¿Quiénes son los culpables?

Francisco Pomares

Por definición, un accidente es un acontecimiento que no puede preverse.  Una ruptura súbita y brutal del orden de las cosas, una concatenación de factores que desemboca en tragedia. El accidente ferroviario de Adamuz vuelve a situarnos ante una pregunta obligada y necesaria: ¿qué esperamos como sociedad en las primeras horas tras una catástrofe?

La respuesta que se está imponiendo en estos los últimos años repugna. Antes incluso de atender a las víctimas, exigimos culpables. Sin conocer los hechos, dictamos sentencia. Obviando lo sucedido, convertimos el dolor en munición política y moral para destruir a otros. Ocurrió con la Dana y vuelve a pasar ahora.

Por eso, en el mismo inicio de esta historia que ha de arrastrarse ante nosotros durante meses, conviene decirlo con claridad: no todo desastre encierra una responsabilidad penal. Y desde luego, no toda tragedia exige un verdugo inmediato que señale al culpable. Confundir la legítima investigación de lo ocurrido con la necesidad compulsiva de castigar es uno de los síntomas más claros de que la nuestra es una sociedad hiperpolarizada y emocionalmente enferma.

Cuando un accidente provoca decenas -incluso centenares- de víctimas, el orden de prioridades debiera ser obvio y compartido. Primero, lo que procede es rescatar y atender: a los muertos, a los heridos, a los supervivientes. Segundo, acompañar: a las familias, a quienes han perdido seres queridos, y a quienes cargan con el trauma. Tercero, investigar con calma y con rigor, qué fue exactamente lo que ocurrió y por qué ocurrió, con la vista puesta ante todo en encontrar la forma de que no vuelvan a producir hechos similares. Sólo después procede -o no- exigir responsabilidades penales, morales o políticas. Alterar ese orden no es solo imprudente. Es inhumano.

Por desgracia, vivimos en un clima público en el que la culpa se ha convertido en valor de uso en el conflicto político. Y la búsqueda de un castigo ejemplar se antepone casi siempre a la explicación. El nuestro es un tiempo de certezas absolutas, donde el matiz resulta sospechoso y la duda se interpreta como complicidad. En ese marco, un accidente deja de ser un hecho complejo para transformarse en un relato simple: alguien falló, alguien debe pagar. Y si ese alguien es de la tropa de los otros, pues mucho mejor.

Pero la realidad no funciona así.

Un error humano puede provocar un desastre espantoso. Pero eso no convierte automáticamente a quien falla en un criminal o un delincuente. La mayoría de las veces, las consecuencias trágicas no son el resultado de una sola decisión aislada, sino de un encadenamiento de circunstancias: técnicas, organizativas, ambientales, humanas. Reducirlo todo a un único responsable no aclara la verdad; la empobrece.

La obsesión por señalar culpables inmediatos tiene, además, un efecto perverso: dificulta la prevención futura. Cuando el debate se degrada hasta convertirse en un linchamiento, nadie aprende nada. Se buscan chivos expiatorios, no soluciones. Se levantan banderas, no protocolos. Se gana un titular, se pierde una oportunidad de mejorar sistemas, procedimientos y mecanismos para la prevención.

Esto, que vale para cualquier catástrofe natural, vale lo mismo para un accidente aéreo o ferroviario, para un incendio o una fuga de aguas residuales, para un error de diagnóstico o una muerte por administración de medicamentos incorrectos, pero también para la proliferación de denuncias de parte que, en cuestión de horas, se convierten en debates destructivos, donde la verdad deja de importar. Todo queda sumido en el desorden, en la indignación performativa, en la necesidad de alinearse.

Se que hoy no está muy de moda la contención, mucho menos el perdón, pero de lo que escribo no es de clausurar investigaciones, negar la posibilidad de que existan responsabilidades o de absolver a nadie por adelantado. Lo que reclamo es proporción en la investigación, la búsqueda de pruebas reales, y el respeto por los tiempos. Y también una mínima higiene moral en el espacio público, especialmente frente a una tragedia abrumadora. Por respeto primero a las víctimas, pero también por respeto a los que pueden ser acusados de culpables. Porque existe una culpabilidad dolosa, pero también existen otras, fruto de la inexperiencia, la incapacidad, el cansancio, la torpeza o la mala suerte. En los accidentes más graves, la culpa puede ser colectiva, y quizá lo sea en este: culpables son quizá quienes fabricaron los raíles, o quienes los colocaron, o quienes no detectaron una rotura, o quienes no vigilaron una rueda de acero desgastada, o no vieron un tornillo caído. Culpables pueden ser quienes no reaccionaron ante una denuncia, o rebajaron las guardias, o alardearon prematuramente de su éxito, o presumieron sin motivo.

Para mí, los culpables peores –aquí, igual que en la Dana o los incendios del verano- son quienes reaccionan a la tragedia con odio, con prisa por lograr un castigo y con absoluto desprecio a la complejidad sobre la que se sostiene el mundo. Culpables son quienes usan a todos esos pobres muertos para sostener el ruido que nos enfrenta