Lunes, 16 Noviembre 2026
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Antonio Salazar

 

Imagine que tiene una vivienda en Canarias por la que alguien está dispuesto a pagar 500.000 euros. El gobierno decide que ese comprador no puede adquirirla porque no cumple determinados requisitos de residencia. El siguiente ofrece 300.000 euros. Usted decide no vender porque no es el precio al que aspira. Consecuencia: el propietario pierde una oportunidad, el comprador excluido se queda sin casa y el supuesto beneficiario tampoco consigue comprarla. Nadie gana.

Es una hipótesis, naturalmente, pero ilustra una consecuencia posible de la propuesta del Gobierno de Canarias de restringir la compra de viviendas a quienes no acrediten diez años de empadronamiento continuado o quince discontinuos.

Estamos ante uno de los debates más desenfocados de Canarias. Tenemos un problema extraordinario de acceso a la vivienda y, en lugar de concentrarnos en aumentar su disponibilidad, discutimos a quién debemos prohibirle comprar las existentes.

Pero hay algo todavía más preocupante en el planteamiento. Como los canarios no podemos competir en capacidad adquisitiva con ciudadanos más ricos, la solución consiste en impedir que estos compren aquí. En lugar de preguntarnos cómo aumentar nuestra riqueza, nuestra productividad y nuestros salarios, aceptamos resignadamente nuestra inferioridad económica y levantamos una barrera contra quienes tienen más recursos. Una peculiar manera de entender la prosperidad.

La contradicción alcanza dimensiones considerables cuando recordamos que Canarias mantiene organismos públicos dedicados a atraer inversiones, promocionar sus ventajas fiscales y convencer a empresarios extranjeros de que establezcan aquí sus actividades. Les ofrecemos incentivos para venir, pero podríamos impedirles comprar una vivienda. Y si deciden alquilarla, la presión que pretendíamos retirar del mercado de compraventa se traslada al alquiler. La demanda no desaparece por decreto.

Hay otra paradoja histórica. El vicepresidente Manuel Domínguez ha planteado qué ocurriría con un canario que se marcha a trabajar a la Península. Si la norma no contempla adecuadamente a los retornados, podríamos terminar dificultando que nuestros nuevos indianos compren una casa al regresar. Sería una ironía formidable en una tierra cuya historia resulta incomprensible sin la emigración.

Sorprende, por cierto, la tibieza del Partido Popular, integrante del gobierno, ante una iniciativa que restringiría considerablemente la propiedad y la libertad de contratación por más que tiene una larga tradición en aceptar trágalas como la policía o la TV autonómica. 

Y queda la cuestión fundamental: limitar compradores no garantiza viviendas más accesibles. Algunos propietarios decidirán no vender y determinadas promociones podrían dejar de resultar rentables. La escasez no se resuelve necesariamente expulsando compradores.

Canarias necesita más viviendas, pero también ciudadanos con mayor capacidad económica para adquirirlas. Lo primero exige facilitar la construcción; lo segundo, crear condiciones para generar riqueza. Prohibir que otros sean más ricos que nosotros no nos hará más prósperos. Aunque siempre nos quedará el consuelo de ser igualmente pobres.


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