Persona ‘non grata’

Por Francisco Pomares

En España, las declaraciones de persona non grata por parte de entidades locales –ayuntamientos y cabildos- no tienen ningún efecto jurídico vinculante: son meramente simbólicas y de carácter político. Sin embargo, aunque no estén expresamente contempladas en la legislación, pueden adoptarse dentro del marco de la autonomía local siempre que no vulneren derechos fundamentales. El artículo 22 de la Ley de Régimen Local atribuye al pleno municipal la capacidad de debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de relevancia política o simbólica, aunque no sean de gestión directa. Los tribunales han avalado la legalidad de esas declaraciones siempre que se entiendan como “expresiones simbólicas de reproche político o moral, que no afecten derechos fundamentales como el honor, la intimidad, o la libertad ideológica”, ni impliquen sanciones ni restricciones administrativas reales. Y es aquí donde parece radicar la complejidad de interpretación: el TSJ de Castilla y León anuló en 2017 una declaración de persona non grata porque suponía censura ideológica. Otros tribunales han admitido sin embargo su validez si se limita a un gesto político sin efectos prácticos, como ocurrió con el expresidente Rajoy, declarado non grato en Pontevedra, su ciudad natal, en 2016. Ocurrió a iniciativa de los grupos del PSOE y ‘Marea de Pontevedra’, y con el apoyo del BNG, que ocupaba entonces (y ahora) la alcaldía.

Durante aquél pleno asirocado, que fue suspendido en dos ocasiones por los gritos y reacciones del público asistente, se criticó fuertemente a Rajoy por autorizar una prórroga a la biofábrica de celulosa de Ence junto a la ría de Pontevedra, un asunto entonces muy sensible en la ciudad. El PSOE calificó a Rajoy de indigno por actuar en perjuicio de los intereses de Pontevedra y sus ciudadanos, y logró que la propuesta se aprobara con el voto en contra del PP y Ciudadanos.  La fábrica produce hoy pasta de papel totalmente libre de cloro utilizando eucalipto, libera energía verde en el proceso y emplea a más de 5.000 personas en Galicia, tanto directa como indirectamente. Pero esa es otra historia.

La que nos ocupa es porqué un debate meramente político que no limita los derechos del afectado, ni supone una sanción, ni tiene consecuencias administrativas, puede ser considerado en un momento determinado como legítima expresión del progresismo, y en otros un comportamiento que alienta el odio, como ha planteado el presidente del Cabildo conejero para oponerse al debate de la propuesta realizada por el PP para que Pedro Sánchez sea declarado persona non grata en Lanzarote.

Oswaldo Betancort se ha equivocado. Pero no por oponerse a que el presidente del Gobierno de España sea considerado non grato en la isla que elige para sus vacaciones. No, comparto el criterio de que esa declaración es una memez propia de gente inmadura. Pero Betancort perfectamente podía aceptar el debate legítimo (e inane) que ha propuesto su socio de Gobierno y haberse manifestado en ese debate en contra del criterio de los populares. Eso habría sido lo correcto. La propuesta no habría prosperado, y aquí paz y en el cielo gloria.

Declarar a la gente non grata porque no nos gusta su ideología, su carácter, su comportamiento, o cómo actúa, es –desde mi personal punto de vista- algo perfectamente legítimo, aunque resulte muy estúpido. Supone un posicionamiento meramente formal en un mundo saturado de declaraciones formales de parte. Una práctica arcaica que se sostenía en la honorabilidad y la independencia de criterio frente a un comportamiento miserable o repugnante, y que quizá tenía sentido cuando la gente planteaba y defendía sus propias posiciones y criterios, y no lo que exige el argumentario de turno, en función del lado en el que has elegido estar. Betancor optó por censurar el debate: “Me he me visto obligado a suspender el pleno para que se haga un informe jurídico para no favorecer absolutamente a nadie y cumplir estrictamente con los derechos que tienen los unos y los otros”, ha dicho. Su equidistancia instrumental ha abierto otra crisis sin sentido en un Cabildo sometido a una permanente inestabilidad y guerra entre sus socios. En su última declaración, el presidente del Cabildo conejero critica al PP por mandar el escrito donde advierte de acciones penales “sin un previo aviso”, como si este no fuera precisamente el aviso. Califica de “poco ético” el escrito en el que se rechaza su decisión de impedir votar la petición del PP, y asegura en tono amenazante que la actuación del PP se verá en la mesa del pacto.

Uno podría suponer que la censura de Betancor a la propuesta de declaración del PP permitiría al menos amortiguar el nivel de crispación frentista que existe entre él y la ganadora de las elecciones en la isla, Lola Corujo. Pero ni eso: doña Lola no ha aplaudido el desliz democrático de Betancort. No le aplaudiría ni aunque se Betancort se afiliara al PSOE y se hiciera sanchista. Ha dicho que “Oswaldo Betancort es el maestro de ceremonias de un espectáculo vergonzoso”, y que quienes presentaron la propuesta no buscan defender a Lanzarote sino “alimentar el odio y el ruido. Han convertido el Cabildo en un circo”.

¿Diría lo mismo si alguien le pregunta por Pontevedra?

País imbécil, este. Como escuecen sus miserias.