Primeros por la cola

Francisco Pomares

Canarias vuelve a encabezar la clasificación española de obesidad. Lo cuenta El Día ayer: casi el 22 por ciento de los adultos de las islas sufre de obesidad y más de la mitad tiene exceso de peso. Entre los menores, casi uno de cada tres. Son cifras que -al menos- deberían interrumpir alguna discusión parlamentaria, alterar alguna agenda, provocar algo más que una declaración de preocupación. Pero hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para recibir las malas noticias sobre nosotros mismos como quien consulta el tiempo: otra vez calima.

Que Canarias ocupe una posición lamentable en un indicador social ha dejado de ser noticia. Cambia la estadística y permanece la familiaridad del desastre. La educación, la pobreza, la salud, las dificultades para ofrecer a los hijos oportunidades distintas de las que tuvieron sus padres. No hace falta sostener que somos los peores en todo. Basta comprobar con qué frecuencia aparecemos donde nadie querría estar y durante cuánto tiempo conseguimos permanecer allí. Un mal resultado puede explicarse por una crisis, una decisión equivocada o una circunstancia excepcional. Décadas de malos resultados obligan a hablar de algo más profundo. De una sociedad que produce riqueza sin conseguir convertirla en bienestar duradero. De unas administraciones que gestionan las consecuencias de nuestros problemas con mucha más energía de la que dedican a combatir sus causas. La obesidad nos sirve para entenderlo: resultaría cómodo despacharla recomendando comer menos y caminar más. Pero la libertad de elegir alimentos saludables resulta bastante menos espléndida cuando hay que decidir cómo llenar la nevera hasta final de mes.

Eso no elimina la responsabilidad personal. Obliga a situarla en el mundo real. Hay familias que necesitan ayuda para organizar su alimentación, niños que necesitan alternativas al ocio sedentario y barrios donde moverse y hacer deporte debería ser más fácil. Hay también jornadas laborales que dejan poco margen para esa vida saludable que las administraciones recomiendan en sus redes y carteles. El consejo es barato. Hacer posible su cumplimiento cuesta más, exige gobernar.

Con la educación sucede algo parecido. Cada evaluación desfavorable abre un breve periodo de consternación, seguido por explicaciones, promesas y algún anuncio. Después regresamos a nuestros asuntos. Sin embargo, las dificultades de aprendizaje de un niño no desaparecen cuando termina el debate sobre el informe PISA. Siguen con él, condicionan su trayectoria y pueden acabar decidiendo qué empleo tendrá, cuánto cobrará y con qué herramientas afrontará su vida adulta.

También hay fracaso social en la vida de esas niñas que se quedan embarazadas y afrontan una responsabilidad inmensa sin una pareja que responda, sin respaldo familiar y sin medios para sostenerse. Hablar de libertad de elección en esas condiciones exige bastante cinismo. Que no se escandalice el wokismo: no se trata de señalar a las menores, sino el abandono que padecen y preguntarse qué estamos haciendo para evitar que la falta de oportunidades se transmita de madres a hijos. Porque una sociedad tampoco puede considerar normal que haya niñas criando niños mientras los adultos discutimos de cualquier otra cosa. Una madre que cría sola no es una anomalía estadística que corregir. Lo intolerable es que tenga que hacerlo sin ingresos suficientes, y sin apoyos. Que los menores queden desprotegidos, que la pobreza se herede o que pedir ayuda se convierta en una carrera de obstáculos, eso sí debería formar parte del balance de quienes gobiernan.

Es obvio que todo esto tiene menos atractivo político que una buena bronca entre zurdos orgullosos y fachas cabreados. Pero la prevención carece de épica. Evitar que un niño abandone sus estudios requiere años; encontrar una frase para desacreditar al adversario ocupa apenas unos segundos. Mejorar la alimentación de una población exige continuidad, coordinación y evaluación. Proclamar que la culpa es de otro permite resolver la comparecencia antes del almuerzo. Por eso abunda tanto debate fullero: se organizan alrededor de preguntas que permiten a cada partido repetir su respuesta. Nadie cambia de opinión, ni asume una responsabilidad concreta, ni tiene que explicar porque nuestros impuestos no mejoran la vida de la gente.

Sanidad anuncia ahora un observatorio de la obesidad. Quizá sea útil y nos sirva para conocer mejor el problema y evaluar las medidas necesarias. Pero habrá que evitar que observar se convierta en la definición administrativa de esperar. Canarias necesita saber qué actuaciones funcionan, si llegan a la población, qué resultados producen, y si esa información influye en las políticas y los presupuestos.

No cabe exigir que un Gobierno resuelva en una legislatura problemas incubados durante generaciones. Pero sí exigir prioridades reconocibles y objetivos públicos. Al que gobierna y también a quienes gobernaron antes y a quienes aspiran a hacerlo mañana. La fortaleza de nuestros malos indicadores atraviesa demasiados mandatos para ser fruto de la irresponsabilidad de una sola sigla.