Residencia bajo fianza
Francisco Pomares
La primera gran apuesta de Fernando Clavijo -repartir menores migrantes por el territorio nacional para aliviar la presión sobre los saturados centros canarios- parece ya amortizada. Clavijo ha demostrado en los últimos meses una notable capacidad de movilización y presión, ha logrado que un Gobierno central reticente, se comprometa a reformar la Ley de Extranjería para permitir el reparto más justo de menores migrantes entre regiones. El decreto ley en ese sentido será convalidado, si nada se tuerce, este próximo 10 de abril. No sería exagerado decir que Canarias ha logrado algo que no parecía posible. La segunda apuesta presidencial es más ambiciosa y polémica y -sobre todo- más peligrosa: una ley de residencia que impida comprar vivienda a los extranjeros. Lo que hasta hace poco parecía un globo sonda, amenaza con convertirse en una propuesta legislativa real.
En el reciente congreso de Coalición, y a propuesta de sus juventudes, se aprobó una resolución que debería haber encendido las alarmas jurídicas de un país menos enfrascado en sus reyertas que este: lo que se plantea es establecer una fiscalidad diferenciada para quienes deseen residir en Canarias, “gravar más a quienes no sean canarios”, de acuerdo con una interpretación restrictiva de la definición que de ‘canario’ ofrece el Estatuto de Autonomía. Canario solo podría ser a partir de ahora quien ya reside en Canarias, pero no el peninsular o comunitario que a partir de ahora quisiera vivir aquí. La resolución del Congreso coalicionero introduce en nuestra legislación un canon de arraigo, una especie de fianza identitaria, que separa a los ‘residentes legítimos’ de los intrusos. Si puedes pagar más, bienvenido; si no, mejor te quedas en tu casa. Lo grave no es que esto sea un disparate político – lo es-, sino que se trata de una violación palmaria del artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la libertad de circulación y residencia en todo el territorio nacional. Ni Bruselas ni ningún tratado europeo pueden justificar lo que no es constitucionalmente admisible. Convertir la residencia en mecanismo de control demográfico, al margen de derechos fundamentales es una frivolidad impropia de un partido serio, y -sin embargo-, es el terreno en el que el partido de Clavijo pretende construir su relato: convertir Canarias en espacio protegido, pero no frente a la desigualdad, sino frente a los de fuera.
Recapitulemos: el crecimiento demográfico del archipiélago es insostenible, la emergencia habitacional es real, y la llegada masiva de foráneos reduce las posibilidades de acceso a la vivienda y los recursos a quienes vivimos aquí. Todo eso es cierto, pero la solución no puede ser levantar un muro legal entre los que están y los que quieren venir. Y mucho menos, uno que discrimine en función del bolsillo.
En su intervención de ayer en la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas, Clavijo encontró eco en el vicepresidente de la Comisión, Raffaele Fitto, a quien trasladó su propuesta estrella: encabezar la ofensiva para forzar un cambio normativo en la Unión que abra la puerta a restricciones legales al mercado inmobiliario en territorios ultraperiféricos. Propone incluso Clavijo que sea Bruselas quien encargue un estudio técnico para analizar fórmulas de contención. Y a juzgar por la sensibilidad de Fitto a su propuesta Clavijo dice estar ante una “ventana de oportunidad”.
El infierno suele estar en los detalles, y aquí el problema es la letra menuda: si la propuesta que maneja Clavijo consiste en limitar la compra de viviendas a no residentes mediante medidas temporales y sólo en determinados lugares muy saturados, como ha dicho, entonces sobra la infantil boludez aprobada por su partido, porque no supone una solución justa y equilibrada, sino un populismo hibrido entre lo identitario y lo tecnocrático. Bajo el paraguas de las peculiaridades RUP se esconde la tentación de utilizar el derecho europeo como coartada para restringir derechos ciudadanos fundamentales -la residencia y la propiedad-, en función de criterios ajenos a la justicia social, y sin duda muy cercanos al proteccionismo tarifario y excluyente, hoy tan en boga.
¿Es razonable preocuparse por la burbuja inmobiliaria y el acceso a la vivienda en Canarias? Por supuesto. Pero hay medidas más justas que vender la residencia solo a ricos: mejor sería aplicar impuestos a la vivienda desocupada, regular de una vez por todas el alquiler turístico, impedir la especulación y –sobre todo- acelerar la construcción de vivienda pública. Lo que no es aceptable es someter a un filtro económico el residir en Canarias, convertir el derecho en privilegio, discriminar a los españoles no nacidos en las islas, impedir que los europeos vivan aquí, tolerar que se utilice la frustración de miles de jóvenes canarios como excusa para levantar barreras que excluyan a los más pobres… mientras los ricos, de aquí o de fuera, siempre puedan pagarse la fianza e instalarse aquí tan ricamente.
