Papeles, dignidad… y negocio

Francisco Pomares

Ayer comenzó el plazo para tramitar presencialmente la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Se trata de un proceso que se extenderá hasta el 30 de junio y que, solo en Canarias, podría llegar a afectar a unas 40.000 personas. No es una cifra menor. Tampoco se trata de una decisión menor.

Conviene recordar lo evidente: regularizar no es un capricho ideológico: es, en muchos casos, una necesidad social, económica y jurídica. Mantener durante años a decenas de miles de personas en un limbo administrativo -sin papeles, sin derechos plenos, condenadas a la economía sumergida- no es solo injusto; es tambien profundamente ineficiente. Para ellas, y para el conjunto de la sociedad.

La exigencia de acreditar cinco años de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y de verificar la ausencia de antecedentes penales introduce un filtro razonable: no estamos ante una apertura indiscriminada, sino ante un intento de ordenar una realidad que ya existe. Porque esa es la clave: estas personas no van a llegar ahora. Ya están aquí.

Sin embargo, el debate político se ha polarizado y discurre por los cauces previsibles. Algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox han optado por recurrir el proceso, en una combinación de rechazo ideológico y cálculo electoral que tampoco sorprende a nadie. Frente a eso, Canarias ha decidido -a mi juicio correctamente- no hacerlo. La decisión, más allá de criterios de justicia o afinidad política, responde a algo mucho más prosaico: la experiencia.

Canarias conoce muy bien lo que significa e implica la migración irregular. No como un concepto abstracto, sino como un fenómeno cotidiano al que nos hemos llegado a acostumbrar. Sabemos lo que implica gestionar la llegada de personas, atenderlas, hacer lo posible por integrarlas y convivir con una realidad que no desaparece por mucho que se la niegue. Desde esa perspectiva, la regularización no es una concesión, sino una herramienta, que puede ser políticamente interesada, imperfecta o incompleta. Pero que es absolutamente necesaria, porque mantener a miles de personas fuera del sistema genera problemas que luego nadie quiere asumir: explotación laboral, economía informal, dificultades de acceso a la vivienda, presión sobre servicios sociales sin financiación asociada. Regularizar, en ese sentido, no es solo un acto de humanidad; es también una forma de introducir orden donde ahora lo que hay es un profundo desorden.

Hasta aquí, lo que debiera ser un diagnóstico ampliamente compartido, si nuestra sociedad no estuviera tan crispada por la polarización.

Y luego esta el asunto de cuando la necesidad abre la puerta al oportunismo. Ocurre que en paralelo al inicio del proceso, ya han comenzado a detectarse prácticas que bordean —cuando no cruzan directamente— la línea del abuso. Abogados y gestores que cobran hasta 500 euros por tramitar solicitudes, elaborar informes o, sencillamente, conseguir una cita. Plataformas como ‘Regularización Ya’y el propio Ministerio de Migraciones han advertido de intentos de estafa dirigidos precisamente a quienes se encuentran en una situación más vulnerable.

No es un fenómeno nuevo. Cada proceso de regularización, cada ventana administrativa que se abre, genera su propia economía paralela. Una economía que se alimenta de la urgencia, del desconocimiento y, en muchos casos, del miedo. Y es que

quien no tiene papeles no solo carece de derechos; carece también de margen para defenderlos. Que el acceso a un derecho dependa, de facto, de la capacidad de pagar por él, sería una vergüenza. Que una medida que podría dignificar la vida de miles de personas termine convirtiéndose en un negocio para intermediarios sin escrúpulos nos debería revolver las tripas.

Y aquí es donde el Estado -y también las administraciones autonómicas- no pueden limitarse a observar. Si la regularización es una política pública necesaria, su implementación debe estar a la altura. Eso implica información clara, canales accesibles, supervisión efectiva y, sobre todo, una presencia activa que reduzca el espacio para el abuso.

No basta con abrir el plazo. Hay que garantizar que ese plazo sea realmente utilizable por quienes lo necesitan, esos miles de personas que harán cola en las próximas semanas para dejar de ser invisibles a los ojos de la Administración.  Sería deseable que, al menos esta vez, el camino hacia esa visibilidad no pase por pagar peajes indebidos.

Y tambien convendría evitar otro error frecuente: presentar la regularización como una solución definitiva. No lo es. Es, en el mejor de los casos, una respuesta puntual a un problema estructural.

La migración irregular no desaparece con una regularización. Se gestiona parcialmente durante un tiempo. Pero si no se abordan las causas de fondo -los flujos migratorios, la demanda de mano de obra, las políticas de control y cooperación internacional- el fenómeno reaparecerá.

Porque regularizar es solo una parte de la solución: se trata tambien de cómo integrar de manera estable y ordenada a quienes ya forman parte de nuestra sociedad. Cómo evitar que la irregularidad se convierta en un estado permanente. Cómo impedir que cada cierto tiempo tengamos que recurrir a medidas excepcionales para corregir lo que no hemos sabido gestionar de forma ordinaria.