Política de gestos
Francisco Pomares
El Gobierno ha consumado la primera parte de la negociación sobre los decretos de vivienda con Sumar, lo que permitirá llevarlos a convalidación este próximo viernes, a la espera de cómo se posicionen Podemos y Junts. Meterlos a los dos en un mismo saco parece realmente difícil, pero hoy los socios parlamentarios mantienen una actitud prudente: nadie quiere ser señalado como responsable de que el Gobierno se estampe contra otra puerta, y menos si esta vez puede ser la definitiva.
Hay dos decretos porque PSOE y Sumar no han logrado reunir en un solo cuerpo las medidas que los convenzan a los dos. El primero amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, regula los alquileres de temporada y por habitaciones, restringe hasta 2028 la compra de viviendas por fondos de inversión y permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que estén próximos a vencer. Incluye también bonificaciones para inquilinos con ingresos bajos, financiación para la primera vivienda y una rebaja del IVA para construir vivienda pública o protegida, el detallito con la iniciativa privada. El segundo contiene la renovación automática de los contratos de alquiler habitual, con la excepción de que el propietario necesite recuperar el piso para sí o para un familiar. Esta última medida es la más difícil de sacar adelante: el propio Gobierno reconoce que apenas la ha negociado con los grupos de los que depende su aprobación.
No es necesario negar la emergencia habitacional, ni restar importancia al sufrimiento de quienes pierden su casa, para preguntarse si estos decretos, si se aprueban, servirán para algo. El gobernador del Banco de España advirtió ayer de que hay medidas destinadas a proteger a los inquilinos que pueden provocar “efectos indeseados”, porque desaniman a construir o a poner viviendas en alquiler. Legislar para acallar una protesta no es el mejor sistema de resolver una crisis. Después de ocho años de no hacer absolutamente nada, por miedo a no sumar los votos suficientes, el Gobierno se lanza ahora a una solución de urgencia poco reflexionada, por miedo a perder los votos que esperaba robarle a la izquierda. No lo hacen por el interés general, sino para evitar una debacle política. Los decretos no tienen nada que ver con el deseo de proteger a las personas vulnerables, y corren el riesgo de agravar la escasez que encarece las casas.
El gobernador Escrivá ha situado en el entorno de 750.000 viviendas el déficit acumulado y advertido que podría superar el millón en 2028 si no aumenta el actual ritmo de construcción. Ha señalado la falta de suelo disponible, la lentitud burocrática para acceder a licencias, la debilidad del sector constructor y la escasez de alquiler asequible. Ninguno de esos obstáculos va a desaparecer porque el Gobierno apruebe una prórroga. Si cada vez hay más gente buscando vivienda y no se construyen suficientes, la protección de quienes ya tienen un contrato puede convertirse en dificultades crecientes para quienes intentan conseguir uno. El oportunismo no arregla los problemas complejos, y este lo es.
El PP critica el intervencionismo del Gobierno y reclama aumentar la oferta mediante más construcción, suelo y procedimientos menos lentos. Feijóo habla de construir más de un millón de viviendas, y sostiene que Sánchez pretende arreglar en cuatro días lo que no ha resuelto en ocho años. La crítica acierta al colocar la oferta en el centro del problema. Pero convendría que sus autores explicaran cómo y cuándo van a construirlas, porque un millón de viviendas prometidas no han alojado jamás a nadie.
Mientras los partidos se cruzan estas cifras, Maricarmen podrá volver a la casa de la que fue desahuciada. Es una buena noticia. Sobre todo para ella. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid medió entre la propietaria, sus familiares y su abogada para alcanzar un nuevo contrato de ocho años, con una renta que no superará el treinta por ciento de sus ingresos netos. El acuerdo incluye garantías para ambas partes. Se produjo después de que la empresa propusiera incorporarse a un programa municipal para el que el piso no reunía las condiciones, y en medio de una intensa presión pública.
La pregunta pertinente es: ¿va a poder el alcalde de Madrid sentarse a negociar cada desahucio? La mediación ha resuelto un caso particular, después de que una mujer de 87 años pasara por el desalojo y el hospital. Pero no constituye un sistema de protección capaz de llegar, con los mismos resultados, a las decenas de miles de desahuciados que no tienen las cámaras en su puerta.
En resumen: el Gobierno presenta soluciones generales cuyo efecto sobre la oferta puede llegar a ser perjudicial. El Ayuntamiento ha conseguido una solución singular que difícilmente podrá repetir con todos. Entre ambos queda el problema: faltan cientos de miles de viviendas y la respuesta pública sigue dominada por la urgencia de exhibir resultados inmediatos. Maricarmen volverá a su casa. Pero el Gobierno no va a ir más allá de negar el rol del PP en ese regreso, anunciar decretos que quizá no se convaliden, y buscar a quién culpar el viernes si no se aprueban.
