Recorta y pega
Francisco Pomares
La política es capaz de regalarnos escenas que rozan la autoparodia. Pasen y vean: Fernando Clavijo lleva meses insistiendo en que la Unión Europea debe permitir a Canarias limitar la compra de viviendas por parte de no residentes. Coalición encargo a Carlos Alonso defender esa propuesta en la campaña de las Europeas, y desde el PSOE canario le llamaron de todo menos sensato: “es una ocurrencia”, “una tontería de Carlos”, “resulta jurídicamente inviable”. Sólo un año después, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado a Bruselas un documento en el que -¡sorpresa!-, se defiende la necesidad de “incorporar una valoración y análisis de soluciones jurídicas singulares para las regiones ultraperiféricas en materia de limitación de acceso a la vivienda”. Palabra por palabra, es la propuesta enviada por Clavijo al ministro de Exteriores. Literalmente. No cambia una coma.
No es que el Gobierno central haya modificado sus principios europeos tras profunda reflexión. Es todo mucho más pedestre: simplemente, ha ocurrido que alguien en Exteriores abrió el archivo enviado por el Gobierno canario, y le dio a “copiar” y luego a “pegar”. Todo listo: posición oficial del Reino de España. Tan literal es el trasvase que en Bruselas podrían pensar que Albares ha fichado como redactor a algún propio de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias.
Más allá de la anécdota, una demostración de la desidia y descontrol con la que se trabaja hoy en la Alta Administración, el asunto es serio. La compra de viviendas por extranjeros no residentes supone casi el 30 por ciento de las operaciones de compra en las islas —el 35 por ciento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife— y algunos consideran esas compras un factor que influye en la expulsión de los jóvenes del mercado inmobiliario. Yo no estoy muy seguro. De que sea así. La mayoría de los jóvenes no pretende comprar viviendas, sino alquilarlas. Las propiedades que se venden a extranjeros suelen ser de dos tipos: de alto standing, viviendas caras y muy bien situadas en zonas turísticas, que compran jubilados comunitarios ricos o con un poder adquisitivo muy superior al de la media de los jóvenes canarios. Luego está otro grupo de población extranjera, el de los inmigrantes que vienen a buscarse aquí la vida, que tienden a comprar viviendas de mucho menor valor, situadas en barrios del extrarradio de las ciudades. Son esas adquisiciones las que quizá reduzcan las posibilidades de adquirir casas a los jóvenes. Las otras no lo creo.
La idea de limitar la compra de propiedades a extranjeros no es nueva: Coalición Canaria lo lleva reclamando décadas, vinculando la propuesta a una regulación más estricta de la residencia, una de las propuestas ideológicas de Paulino Rivero siendo presidente de Coalición Canaria, con mayor o menor fortuna. Lo novedoso no es que Coalición insista, sino que Madrid asuma sin despeinarse una petición tan delicada. Porque hablamos de restringir derechos de propiedad en el marco del mercado único europeo, algo que choca de frente con las libertades comunitarias y que requiere un respaldo jurídico sólido que, de momento, nadie ha argumentado.
Clavijo ha recordarlo en el Parlamento que el PSOE decía que la propuesta “era una locura”. Lo contó esbozando una mueca que parecía una discreta sonrisa: lo que hace un año era demagogia nacionalista, es hoy doctrina oficial del Estado. El documento de Exteriores incluso añade un “eje específico de juventud” que propone un Plan Europeo de Emancipación para las regiones ultraperiféricas. El eje incluye acceso a vivienda, empleo digno, formación y movilidad. Un catálogo de buenas intenciones para Canarias que costará defender ante otros territorios españoles. Muchos de ellos atraviesan problemas similares y podrían exigir idéntico trato. Si Canarias logra la excepción,.. ¿por qué no Baleares, Málaga o la Costa Brava?
Esa es la paradoja: el Estado asume una postura extraña a su discurso tradicional, sólo porque alguien pulsó las teclas adecuadas. Si Bruselas acepta la propuesta, se abrirá la puerta a reclamaciones en cadena y a una inevitable batalla jurídica sobre el principio de libre circulación de capitales. Albares podría presumir de haber logrado la cuadratura del círculo: apoyar una propuesta nacionalista, asumirla como propia y, de paso, sorprender a todo el mundo. Y todo gracias a un funcionario poco diligente que ha elevado el “corta y pega” de los estudiantes y otros fusiladores a categoría de política de Estado. El Gobierno central acaba defendiendo lo que ayer ridiculizaba con sorna, esa “locura” que ahora se defiende en los papeles remitidos a Bruselas. La historia tiene regusto a ridículo. Debe ser el signo de los tiempos: un par de clics y lo que ayer era una extravagancia se convierte en doctrina del Estado. Qué fácil resulta copiar y pegar… aunque mejor esperar sin que nadie se entusiasme: al final habrá que esperar a que Bruselas diga la última palabra.
