus recursos lo que el Estado no sabe o no quiere aportar.

Y no es lógico que Canarias tenga que financiar su propia inclusión en las políticas nacionales, ni que la igualdad dependa de nuestra capacidad fiscal para corregir los errores o abusos de la gobernanza  estatal.

Pero ocurre. Ocurre siempre.

Y cada vez que pasa se nos presenta como algo excepcional, cuando en realidad es algo recurrente. Un fallo de sistema que se repite crisis tras crisis, decreto tras decreto, Gobierno tras Gobierno.

Se nos dirá, como siempre, que habrá compensaciones, que se estudiarán mecanismos, que se atenderá la singularidad canaria. Algunos políticos locales al servicio del Gobierno son expertos en ese persuasivo lloriqueo, en ese “lo vamos a arreglar”. Pero la realidad es otra: Canarias ya ha tenido que reaccionar y poner el dinero, para resolver lo que venía mal planteado de origen. Otra vez.

Y uno se pregunta…  ¿De qué sirve reconocer la singularidad de Canarias en leyes, estatutos y tratados europeos si, en el momento decisivo, esa singularidad no se traduce en hechos? ¿Para qué sirve el REF si cada medida estatal vuelve a ignorarlo? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir en Canarias pagando el precio de nuestras  diferencias?

Porque Canarias no ha pedido privilegios, ni excepciones caprichosas, ni ventajas comparativas. Eso queda para las regiones donde se vota a los aliados de este gobierno.

Uno empieza a estar harto de que el Estado nos obligue a tener que pagarnos la ayuda que ofrece gratis (es un decir) a los demás.