Regularización: hacer las cosas bien

Francisco Pomares

La Comisión Europea ha sido clara: una regularización masiva no es un cheque en blanco. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha aclarado que si las personas regularizadas se trasladan ilegalmente a otros países del espacio Schengen, tendrán que ser retornadas a territorio español. Las competencias en materia de emigración son nacionales, pero el impacto es europeo. Y Europa no está en estos momentos en una fase de apertura migratoria, sino en pleno endurecimiento de los controles, retornos y blindaje de fronteras. El Gobierno español debe ofrecer las máximas garantías de que la regularización propuesta no suponga problema para otros países. Aunque de momento, el problema que empieza a dibujarse no parece ser el de quienes, una vez regularizados, intenten marcharse a otros lugares. Es más bien el contrario: la Policía Nacional ha detectado movimientos en varias rutas europeas hacia España tras el anuncio del Gobierno. Desde Reino Unido vía Francia, desde Italia en furgonetas organizadas y desde territorio francés con presencia notable de argelinos y marroquíes, centenares de inmigrantes de toda Europa intentan entrar en España para ser regularizados también. No es una sospecha, es algo constatado operativamente y comunicado al Gobierno por la Policía española.

La regularización de hasta 500.000 personas (algunos estudios, como el de Funcas, acercan la cifra potencial a 850.000) se anunció como medida política de alcance sin haber desplegado previamente los medios suficientes, sin instrucciones claras y sin coordinación con Europa. La decisión fue sin duda correcta desde el punto de vista humanitario, y perfectamente defendible desde lo económico. Aunque quizá no se valoró que crearía grandes expectativas en toda la emigración europea, y que cuando se trata de emigración, la expectativa mueve personas.

Al riesgo de abrir la puerta a migrantes que ya están en otros países, se suma el riesgo de fraude en falsos arraigos y futuras reagrupaciones familiares simuladas. La propia Policía alerta sobre la posibilidad de que redes organizadas intenten aprovechar la sobrecarga administrativa que provocará la regularización, para que se produzcan fraudes. Se trata de una advertencia sensata que no responde al alarmismo, sino a la experiencia.

Conviene, por eso despejar equívocos: regularizar a quienes ya están aquí, trabajan aquí y sostienen sectores enteros de la economía española es una medida correcta. Mantener a cientos de miles de personas en la economía sumergida no fortalece el Estado social. Lo debilita. Desde el punto de vista laboral, fiscal y humano, integrar es más inteligente que mirar hacia otro lado.

Pero esta decisión no surge en un vacío. Forma parte –como todas las que presenta el Gobierno desde hace años- de la estrategia para recomponer su mayoría parlamentaria tras la erosión, los escándalos y la desconfianza de los socios de Sánchez. Como ocurrió con la financiación singular reclamada por ERC o con otras concesiones pactadas al filo del equilibrio parlamentario, la iniciativa migratoria responde también a la necesidad de reforzar el bloque de investidura. Eso no invalida la decisión. Pero explica que al mismo tiempo que se plantea, el Gobierno prepare medidas tan contradictorias como la cesión de competencias en emigración a Cataluña, prácticamente incompatible con un proceso nacional de regularización.

Lo que más preocupa es que una decisión de impacto estructural se anuncie primero y se gestione después. Que los funcionarios responsables de gestionarla adviertan de falta de medios, que no exista un plan visible de refuerzo administrativo. Y que Europa se entere al mismo tiempo que la opinión pública

España no debería permitirse seguir dando la impresión de actuar al margen de las dinámicas comunitarias. Mientras el resto de la Unión debate el nuevo Pacto de Migración y endurece controles, España lanza una regularización de gran alcance sin un trabajo previo de pedagogía diplomática. El riesgo no es jurídico -la competencia es nuestra- sino político: quedar aislados en un momento en el que ya acumulamos desencuentros en otros frentes europeos.

Regularizar sí, pero negociando con Europa para evitar suspicacias.

Coordinando con los socios para que no haya más fricciones y desencuentros. Y escuchar a quienes deben tramitar los expedientes para evitar el colapso. Porque si el proceso se desborda, se eterniza, se convierte en un laberinto administrativo o en foco de fraude, el daño será doble. Para los propios inmigrantes, que verán frustradas expectativas absolutamente legítimas, y también para el Estado.

Mejorar la vida de miles de personas que ya están integradas en nuestra economía y en nuestra sociedad es hacer política de verdad. Añadir otra promesa ruidosa a la lista de anuncios que la realidad termina por desmentir, es otra trampa más de un Gobierno aficionado a hacerlas.