Política proteccionista y la desidia
Por Antonio Coll
En mi anterior entrega referida al Plan Urbano Supletorio de Arrecife, señalé que la cuestión del Catálogo Arquitectónico de Arrecife lo trataría en otro artículo, al considerar y entender que había mucha confusión y ambigüedad. Una vez recabada información, facilitada por la Cámara de Comercio de Lanzarote y algunos expertos en la materia, tengo que aclarar, según me dice la propia secretaría del ente cameral, Bernardino Jiménez, que: “El Catálogo Arquitectónico es un instrumento de planeamiento distinto a los planes urbanos. El ejemplo es que la anulación de un Plan no está, necesariamente, vinculada a un catálogo de protección”. Queda claro pues que la tramitación y aprobación de catálogos “patrimoniales” de protección es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Arrecife. Por esta circunstancia, no se ha incluido en la redacción del Plan General Urbano Supletorio de Arrecife, cuyas competencias generales fueron delegadas, en su día, al Gobierno de Canarias por el ayuntamiento capitalino.
Diferente cuestión es la dejadez, la pasividad y, me atrevería a decir, la desidia, del Ayuntamiento de Arrecife en no tramitar y redactar un Catálogo Arquitectónico, acorde a la realidad que existe en Arrecife. Más de 169 inmuebles “catalogados” en la capital están a la espera al desbloqueo de un instrumento totalmente desfasado e inmensamente arbitrario. Los propietarios se encuentran muy preocupados por no existir un “Catálogo” en vigor que ofrezca seguridad jurídica para emprender actuaciones urbanísticas rentables o decidir la venta de los bienes, por necesidad económica o de otra índole. La Ley de Patrimonio Histórico de Canarias de 1999, contempla la figura de la creación de un Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, relacionado con el Área de Patrimonio del Cabildo, organismo competente para las declaraciones de los llamados BIC –Bien de Interés Cultural-, que tiene ámbito estatal y autonómico, y se refiere a “obras arquitectónicas o de ingeniería, esculturas con algún interés histórico, artístico o científico y de cierta relevancia social, así como lugares, parajes naturales, obra humana con valor etnológico o antropológico y zonas arqueológicas, etc.”. He expuesto, brevemente, la definición del significado de un BIC para mejor comprensión y difusión social.
Corresponde al Ayuntamiento de Arrecife definir bien los bienes protegidos que tenga relevancia histórica por una excepcional singularidad y, sobre todo, por ley, está obligada la propia administración pública municipal a tomar medidas estratégicas con el objetivo de su conservación, y para ello es obligación su intervención y contemplar, en sus presupuestos generales, partidas económicas, bien para colaborar, adquirir o explotar los bienes declarados.
Es bien conocido que una cuestión es lo que los parlamentarios-políticos legislan, en el espectro general y otra que las normas las cumplan las corporaciones públicas municipales. En el caso de Lanzarote y en el propio Ayuntamiento de Arrecife, se practica el “deporte” favorito que está muy vinculado con la dejadez, la indolencia, la pasividad y la desatención. No expongo “vagancia” para no herir susceptibilidades, sobre todo a los buenos profesionales públicos y algún político, que los hay. Es patente y público que el cumplimiento de las obligaciones municipales, sus funciones y competencias, no se aplican y por eso, la ciudad de Arrecife, en concreto, se halla en una espiral y con inmensas curvas, establecidas por negligencia o la propia inercia. Estas anomalías están provocando el caos que reina en el ámbito de planeamiento urbanístico y otros aspectos de la vida cotidiana que, naturalmente, desespera a la gente que vive en la tercera capital de Canarias.
Año tras año, se escribe el mismo “cuento”, las mismas historias, todas a “cámara lenta”; todas asociadas al vocablo desidia. En definitiva, pasan los años y nos vemos siempre con los mismos problemas y poco o nada se hace para soluciones definitivas.
En el caso que nos ocupa, comprendo y apoyo manifestaciones de los Colegios Oficiales de Arquitectos que alertan sobre políticas desmedidas de algunos órganos municipales para proteger bienes, contagiados por algunos colectivos y entes que son partidarios de endurecer los requisitos proteccionistas, que no solo comprometen, según el Colegio de Canarias, la posibilidad real de conservación y revitalización del bien, al no contemplarse medidas efectivas y sin ninguna metodología de valoración por parte de expertos, en los ámbitos de urbanismo, arquitectónico y cultural. La “fiebre” en Lanzarote es contagiosa cuando la expande determinados grupos, de todos conocidos, y ya se sabe cómo se ralentiza los proyectos y los planes, después de campañas manipuladas y tergiversadas.
El Colegio de Arquitectos de Canarias es muy explicito y confirma mis reflexiones sobre la política proteccionista, en la que siempre me he manifestado sobre la forma y modo de catalogar los inmuebles. Y como dice el ente colegial, resumiendo, “un inmueble admite relecturas constantes a lo largo de su historia y, debido a ello, transformaciones y añadidos que adecuan el espacio físico cambiantes a las necesidades reinantes”. Y concluye que “se debe preservar desde lo público solo aquello de lo que es posible gestionar su conservación”.
En Arrecife no se gestiona, se maltrata. Porque “proteger” desde la desidia solo ofrece caos. Eso es lo que percibo desde hace muchos años…
