Rectificación

Francisco Pomares

El real decreto que regula quién preside los actos oficiales es bastante claro: su artículo 11 establece que, en el territorio de una comunidad autónoma, el presidente de esa comunidad tiene precedencia sobre los ministros del Gobierno. Parece bastante razonable. Es una cuestión de respeto institucional, de reconocimiento del autogobierno y -si se quiere- de simple cortesía democrática. Las autonomías son parte del Estado, por eso no suele discutirse que cuando el Rey o el presidente del Gobierno no acuden a un acto, su representación sea ostentada por el presidente de la región. Es cierto que el decreto incorpora una excepción: su artículo 9 permite que un ministro asuma esa representación cuando actúe expresamente en nombre del presidente del Gobierno.

La tentación de aplicar ese criterio ha sobrevolado estos últimos días la voluntad del Gobierno central, hasta el extremo de que -merced a esa cláusula-, se llegó a anunciar que se investía a Ángel Víctor Torres como máxima autoridad del Estado en la mayoría de los actos de la visita de León XIV a Canarias. Sin duda, se trataba de algo intencional: no elegir al presidente regional, como sí se hizo en Cataluña, ni siquiera al ministro competente en asuntos religiosos, al responsable de Exteriores o a la ministra de Migraciones. Tampoco al presidente de Canarias. Lo que se comunicó al Gobierno regional es que Sánchez había elegido al que va a ser candidato del PSOE a la presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres. La decisión provocó un ataque de cuernos monumental: suponía que el principal escaparate político, mediático y simbólico relacionado con la inmigración tendría como protagonista institucional al candidato socialista, situado deliberadamente por delante del presidente de Canarias mediante una delegación expresa, diseñada para alterar la prevalencia institucional.

Afortunadamente, se impuso la cordura y no va a ocurrir eso. El Gobierno de Sánchez, decidió recular y plantear una fórmula más sensata: en los actos en los que Sánchez no participe -la mayoría-, será Clavijo quien lo haga. 

La visita del Papa nació de una invitación formulada desde Canarias. Fue Fernando Clavijo quien trasladó al Vaticano la conveniencia de que el Papa Francisco conociera de primera mano la realidad migratoria del archipiélago. Tras la muerte de Bergoglio, la iniciativa terminó convirtiéndose en una visita de Estado ampliada a Madrid y Barcelona. Pero no parecía en absoluto razonable que llegado el momento de las fotografías, de las imágenes para los telediarios y de los saludos oficiales, el papel principal en Canarias se reservara para el rival electoral de quien promovió originalmente la visita. Habría sido una forma muy peculiar de entender la lealtad institucional. Sin duda, en estos tiempos de malas noticias políticas y judiciales para el Gobierno Sánchez, la foto de Torres con el Papa habría resultado rentable, porque un Papa no viene todos los días.

Pero al final se ha actuado con cordura. Nadie debería discutir que el ministro Torres tenga derecho a participar en todos los actos que considere oportunos. Lo que resulta difícil de justificar es la necesidad de desplazar protocolariamente al presidente autonómico para situar en su lugar a quien encabeza el PSOE en Canarias.

Hace apenas unas semanas, una decisión torpe y mezquina del Gobierno central, provocó un incidente grave con el presidente Clavijo, en la presentación del dispositivo sanitario desplegado para la evacuación sanitaria del Hondius, durante la pasada crisis del hantavirus. Entonces se hizo todo lo posible para minimizar la presencia del Gobierno regional y maximizar la del Gobierno central en la presentación pública del dispositivo. Se quería probablemente proyectar la idea de que la solución venía exclusivamente de Madrid, y eso provocó uno de los conflictos institucionales más duros vividos durante esta legislatura entre ambos gobiernos.

Sánchez y su partido llevan años presentándose –por necesidad- como los grandes defensores del respeto autonómico y la cooperación entre administraciones. Esos principios se convirtieron durante la crisis del puerto de Granadilla en conceptos extraordinariamente flexibles, provocando una práctica ruptura de relaciones entre Canarias y Madrid, certificada con la petición de Cristina Valido de convocatoria de elecciones.

Es de agradecer que se haya optado por evitar la reiteración de una situación parecida. Los canarios saben perfectamente quién impulsó la invitación al Vaticano, quien lleva años intentando resolver el problema que supone que Canarias haya sido convertida por el Gobierno Sánchez en frontera para frenar el acceso de emigrantes al territorio continental. Mejor no forzar de nuevo las cosas. Tengamos paz.