Policía bajo sospecha
Francisco Pomares
No hace tanto tiempo, aparecer como imputado en una investigación judicial podía ser suficiente para destruir una carrera política o profesional, o –al menos, ponerla en cuarentena. Bastaba un sumario, una conversación comprometida o una fotografía inoportuna para provocar dimisiones fulminantes, ruedas de prensa dramáticas y declaraciones solemnes sobre la ejemplaridad democrática. Hoy, ni eso sucede, ni nadie espera que ocurra. Hoy, se puede seguir al frente de la Jefatura Superior de Policía de Canarias mientras tu nombre aparece asociado al Delcygate, a empresarios venezolanos, a presuntas gratificaciones, a investigaciones judiciales y a las ramificaciones de la corrupción vinculada al sanchismo. Y no pasa absolutamente nada.
El Ministerio del Interior mantiene su confianza en Jesús Gómez Martín. El Gobierno guarda silencio, en el PSOE se mira hacia otro lado, y la gente evita abrir el pico no vaya a ser que alguien se enfade en Madrid. Los socios parlamentarios, que antaño exigían responsabilidades inmediatas por asuntos bastante más nimios, han descubierto de pronto las virtudes de la prudencia procesal.
La historia del actual jefe de la Policía en Canarias, Gómez Martín, sería explosiva en cualquier democracia funcional. Para empezar, las sospechas no nacen de rumores vagos ni de una simple polémica. La investigación judicial e informaciones periodísticas lo sitúan en el entorno de empresarios vinculados a la trama Plus Ultra y a operaciones relacionadas con intereses venezolanos en España. El entonces responsable policial de Barajas, habría recibido regalos, gratificaciones y favores de empresarios hoy bajo sospecha, además de mantener una relación muy próxima con algunos de los protagonistas que aparecen repetidamente en las distintas derivadas del caso. A eso se añade inevitablemente su papel durante el episodio del Delcygate, cuando permitió el controvertido tránsito por Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, pese a las sanciones europeas que prohibían su entrada en territorio Schengen.
Y no hablamos de un agente cualquiera, sino del hombre que dirigía la Policía en Barajas durante el estrafalario aterrizaje de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que tenía prohibida la entrada en territorio europeo y que acabó como uno de los símbolos del oscurantismo político de la era Sánchez. Aquel episodio ya retrató como pocas veces la forma de gobernar del actual Ejecutivo: improvisación, ocultación, versiones contradictorias y una opacidad tan descarada que terminó resultando casi ofensiva para la inteligencia colectiva.
Ahora, el nombre de Gómez Martín salta en el contexto del que puede ser uno de los casos más obvios de corrupción en la deriva del rescate de Plus Ultra y las actividades internacionales asociadas al zapaterismo tardío. Eso es lo que hace que esta concreta vinculación se haya convertido en un tema de fondo en las islas. No se trata de un comisario cualquiera, sino de la sensación de que España ha entrado en una fase política de sospecha permanente, pero sin consecuencias.
El sindicato policial Jupol, ha exigido sin éxito el cese inmediato de Gómez Martín ante “la extrema gravedad de los hechos conocidos públicamente”, insistiendo en su sorpresa porque el mando policial fuera ascendido inmediatamente tras el Delcygate. Sin embargo, en el Ministerio de Marlaska se considera que no existe sobre Gómez ninguna acusación formal por su actuación la noche en que la entonces vicepresidenta venezolana aterrizó en Barajas. Vale. Pero no sólo se trata de lo sucedido aquella noche: por lo que se sabe hasta ahora, Gómez Martín mantenía relación con Danilo Díazgranados, empresario del entorno de Zapatero, del que habría recibido regalos y gratificaciones en metálico. La conexión más clara está en el chat “Danilo-España”, donde la jueza identifica referencias a Zapatero como Zorro, Z o ZZZZ, en conversaciones entre investigados del caso Plus Ultra. En esas actuaciones se señala a Gómez Martín. Se trata de una de las partes más delicadas y políticamente más explosivas de toda la investigación: lo que aparece en el sumario es que la Fiscalía Anticorrupción vincula pagos y favores al comisario, con gestiones realizadas para el empresario venezolano y su entorno. Entre ellas, una especialmente grave: ‘limpiar’ el expediente policial de su hijo, Kiko Díazgranados, detenido en Barajas en mayo de 2019 por un asunto de falsedad documental, cuando intentaba viajar a EEUU.
Hace años, la mera aparición reiterada de un alto mando policial en investigaciones judiciales habría hecho imposible su continuidad al frente de una jefatura superior de Policía. Y no por existir condena, sino porque el deterioro institucional sería insoportable. Hoy parece exactamente lo contrario: cuanto mayor es el escándalo, más férrea se vuelve la protección política. Es como un ‘o todos o ninguno’, una suerte de omertá indestructible, basada en el miedo a que alguien cante.
